Una salida al estilo Repsol puede resolver el problema
El 23 de diciembre de 2001, el entonces presidente de la Argentina, Adolfo Rodríguez Saá, anunció la suspensión del servicio de la deuda soberana del país, que en su momento ascendía a US$ 100.000 millones. En 2005, la Argentina reestructuró el 76% de estos bonos en default bajo ley extranjera y, en 2010, el país hizo un nuevo canje que llevó la fracción de la deuda normalizada al 93%. Uno de los temas pendientes de la crisis de 2001 es la solución de la situación del 7% de la deuda aún en default.
Los tenedores de esta deuda, holdouts, llevaron al país a la Corte, argumentando que si la Argentina paga los bonos nuevos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, debe pagar los bonos en default en los mismos términos. El lunes pasado, la Corte Suprema de los EE.UU. validó las decisiones de cortes inferiores del estado de Nueva York que les dan la razón a los acreedores, obligando a la Argentina a pagar esta deuda (más los intereses corridos).
Según la Corte, la Argentina está obligada a pagarles en las mismas condiciones a los dueños de bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 bajo la jurisdicción del estado de Nueva York que a las dueños de los bonos aún en default. Es decir, si la Argentina cumple con el compromiso de pagarles a los tenedores de los bonos nuevos, también les debe pagar lo adeudado a las bonistas que no entraron en los canjes. Asimismo, si el país no les pagara a los holdouts toda la deuda emitida en 2005 y 2010 bajo la ley de Nueva York, entraría en un nuevo default. Esto implicaría un nuevo y costoso proceso de negociación y es probable que resultara en la pérdida de muchas oportunidades de inversión y complicara la situación cambiaria y financiera. También se esfumarían los potenciales beneficios de arreglos con el Club de París, con Repsol y con los acreedores del Ciadi.
La Argentina podría normalizar su situación con los tenedores de los bonos en default sin gastar un dólar de las reservas del Banco Central (BCRA). Al igual que en el caso de Repsol, podría ofrecer saldar las deudas con nuevos bonos. Para que la oferta fuera aceptable, el valor de mercado de estos bonos debería ser igual al de la deuda, o sea, US$ 1330 millones para el caso que se acaba de resolver (NML Capital vs. Argentina). La misma fórmula podría ser usada para los demás casos que se presenten. Esto cerraría el default de 2001 y le permitiría al país continuar su reinserción en el mercado internacional.
La dificultad de esta solución radica en cómo valuar los bonos que emita la Argentina. Una vez que la Argentina arregle la situación con los holdouts, el fantasma inmediato de un nuevo default desaparece y el precio de los bonos soberanos argentinos subirá. Los acreedores van a tratar de valuar los instrumentos de pago a los precios de la deuda argentina vigentes hoy.
La Argentina tiene que tratar de que la valuación de los instrumentos de pago sea la que impere después de que toda su deuda esté normalizada. Una fórmula posible para hacerlo es proponerle al juez pagar la deuda con una cantidad de bonos que hoy tengan un valor de mercado de, por ejemplo, US$ 1000 y comprometerse a que si en seis meses (u otro plazo por acordar) el valor de mercado no sube a US$ 1330 millones, la Argentina les entregará nuevos bonos a los acreedores hasta completar el valor adeudado con los precios de mercado vigentes en la fecha acordada.
El país tiene la oportunidad de cerrar la saga del default y estar más cerca de reinsertarse en los mercados internacionales. El valor de esto es inmenso. Facilitar el acceso al crédito aceleraría el desarrollo de los yacimientos de Vaca Muerta, que valen más de 180 veces el valor de toda la deuda aún impaga de 2001. Finalizar el default también bajaría el riesgo país, destrabaría créditos de organismos internacionales y estimularía la inversión y el consumo. Los beneficios de cerrar este capítulo de la historia financiera holgadamente exceden los costos.
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