Una prueba de fuego para el Gobierno: lanzaron el nuevo sistema procesal penal en Rosario

ROSARIO.– En medio de una urgencia que se mide en los crímenes y atentados con el sello narco, el Gobierno puso en marcha el nuevo sistema procesal penal en Rosario, donde la justicia federal, blanco de fuertes críticas en esta jurisdicción, será la protagonista de instrumentar desde este lunes un nuevo esquema que tiene una década de tardanza y que buscará dinamizar las investigaciones y causas sobre narcotráfico.

El Gobierno logró en esta cruzada un respaldo importante de todo el arco judicial y hasta de distintos sectores políticos. Nadie mostró ninguna objeción con la estrategia que delineó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que prefirió imponerle vértigo a ese consenso y avanzar con la puesta en marcha del sistema acusatorio en una jurisdicción golpeada por el narcotráfico y también por las falencias de la propia justicia federal. Lo que no se logró en diez años, el exabogado penalista lo consiguió en un mes.

Un dato descubre las falencias que carga el fuero federal de Rosario: recién el 8 de diciembre pasado se produjo la primera condena por lavado de dinero narco de la historia. Fue contra Delfín Zacarías, sentenciado a seis años, dueño de una de las cocinas de cocaína más grandes del país, que había sido detenido en 2013.

Sentado junto al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el procurador Eduardo Casal y el juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borinsky, el titular de la cartera de Justicia exaltó el trabajo de distintos sectores de la política y de la Justicia que trabajaron a contra reloj para que el nuevo sistema empiece a funcionar. El extenso agradecimiento sirvió para medir las dificultades que enfrentó el ministro para poner en marcha el sistema acusatorio.

Los problemas internos en el fuero rosarino se mezclaron con las deficiencias en infraestructura y en tecnología. “Se debía arrancar sí o sí”, admitió un magistrado rosarino, conforme con la nueva traza del esquema judicial, que abarcará también a la capital provincial, a Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela; y a la bonaerense San Nicolás.

“Vamos a tener mejores investigaciones y se van a poder combatir delitos como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción de forma mucho más eficaz”, planteó Cúneo Libarona, que visitó varias veces Rosario para ver de cerca cómo se iba a instrumentar la transformación.

El Gobierno decidió con la presencia de Bullrich darle un sentido político al acto y tratar de mostrar que el nuevo sistema, como advirtió la funcionaria, servirá “para luchar contra el crimen organizado en Rosario, donde toda la estructura del Estado se puso de acuerdo con el objetivo de generar paz”.

“La implementación del sistema acusatorio servirá para que haya una justicia federal cercana, rápida y eficaz”, señaló Bullrich en el aula magna de la Facultad de Derecho de Rosario, que estaba colmada por todo el arco judicial santafesino y también por dirigentes políticos y funcionarios, entre ellos, el gobernador Maximiliano Pullaro.

La puesta en marcha del nuevo sistema encarna un desafío importante para el Gobierno. “Esto no tiene vuelta atrás. Hay que lograr que esto funcione porque la presión es muy fuerte y por primera vez están todas las miradas puestas acá”, consideró un magistrado del fuero federal rosarino.

“Todos entendimos que si no le ponemos un punto de partida esto podía dilatarse como tantas veces las cosas se dilatan en la Argentina. Y hoy estamos aquí con el proceso en marcha”, aseguró Rosatti.

En mayo de 2022, los ministros de la Corte Suprema de la Nación se trasladaron al mismo lugar donde se hizo el acto este lunes para mostrar su compromiso y respaldo en la lucha contra el narcotráfico. En aquella oportunidad ese acto se transformó en una lupa que se posó sobre la justicia federal de Rosario, blanco de fuertes críticas y con magistrados cuestionados y sospechados de corrupción. “No se puede combatir con éxito el narcotráfico sin un Estado consolidado y una sociedad comprometida. Tiene que haber una decisión política muy firme y contundente, de lo contrario cualquier intento puede naufragar”, señaló en ese momento el presidente de la Corte.

Dos años después, la situación de la justicia local no tuvo cambios drásticos, pero creció la preocupación con el problema de la violencia narco, que eclosionó en marzo pasado con los crímenes cometidos al azar sobre cuatro trabajadores.

En medio de la crisis de seguridad que golpea Rosario, con las amenazas y los atentados de los grupos narco, las miradas apuntan ahora al fuero federal, que absorbió fuertes críticas durante la última década cuando las tramas criminales empezaron a quedar teñidas por el narcotráfico, que provocó un crecimiento de la violencia en Rosario desde 2013.

