Una postergación que anticipa la idea de impunidad

La encrucijada que enfrentaba la campaña de Cristina Kirchner con la inminencia del juicio oral y público por la corrupción que, se presume, contaminó la administración de Vialidad Nacional durante su gobierno era de difícil solución. La expresidenta estaba sometida a una pesadilla: aparecer en los medios de comunicación sentada en el banquillo. Y algo peor: rodeada de celebridades de las que se ha esforzado en tomar distancia desde la muerte de su esposo. Julio De Vido y Lázaro Báez, por ejemplo. Un camino, por lo tanto, era conseguir la postergación de esa escena. Pero esa salida, que la Corte Suprema le ofreció anteayer, presenta un perjuicio equivalente o superior. Instalar la idea de que, para reponer la impunidad, no hace falta esperar a que la señora de Kirchner gane las elecciones. Alcanza con que prospere en las encuestas. Al evitar esa foto patibularia se buscó mejorar la imagen del pasado. Con el gravísimo costo de empeorar la de lo que estaría por venir.

Los jueces Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti aceptaron el reclamo de las defensas, es decir, que los tribunales inferiores rechazaron pruebas que los imputados podían esgrimir en su favor. Ahora deben definir si esa queja tiene fundamento. Sería una sorpresa que, calibrando el escándalo que produjeron, digan que los acusados no tenían razón. Por lo tanto, cabe esperar que ordenen las diligencias solicitadas por los defensores de la expresidenta. Una de ellas es una auditoría sobre los costos de la obra pública en todo el país en el lapso investigado. Solo ese trabajo aseguraría que las audiencias comiencen después de las elecciones.

La arbitrariedad en la consideración de las pruebas puede ser un argumento verdadero en una causa cuya politización se discutió desde el inicio. El problema es otro. Highton, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti se apartaron del criterio que ellos mismos siguieron en situaciones similares: que la discusión sobre las pruebas debe ser tratada por la Corte solo cuando se dictó una sentencia definitiva. Es decir, cuando la deficiencia no puede ser subsanada dentro del proceso. Esta tesis, que es la que anteayer defendió en solitario Carlos Rosenkrantz, fue sostenida por el máximo tribunal en demandas anteriores de los mismos acusados en la misma causa. Quiere decir que la señora de Kirchner, De Vido, Báez y el resto de los acusados se beneficiaron por algo que no solo se les había negado a otros ciudadanos. Se les había negado también a ellos en circunstancias anteriores.

Algunos de los jueces que fallaron a favor de la expresidenta reconocían ayer ese cambio de postura. Hemos modificado el paradigma vigente, dijo uno de ellos, ya que la jurisprudencia anterior permitía que los procesos, al cabo de siglos, se derrumbaran por el peso de las nulidades. Sin embargo, la justificación más insistente fue que la Corte quiso ponerse por encima de la polarización entre los que denuncian impunidad y los que denuncian una persecución facciosa. La hipótesis de que los kirchneristas privados de su libertad son presos políticos se sostiene en que fueron víctimas de un uso indiscriminado de la prisión preventiva. Pero la teoría adolece de una falla. De Vido, José y Cristóbal López, Báez, Ricardo Jaime, Amado Boudou y tantos otros son presos políticos muy raros: no merecieron una sola visita de su jefa. La primera en tratarlos como delincuentes comunes es, con esa indiferencia, la señora de Kirchner. Se entiende mejor entonces: alguien que no quiere sacarse una foto visitándolos menos querrá sacársela compartiendo la hilera de encausados.

La sinceridad está de moda. Los jueces que postergaron el juicio oral hicieron una evaluación política del caso. Y dieron al kirchnerismo una ventaja ya visible en fallos anteriores, referidos a conflictos electorales en las provincias. Estos detalles se agregan a las habladurías sobre gestiones de Alberto Fernández ante la Corte para evitar lo que sería un contraacto de campaña. La última sería una visita a Highton. Pero un encumbrado funcionario del tribunal aclaró: "En general, Alberto viene a interesarse por Cristóbal López, no por Cristina".

