Una investigación de Ocaña tiene en vilo al mundo sindical

A pesar de que el congreso que celebró la CGT el martes pasado renovó el idilio entre Hugo Moyano y los Kirchner, las relaciones entre el sindicalismo y el Gobierno podrían modificarse hasta inaugurar una nueva etapa. Hay un fenómeno muy evidente, capaz de introducir cambios: la inflación. El propio Moyano señaló hace 10 días que el retraso salarial es un tema pendiente en la agenda con la Presidenta.

Pero hay un motivo menos visible que también podría perturbar ese vínculo: el, llamémosle así, "factor Ocaña". Graciela Ocaña, la ministra de Salud, emprendió desde que llegó a su cartera una serie de investigaciones cuyos corolarios políticos se conocerán en pocos días.

Están referidas al opaco mundo del financiamiento de la salud y su relación con los sindicatos. En especial, al sistema de distribución de subsidios a las obras sociales, que administra la Superintendencia de Servicios de Salud -para la previsible jerga sindical, "la Súper"- y su dependencia específica, la Administración de Programas Especiales (APE).

La minuciosa Ocaña comenzó sus indagaciones a propósito de una controvertida decisión de Héctor Capaccioli, superintendente de Salud, que el 27 de diciembre distribuyó $ 47.744.950 entre un grupo de obras sociales, como informó LA NACION el 22 de enero. El reparto se justificó en la necesidad de solventar programas de prevención de enfermedades que van desde el cáncer de mama al tabaquismo. Como es evidente, empeños de difícil verificación.

Para el jubileo se adujo, como en oportunidades anteriores, que en el presupuesto de "la Súper" se acumulan fondos de difícil imputación por errores administrativos que aparecen en las contribuciones patronales. Así como la aplicación de esos recursos a tareas preventivas era por demás imprecisa, los criterios del reparto tampoco fueron muy convincentes.

Ocaña pidió en aquel momento un informe sobre la resolución de Capaccioli y, a partir de los datos que le remitieron, decidió modificar el sistema en el manejo de ese dinero. A partir de ahora debe ser entregado como reintegro de prestaciones documentadas. Bastante lógico. Esta reforma podría inquietar a varios sindicalistas de los que hoy se reúnen para reelegir a Moyano.

Lluvia de millones

Muchos de ellos aguardan con ansiedad que Capaccioli firme otra resolución, similar a la de diciembre, para hacer llover sobre sus cabezas otros $ 60 millones. Al parecer, la documentación ya está redactada. Más audaz suena la versión, insistente en "la Súper", de que hacia el último trimestre habrá un gran premio de $ 200 millones.

Ocaña se ha propuesto acotar el poder administrativo de Capaccioli. En los próximos días cubrirá con funcionarios de su confianza dos oficinas decisivas de la Superintendencia. La Gerencia Económico Financiera, que quedaría a cargo del contador Pedro Insausti, y la Gerencia de Prestaciones, a cuyo frente iría el médico Roberto Armaño. Son personas de confianza del sucesor de Ocaña en el PAMI, Luciano Di Césare y del director de la región Capital de ese instituto, Carlos Rojo.

La incorporación de estos nuevos funcionarios significa, en la práctica, una intervención de la Superintendencia. Capaccioli la habría aceptado con resignación. Su jefe político, Alberto Fernández, también apadrina a Ocaña e inclinó la balanza a favor de la ministra. Además, el superintendente sabe que su rival es de temer, como quedó demostrado durante la crisis del Hospital Francés, cuando Ocaña denunció en la Justicia penal a su amigo José Luis "Peter" Salvatierra, ex interventor del sanatorio.

La observación de la ministra sobre los negocios de la salud no se agota en la reforma al régimen de distribución de fondos mal imputados sino que avanzó hacia un área más inquietante: la de los subsidios que se extienden desde la APE por prestaciones de mucho costo o de alta complejidad, que las obras sociales no llegan a cubrir con sus ingresos corrientes. En los últimos meses, Ocaña descubrió una deficiencia del sistema de salud que ha permitido a lo largo de los años infinidad de corruptelas: la imprecisión de los padrones de afiliados a las obras sociales. La desactualización de esos registros es deliberada. Hacia 2003, el entonces superintendente Rubén Torres calculaba que los beneficiarios rondaban los 7 millones.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) reducía el número a 5 millones. En torno a esa diferencia entre la población y los registros se constituyó un régimen de negociados: se basa en la presentación de expedientes falsos sobre tratamientos a pacientes que ya no son afiliados pero que aún figuran en los registros sindicales. La triquiñuela permite cobrar el subsidio sin contraprestación alguna. Esa sería una de las modalidades adoptadas por sindicalistas y empresarios de la salud para extraer dinero del sistema sin dar servicios.

En otros casos se habrían aprovechado las peculiaridades de algunos programas sanitarios. Por ejemplo, el anonimato que rige para los enfermos de HIV, que favorece la sobrefacturación. Las irregularidades parecen concentrarse en las droguerías. Sobre todo en las que proveen medicamentos caros y de tratamiento prolongado, como los oncológicos o los de terapias contra el sida.

Las investigaciones iniciadas por Ocaña en este terreno han originado causas judiciales. Una de ellas está en manos del juez federal Norberto Oyarbide, que ya dispuso varios allanamientos. Fuentes cercanas al magistrado afirman que la pesquisa tendría en la mira, sobre todo, a dos droguerías cuyos dueños se han beneficiado durante más de una década por sus fuertes lazos políticos.