La urgencia provocó que con la puesta en marcha en 2014 del nuevo sistema procesal penal en el fuero provincial los fiscales provincial decidieran avanzar en investigaciones contra los grupos narcos con la mira en los homicidios y bajo el amplio marco de la asociación ilícita.

La justicia federal llegó siempre tarde. La banda de Los Monos, por ejemplo, fue condenada por asociación ilícita en el fuero provincial antes de que la justicia federal empezara a investigar por narcotráfico a los integrantes de este clan. Algo similar ocurrió con Esteban Alvarado, que –como se advirtió en el juicio en 2021 en el Centro de Justicia Penal– debía ser investigado desde 2016 y recién fue procesado en 2019. Eso le valió al juez Marcelo Bailaque, que integrará el Colegio de jueces de Garantías en el nuevo esquema, que empezara a ser investigado en el Consejo de la Magistratura.

El argumento que usaron los funcionarios del fuero federal fue que los juzgados estaban abarrotados de expedientes. Y era cierto. Según un informe oficial de 2022, el 55 por ciento de las causas que se iniciaron por drogas en la Justicia Federal de Rosario en 2022 fueron por tenencia simple y para consumo personal. Configuran 1434 expedientes judiciales que probablemente no tuvieron destino en el fuero penal, pero que sirvieron para alimentar las estadísticas de los operativos de seguridad. De las 2604 causas que se abrieron por sustancias psicoactivas ilegales, el 41 por ciento es por el artículo 5 de la ley 23.337, que penaliza “el comercio o la tenencia para la comercialización”.

Gran parte de ese caudal de causas pasará, en teoría, al fuero provincial, después de la adhesión de la provincia a la llamada ley de narcomenudeo para lo cual el gobierno provincial no creó por ahora una policía especializada, como ocurrió en otras provincias, como Córdoba, para perseguir este tipo de delitos. En el Ministerio Público de la Acusación trabajan en una estrategia para intervenir en esta temática que comienza a dar sus primeros pasos en medio de un gran hermetismo. El gobernador Pullaro detalló en su discurso en la Legislatura que se habían derribado 13 búnkeres en Rosario desde que comenzó a regir la ley de narcomenudeo.

Se abren varias incógnitas en la puesta en marcha del sistema acusatorio en el fuero federal. Tras los nombramientos que hizo el procurador general de la Nación interino, Casal, de designar a 14 fiscales adjuntos en Rosario, el nuevo esquema parte más fortalecido, pero con algunos agujeros que –según señalaron las fuentes consultadas– se irán cubriendo. Uno de ellos, como lo señaló en una acordada la Cámara de Casación Penal el 2 de mayo pasado, es la poca cantidad de jueces de garantías, que serán cinco.

En esta primera etapa se crearán tres colegios de jueces en Rosario, cuyo funcionamiento se rige por los principios de flexibilidad organizativa, rotación de sus integrantes y distribución razonable del trabajo con el objetivo de lograr eficiencia del sistema. Se van a crear los colegios “de jueces de revisión de la Cámara de Apelaciones”, otro de “juicio y ejecución” y un tercero de “garantías”.

El primero, es decir, el de la Cámara de Apelaciones, está compuesto, según la acordada, por los miembros actuales de esa instancia. El colegio de “juicio y ejecución” está conformado por los integrantes de los tres tribunales orales de Rosario y el de Santa Fe. Como en el caso anterior, también podrán integrar este colegio los magistrados designados en el marco de la ley 27.715 de fortalecimiento de la Justicia.

El tercer colegio, y uno de los más importantes y claves del nuevo sistema, será el de garantías. Los miembros de este órgano serán los titulares de los juzgados 3 y 4 de Rosario, Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque, respectivamente. Y los magistrados del juzgado 1 y 2 de Santa Fe, y de los juzgados de Venado Tuerto y 2 de San Nicolás.

Ese mismo día salió una segunda acordada de Casación en la que los magistrados advierten algunos puntos importantes, como que hay “diversos órganos jurisdiccionales vacantes en el distrito, con concursos en trámite”. Y detalla que “no se han cubierto cargos en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, en los juzgados federales de Rafaela y el juzgado Nº2 de Santa Fe”.

En uno de los párrafos de la resolución, señalan que “debe repararse en el escaso número de jueces en la etapa de garantías” –que son cinco– ante los de juicio, que son once. Ante ese escenario de “contingencia”, disponen que el Colegio de Jueces de Garantías se componga también con magistrados de los tribunales federales de juicio”.

El desafío que encarna esta nueva etapa es que la justicia federal pueda funcionar de manera aceitada y con mayor fluidez. Hay varias deudas pendientes en este fuero, como las pocas investigaciones sobre lavado de dinero proveniente del narcotráfico, algo clave para tratar de cortar los engranajes del negocio criminal.

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