Una jueza le dio cinco días al Gobierno para que explique por qué desplazó a Cabral de Casación

En otro capítulo de la disputa entre el Gobierno y un sector del Poder Judicial, una jueza le pidió hoy a la Casa Rosada que informe los motivos por los cuales el Consejo de la Magistratura dispuso el cese de Luis María Cabral como juez subrogante de la Cámara Federal de Casación Penal.

Lo dispuso la jueza en lo contencioso administrativo federal María Alejandra Biotti, en una causa que se inició a raíz de una presentación del abogado Luis Alejandro Rizzi contra la remoción de Cabral. En este caso, Rizzi pidió la nulidad de la resolución del Consejo de la Magistratura que le permitió al kirchnerismo desplazar a Cabral y designar en su reemplazo al conjuez Claudio Vázquez, cercano al viceministro de Justicia, Julián Álvarez .

La magistrada le dio al Ministerio de Justicia de la Nación, que tiene la representación legal del Consejo de la Magistratura, cinco días para presentar el informe, según consignó la agencia DyN.

"Líbrese oficio a la demandada para que en el término de cinco días evacue el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986, oportunidad en deberá ofrecer la prueba que intenta hacer valer", resolvió Biotti.

Ese artículo de la ley de amparo establece que "el juez requerirá la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada".

Nueva denuncia contra la ley de subrogancias

La Asociación de Magistrados presentó hoy su denuncia contra la nueva ley de subrogancias, que el kirchnerismo utilizó para desplazar al juez Cabral de la Cámara de Casación.. La demanda, en la que se plantea la inconstitucionalidad del mecanismo para nombrar jueces suplentes, también quedó a cargo la magistrada Biotti.

Ayer, en otra causa, la Cámara Federal penal porteña consideró que era su "obligación" declarar inconstitucional la normativa aprobada por mayoría kirchnerista en el Congreso.

La Sala II de ese tribunal sostuvo que los artículos 1 y 2 de la nueva ley son inconstitucionales. Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah dijeron que la ley, al prever designaciones a dedo y por mayorías no previstas en la Constitución, afecta los principios de juez natural, imparcialidad e independencia.

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