Es posible que los cuatro magistrados no hayan tenido en cuenta la reacción que provocarían con su dictamen. Sobre todo por la inminencia del juicio oral. Pero el impacto negativo de su decisión en la opinión pública puede ser distinto del que tenga en los tribunales inferiores que investigan episodios de los Kirchner. Muchos jueces y fiscales de Comodoro Py interpretaron el fallo de la Corte como una orden. Por si estuvieran distraídos, Alberto Fernández señaló: "Ojalá lo que decidió la Corte sirva de espejo para el resto de las causas". Y agregó: "Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno". Fernández no especificó si eso sucederá cuando las causas sean tratadas por la Corte o si será cuando su antigua jefa regrese, si la votan, al poder. ¿Hará falta que lo aclare? Conviene consignar que quien expresa esta concepción de la institucionalidad, Fernández, es la voz republicana de ese grupo. El encargado de explicar a los medios y a la embajada de Estados Unidos que su jefa no es lo que parece. Su jurisprudencia también cambió de paradigma: hacia 2014 se entusiasmaba con la revisión de sobreseimientos de los Kirchner por considerarlos fraudulentos.

Los feligreses de Cristina Kirchner celebraron que el fallo de la Corte resolviera uno de los dos problemas que más la mortifican. Uno es tener que hacer proselitismo mientras se reproduce su imagen ante un estrado junto a De Vido, Báez o los López. Esa angustia, según ha confesado a varios íntimos, la llevó a habilitar una aproximación, frustrada, al Grupo Clarín.

El otro sueño horrible supone que ella ya llegó al gobierno. Se refiere a cómo negociar con el FMI sin que parezca una rendición. Una estratagema es que la candidata intente seducir a los votantes indecisos mientras su hijo Máximo se dirige a los incondicionales. El desafío obliga también a la señora de Kirchner a imaginar para Axel Kicillof un lugar distinto del Ministerio de Economía. Podría ser la candidatura a gobernador de Buenos Aires. Pero esa opción es resistida por los intendentes peronistas. "Va a querer revisar nuestras cosas", explicó uno de ellos, con fascinante ambigüedad. Kicillof puede ser objetado por su radicalidad conceptual, pero está a salvo de cualquier sospecha de corrupción. El representante de los caudillejos bonaerenses ante la expresidenta es Máximo Kirchner, quien prefiere que la disputa con María Eugenia Vidal quede a cargo de Martín Insaurralde. ¿Habrá una fórmula entre Insaurralde y Malena Galmarini? ¿O la esposa de Sergio Massa será candidata en Tigre? La aproximación de Massa a su antigua jefa es una de las incógnitas. ¿Superará la expresidenta su animadversión por quien, como él mismo se ufanaba, terminó en 2013 con "Cristina eterna"? "Tal vez Alberto Fernández lo está entreteniendo para matarlo sobre el cierre de listas", especula alguien que pasa el día en el Instituto Patria. Massa ya aportó su dote: la presencia de Daniel Vila en la presentación del libro de Cristina Kirchner y la de José Luis Manzano en la conferencia de Kicillof en Washington. Accionistas de América TV suministran un recurso escaso en la campaña. Kirchneristas y macristas comparten un objetivo: vaciar Alternativa Federal. Por eso en las últimas horas se escucha una versión afiebrada: que Macri le ofrecería a Juan Urtubey acompañarlo en la fórmula presidencial. ¿Terminará Kicillof compitiendo en la Capital Federal? ¿Querrá ser senador? En ese caso se cruzaría con las ambiciones de Alberto Fernández, quien le tiene antipatía desde la estatización de YPF. Recuerdos de Eskenazi.

Más allá de Kicillof, la negociación con el FMI tiene para la expresidenta problemas más gravitantes que la imagen. Las potencias que controlan el organismo, en especial para los Estados Unidos, ven con espanto un reflujo populista en la Argentina. Cristina Kirchner lo sabe. Y se imagina víctima de una persecución del "imperio". Los sentimientos persecutorios suelen transformarse en profecías autocumplidas. La investigación de los cuadernos sacó a luz las operaciones del abogado Miguel Ángel Plo para lavar dinero de Daniel Muñoz. Plo cometió el error de elegir para sus fechorías el estudio contable de Jorge de la Hoz, en Miami. Ahora está expuesto a un problema más delicado. De la Hoz habría prestado servicios similares a jerarcas del chavismo. Los fondos clandestinos del régimen de Maduro son un capítulo central de la crisis venezolana. En las negociaciones con Juan Guaidó y Leopoldo López que, supervisadas por los Estados Unidos, pretendieron provocar la caída del dictador, participaron testaferros deseosos de salvar sus fortunas. No debería sorprender, entonces, que en medio de la campaña electoral aparezca información sobre la circulación de recursos mal habidos en la cofradía bolivariana.

En 2007, apenas ganó la presidencia, Cristina denunció una "operación basura" originada en los Estados Unidos. La acusaban de recibir financiamiento de Chávez a través de Antonini Wilson. Anoche volvió a sonar un cacerolazo. La historia es circular.

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