El kirchnerismo cerró una semana con fallos adversos en dos causas con fuertes implicancias políticas
El kirchnerismo cerró hoy una semana difícil en materia judicial. Mientras el gobierno nacional apunta sus cañones a la Corte Suprema, con críticas a sus miembros y con proyectos para la creación de un tribunal intermedio para quitarle poder, y además avanza contra camaristas de Casación a través de pedidos de remoción, estos dos tribunales emitieron en menos de 24 horas dos fallos adversos para el oficialismo con fuerte implicancia política.
La Corte Suprema confirmó ayer una sentencia a dos años de prisión por amenazas contra la dirigente social jujeña Milagro Sala. La líder de la agrupación Tupac Amaru recibió múltiples gestos de apoyo de parte de funcionarios nacionales en los últimos meses. Incluso Alberto Fernández dijo, hace una semana, que para él el caso de Milagro Sala es un ejemplo del concepto de lawfare, utilizado por la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Y en un fallo firmado esta mañana, la Cámara de Casación Penal ordenó que la causa por presunto espionaje ilegal que se tramitaba en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde se investiga a la excúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), deberá seguir su curso en los tribunales de Retiro.
La Sala IV del máximo tribunal penal del país consideró, en un fallo firmado por los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo -con la disidencia de Ángela Ledesma-, que todos los hechos (repartidos en tres expedientes relacionados) deben investigarse de manera conjunta en la Capital Federal, por ser ese el territorio donde está la AFI y donde ocurrieron la mayoría de los delitos.
Enfrentado a los tribunales de Comodoro Py, el kirchnerismo apostó en los últimos dos años a dos tribunales más lejanos: los de Lomas de Zamora y los de Dolores, dos juzgados muy afines al kirchnerismo. En esta última jurisdicción, el juez federal Alejo Ramos Padilla investigó y procesó al fiscal federal Carlos Stornelli por presunto espionaje en la causa conocida como "Caso D'Alessio".
Es nada menos que el mismo fiscal Stornelli quien quedó al frente de la investigación por espionaje contra exfuncionarios del macrismo, a la que él mismo calificó en un dictamen como "una bola de moco".
La jueza que instruirá la causa es María Eugenia Capuchetti, nombrada durante el gobierno de Mauricio Macri, que la eligió para ocupar uno de las doce sillas de los juzgados de primera instancia de Comodoro Py.
"Decidí constituirme como querellante en esa causa, que, si tengo alguna expectativa, y que se haga justicia, bueno la verdad que a esta altura no sabría qué contestar... Pero sí, en el fondo, espero que sea así", había dicho Cristina Kirchner cuando acudió a Lomas de Zamora para conocer el expediente en el que es querellante, a través de un video publicado en sus redes sociales, en una suerte de apuesta al desempeño de Federico Villena. Villena fue apartado del expediente, que continuó a cargo del juez Juan Pablo Augé. Los fiscales del caso hasta este momento fueron Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.
Esta decisión representa, en parte, un triunfo para el núcleo del macrismo que buscaba sacar la causa de Lomas de Zamora. El fallo respondió a u un pedido formulado por uno de los acusados, Darío Nieto -secretario de Mauricio Macri-, y al que había adherido el exjefe de la AFI Gustavo Arribas.
Ese caso ahora se investigará en los tribunales de Retiro, donde, según el discurso del Gobierno, se concentran las usinas del "lawfare".
Sobre esta resolución, el diputado nacional Eduardo Valdés, en diálogo con Radio Nacional, dijo: "La Cámara Federal de Casación Penal juega a que no se investigue", y consideró que "estamos ante el fin de un ciclo" en materia judicial. El dirigente habló de una "corporación que está llegando al fin de su época".
En el Gobierno interpretan que Mauricio Macri y sus colaboradores son protegidos por la denominada corporación judicial.
Apenas la Cámara de Casación emitió el fallo, el abogado de Nieto presentó una nota a la Cámara Federal de La Plata y al juzgado federal de Lomas de Zamora con la copia del fallo, para que se abstengan de tomar nuevas decisiones procesales en la causa. En uno de esos expedientes los querellantes pidieron procesar a Nieto, a Arribas y Majdalani, además de una treintena de acusados. Esa definición quedará en manos de la jueza Capuchetti.
"Nos dio la razón en lo que planteamos, que la causa es claramente competencia del territorio de la Capital Federal", dijo el abogado de Nieto, Gervasio Caviglione Fraga, a LA NACION.
Al respecto del fallo de Casación, uno de los abogados querellantes en la causa, Alejandro Rúa, dijo a LA NACION: "Nosotros no hemos omitido opinión en el marco de esta incidencia [sobre la competencia] pero sí hemos hecho saber la necesidad de que las causas que investigan a la misma asociación ilícita que se desplegaba en la AFI se vinculen, más allá de la jurisdicción en que corresponda que queden radicadas, y que desde el inicio de la gestión de gobierno de Macri se desplegó una maniobra de espionaje ilegal. Toda esa asociación ilícita tiene que ser investigada conjuntamente".
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