Una reforma necesaria que nace con demasiados interrogantes

¿Una reforma judicial es necesaria? Sí. Basta con repasar las estadísticas oficiales del Poder Judicial para confirmarlo. Pero, ¿la reforma que se anunció es la que se necesita? Eso está por verse. Está por verse, primero, porque mucho de la letra chica quedó en manos de la comisión que convocó el presidente Alberto Fernández. Veremos qué sugieren sus integrantes sobre la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal o los juicios por jurados.

Los integrantes de la comisión, cabe aclarar, son figuras reconocidas en el mundo judicial. Todos acumulan una foja de servicios destacada. Remarcado eso, sí cabe plantearse por qué no convocaron a expertos que conozcan, desde adentro, cómo funcionan esos organismos o las oportunidades y dilemas que plantean los juicios por jurados. Es decir, quienes conozcan las entrañas de cada "bestia". Porque si se va a reformar un hospital, a veces viene bien conocer las opiniones de quienes lo viven –y sufren- a diario.

¿Algún ex ministro de la Corte podría aportar alguna lección valiosa, acaso? ¿Y alguien de la Asociación de Fiscales Federales podría sugerir ideas sobre cómo reformar el Ministerio Público Fiscal de la Nación? ¿Veteranos del Consejo de la Magistratura tendrían algo que aportar?

Habrá que ver, en particular, qué sugiere la comisión sobre la Corte. Debatir solo su número de integrantes es quedarse en la superficie del problema, porque el tribunal funcionó con 5 integrantes hasta 1960, después con 7 hasta 1966, volvió a 5 hasta 1990, trepó a 9 hasta 2005, y desde entonces desandó el camino hasta llegar a sólo 3 para luego repuntar a los 5 actuales. Pero, ¿resolvió algunas de esas variantes los problemas de fondo que afrontaba el Poder Judicial? No. ¿Por qué entonces creer que se solucionará algo si ahora lo suben a 7, 9, 13 o cualquier otro número? ¿Será, acaso, que el debate de fondo pasa por otro lado?

Tercero, tomar a la Corte Suprema de Estados Unidos como espejo sirve poco en las circunstancias actuales de la Argentina. Sí, los constituyentes la tomaron como referencia. Pero el recorrido de ambos tribunales fue muy distinto. Entre otros muchos motivos, porque el estadounidense es un tribunal constitucional que dicta muy pocas sentencias por año, al punto que arañó las 300 por última vez en 1909 y desde entonces fue en descenso hasta apenas 58 en 2019. ¿En Argentina? La Corte dictó 6814 sentencias y resolvió 7843 causas durante 2018, según sus estadísticas oficiales.

Hay varios motivos que lo explican. Uno es la vigencia del "precedente" en Estados Unidos que aquí funciona en la teoría, pero no tanto en la práctica. Otro -nunca del todo explicitado- es que la Corte argentina se ve obligada a inmiscuirse en expedientes que llegan de las provincias y que son ejemplos patéticos de denegación de Justicia, que el máximo tribunal del país considera su deber enmendar.

La reforma propuesta por la Casa Rosada, claro está, no puede enmendar esas falencias provinciales. Son competencia estricta de cada provincia. Pero la reforma sí abrió la puerta para que la comisión proponga mejoras al Consejo de la Magistratura, un organismo que nunca logró cumplir con el objetivo para el que fue creado: ni remueve a los jueces que debía remover –la permanencia de Norberto Oyarbide como juez durante dos décadas es, acaso, su ejemplo más grotesco, pero es apenas eso, una muestra de una falencia sistémica-, ni tampoco garantiza que los mejores lleguen a los tribunales. Porque hoy, como en la época de los pliegos propuestos por el Presidente con acuerdo del Senado, se necesitan "padrinos políticos"–y ninguna bolilla negra– para llegar a juez, más allá de los antecedentes, el examen y la entrevista. Ejemplos sobran, también.

Lo notable, sin embargo, es que la reforma propuesta sí avanza a contracorriente de los lineamientos ya acordados por todo el arco político. ¿Por qué propone crear 117 nuevos juzgados federales cuando la Argentina va hacia el sistema acusatorio, que otorga más facultades a los fiscales?

Algo más, ¿por qué si pasar de 6 a 12 juzgados federales en Comodoro Py complicó el panorama, ahora pasar de 12 a 46 mejorará la situación? ¿Es lógico, además, contar con 46 jueces federales penales en la ciudad de Buenos Aires, con unos 3 millones de habitantes, y 198 juzgados federales –de los que no todos –ni mucho menos- tendrán competencia penal- para el resto del país y los otros 41 millones de argentinos? Y eso, para no aludir a números en el Conurbano.

¿Una reforma judicial es necesaria? Sí. Pero su aporte dependerá (mucho) de la letra chica que aún no se conoce.

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