Una notable distancia con la realidad, en un juicio surrealista

Tras el fallo de la Corte, deberán definirse temas clave. Si la adecuación del Grupo Clarín será voluntaria o forzosa. Si la medida cautelar que rigió hasta el fallo congela los plazos para adecuarse. Si los criterios de desinversión serán iguales para todos. Si se escindirán los servicios de TV por cable de los servicios de acceso a Internet, con regulaciones autónomas.

La Corte ha fallado en un juicio algo surrealista. Lo que se argumentó ante ella no se parece a la aplicación de la ley, a cuatro años de su sanción. La distancia con la realidad es notable.

El máximo tribunal ratificó que las licencias de radiodifusión son intransferibles. La norma es tajante. Esta prohibición fue defendida por el Estado e impugnada por Clarín. En los hechos, el Grupo Clarín no quiere desprenderse de medios. Y el Estado, en vez de impedir ilegítimas transferencias, las permite. El caso emblemático es la venta de las radios y la señal televisiva de Hadad a Cristóbal López, en 2012.

Hadad vendió sin aprobación previa de Afsca. El organismo recibió, sin chistar, la presentación de López para adecuar su flamante grupo de medios a los máximos que fija la ley. Pero el titular legítimo es Hadad. Él debía solicitar la adecuación y, de aprobarse, vender lo sobrante a quien fuera.

La ley no se aplica como la votó el Congreso, como fue ratificada por la Corte. El titular de Afsca ha dicho que Telefé nada tiene que ver con Telefónica Argentina, porque no poseen participaciones directas cruzadas. Que pertenezcan a un mismo dueño, Telefónica de España, es apenas un detalle.

La ley prohíbe a los prestadores de servicios públicos ser titulares de medios y Telefónica brinda telefonía. Telefé pertenece a un extranjero, que no puede ser socio mayoritario, y el regulador no se inmuta. Se permite que Telefónica de España, que factura US$ 5000 millones en el país, sea dueña de Telefé y ocho canales de TV, que protegen su jugoso mercado regulado de telefonía y de Internet. Justo lo que la ley no quiere. Fue vetado por la oposición que acompañó al Gobierno en 2009. Esto, que ya era inaceptable, empeora, ya que Telefónica de España, desde enero, controlará a Telecom Italia y a su filial argentina. Será el mayor prestador de servicios públicos del país, casi como Entel, pero con canales de TV. La ley deshilachada.

La Corte validó que Cablevisión debe adecuarse a un máximo de 24 localidades o hasta el 35% de los abonados totales de TV paga. Ese tope se ha derogado en los hechos. Se otorgaron "permisos experimentales" a canales privados para cubrir el 85% de la población, con 68 antenas instaladas por la TDA, televisión digital abierta, financiada íntegramente por el Estado. C5N, Canal 26, 360, CN23 y otros duplican el tope de 35% de cobertura máxima permitida en televisión. La TV digital nace y se desarrolla al margen de lo que ordena la ley.

La ley regula la radiodifusión como en los 90. No incorporó la revolución de la digitalización, la convergencia con las telecomunicaciones ni el creciente predominio de Internet sobre la radiodifusión tradicional. Con un clic se accede a mil contenidos que navegan por la Red, en entornos abiertos. Los debates que de verdad dirimen lo candente para las comunicaciones son otros, no éstos.

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