Una universidad devolverá $ 5,1 millones que la ex Afsca le había dado para formar “comunicadores populares”

El sociólogo kirchnerista Eduardo Rinesi fue rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) entre 2010 y 2014. Este último año, cuando aún lideraba la casa de estudios, se integró al directorio de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). En este último asiento fue designado el 19 de mayo de 2014 por la entonces presidenta Cristina Kirchner como representante de las universidades nacionales. En ese puesto reemplazó a Eduardo Seminara, quien a su vez renunció a la Afsca para asumir como diputado nacional por el Frente para la Victoria (FPV) en reemplazo del fallecido Jorge Obeid.

Con Rinesi en el directorio de la Afsca, ese organismo firmó con la UNGS un convenio marco de cooperación en comunicación audiovisual por un monto total de $ 5.187.000. La cláusula primera de ese convenio, firmado por la sucesora de Rinesi, Gabriela Diker, fijó el objeto de la iniciativa: "desarrollar un plan de trabajo a través de un programa de formación en comunicación popular para responsables y referentes de la comunicación en organizaciones sociales, destinado a fortalecer el área comunicacional, las capacidades en producción, gestión y promoción de la comunicación popular". El convenio se publicó en el Boletín Oficial del 28 de julio de 2015.

Rinesi tenía una relación estrecha con el ex presidente de la Afsca, Martín Sabbatella. "Nos une con Eduardo el afecto y una relación personal de muchos años, además de la convicción de ponerle el cuerpo a la enorme transformación que vive el país desde mayo de 2003", dijo Sabbatella a la agencia Télam el 19 de mayo de 2014, día en que se publicó en el Boletín Oficial la designación de Rinesi. El entonces todavía rector de la UNGS fue propuesto por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (Cofeca), una suerte de encuentro de voceros de gobernadores presidido entonces por Pedro Báez, mano derecha del entonces mandatario entrerriano Sergio Urribarri.

La puesta en marcha de ese plan se demoró, el cronograma debió revisarse, llegó el cambio de gobierno, la intervención de la Afsca y su posterior disolución y un limbo en el que quedaron los $ 5 millones (que fueron transferidos a la UNGS el 18 de noviembre de 2015). Por eso, el 22 de febrero de este año, la rectora Diker envió una nota al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la que ponía a "su disposición los fondos correspondientes al financiamiento del proyecto" y decía quedar a la espera de la "indicación de los pasos a seguir para proceder a su devolución en caso de que se decida no continuar con la línea de trabajo". Tras aquella nota, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que encabeza Miguel de Godoy, envió a la UNGS una carta documento intimando a presentar "la rendición de gastos e informe de resultados" del convenio".

A esa carta, la universidad respondió con otra misiva legal en la que reclamó que se indique la forma en la que se espera que se devuelvan los recursos. LA NACIÓN accedió a copias de ese intercambio a través de la rectora Diker, quien afirmó: "Quiero destacar que en su momento el convenio fue aprobado por unanimidad de los integrantes del directorio de la Afsca. En la UNGS somos muy prolijos en relación con todos los temas administrativos y por eso advertimos de la situación al ministro Aguad en febrero". Por su parte, fuentes del Enacom dijeron a LA NACIÓN que en breve se firmará el documento que dará por concluido el convenio y permitirá que la UNGS haga efectiva la devolución del dinero.

Al momento de enviar la primera carta a Aguad, la universidad tenía estructurada una diplomatura en "comunicación popular" dirigida a responsables y referentes de organizaciones sociales que, una vez capacitados, debían multiplicar esa formación en sus respectivas redes. Sin embargo, aún no se había abierto la inscripción de los interesados ni se habían nombrado a los docentes, por lo cual no había mayores impedimentos para retrotraer la situación. "No había perjuicios de ningún tipo y era una decisión sensata visto el cambio de autoridades y la disolución de la Afsca", explicó Diker a LA NACIÓN.

Convenios con otras universidades

Al menos cinco universidades firmaron convenios económicos con la Afsca -según un relevamiento interno al que accedió LA NACIÓN- y la UNGS es la que más recursos de la ex Afsca obtuvo por esa vía (los mismos fondos que ahora serán devueltos). También lograron acuerdos similares la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCaus), de Presidencia Roque Saéz Peña.

La UTN, a través de su rectorado, recibió un total de $ 3.016.112 estipulados en los convenios 934 de asistencia técnica con la Afsca -de 2013 a 2015- y otros 746.000 para el armado de "un sistema informático de registro único".

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuya decana es la dirigente kirchnerista y concejal platense Florencia Saintout, recibió $ 2.996.250. En este convenio, del que participó también el Ministerio de Desarrollo Social, representado por el entonces viceministro Carlos Castagneto -hombre de La Plata que buscó sin éxito una candidatura provincial de la mano de Alicia Kirchner-, el objeto fue "desarrollar un programa de formación ‘Ellas hacen, ellas dicen’ en comunicación popular, con el fin de fortalecer capacidades técnicas para desarrollar acciones de comunicación en cooperativas"

Por otro lado, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA recibió $ 2.892.000 para los primeros años de la Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual que dura dos años y se dicta en esa casa de estudios (y cuyo costo total asciende a $ 53.700 para estudiantes que no tengan vínculo con universidades estatales). El director de la maestría es Damián Loreti, autor del proyecto original de la ley de medios de 2009. Entre los profesores de esta maestría -de la que participan varias facultades de la UBA- figuraba hasta este año el abogado especializado en telecomunicaciones y actual vicepresidente de Arsat Henoch Aguiar. El que sí sigue como docente es el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que integra actualmente la comisión redactora del anteproyecto de ley de comunicación que impulsará el gobierno del presidente Mauricio Macri.

La Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), creada en 2007 gracias a un proyecto de ley presentado por el entonces senador Jorge Milton Capitanich, ex gobernador de esa provincia, ex jefe de gabinete y actual intendente de Resistencia, también firmó un convenio de cooperación con la ex Afsca. La Uncaus, cuya sede principal está en Roque Sáenz Peña, la ciudad natal de Capitanich, fue contratada para realizar una auditoría de medios, una simple fiscalización que podría haber hecho la delegación del ente en esa provincia según el análisis realizado en el Enacom.

A propuesta del Cofeca y en representación de las provincias, Capitanich integró el directorio de la ex Afsca hasta 2013, cuando asumió en la jefatura de gabinete. Pero en su asiento quedó Néstor Avalle, su ex vocero y hombre de su confianza. El rector actual de la Uncaus es Omar Judis, que ocupó varios cargos de la mano de Capitanich -fue ministro de obras de Chaco y secretario de Ambiente de la Nación-.

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