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Una investigación con trece jueces y ningún condenado
Tres de los sospechosos están prófugos Una semana antes de morir, Espinosa había denunciado ante Carrió a la pesquera Conarpesa Una historia de odios, crimen e intriga en la Patagonia El caso aún no se cerró
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LA NACIONHugo Alconada Mon
"¡Che, Cacho!", escuchó. Se dio vuelta y sólo atinó a abalanzarse sobre el hombre que tenía un revolver en su mano derecha. El fogonazo lo cegó por un momento, pero no lo soltó hasta derrumbarse solo. La bala le había perforado el corazón.
Eran las 21.45 del 30 de enero de 2003 y el empresario pesquero Raúl Espinosa moría desangrado en la vereda de la casa de sus suegros, en Puerto Madryn. A su lado estaba su segunda mujer, Lorena Gabarrus, embarazada de mellizos. A un metro, la billetera del sicario, caída durante el forcejeo.
Una semana antes, Espinosa se había reunido con la entonces candidata presidencial del ARI, Elisa Carrió, junto a otras 30 personas. Allí atacó a Conarpesa, una empresa española competidora de Espinosa, y denunció algunos hechos de corrupción.
Trece meses y trece jueces después, el caso no está cerrado.
En la investigación sobrevuelan sospechas de vinculaciones entre el crimen y el narcotráfico, presiones políticas y corrupción, según pudo reconstruir LA NACION por medio de una docena de fuentes.
Todas las pruebas recolectadas en el expediente, al que accedió LA NACION, giran en torno de los propietarios de Conarpesa, que tiene como centro de operaciones los puertos de Chubut y Santa Cruz.
Los dueños de Conarpesa, los españoles Juan Alvarez Cornejo y su hijo Fernando Alvarez Castellano, los presuntos autores intelectuales del homicidio, desaparecieron hace meses, luego de que el primer juez a cargo de la causa decidiera, en una polémica medida, revocar la prohibición de salir del país del segundo de ellos. No se sabe nada de ambos.
El guardaespaldas de Fernando Alvarez Castellano, llamado José Remigio Guevara, también está prófugo, luego de que la Justicia dictara su prisión preventiva como coautor del homicidio, aunque aún así se lo benefició después con la excarcelación.
Los fiscales a cargo de la investigación del crimen, Nelson Menghini y Daniel Yanguela, reclaman ahora el apartamiento del conjuez que tiene en sus manos el expediente, Juan Eduardo Meani. Su recusación podría definirse hoy. La Cámara del Crimen analizará si admite el planteo de la Fiscalía por prejuzgamiento, a partir de las 9.
A pesar de la profusión de jueces se habría demostrado en la causa que el guardaespaldas de Alvarez Castellano, Guevara, coordinó el crimen; que quienes compraron el arma homicida tenían en sus manos una carpeta con el logo de la firma Conarpesa y que hasta el hotel donde se alojaron los sicarios fue pagado por la pesquera.
También, que los sicarios utilizaron un automóvil de Conarpesa para moverse por Puerto Madryn antes del asesinato. Hasta el apoderado legal de Conarpesa fue quien decidió quién sería el abogado de Guevara.
El móvil del crimen es, a simple vista, los odios personales entre los Alvarez y Espinosa, quien había comenzado como marino de Conarpesa, creció hasta ser su vicepresidente, se abrió y fundó su propia pesquera patagónica, San Isidro. La sed de venganza llegó a tal punto que dos hermanos de Fernando Alvarez Castellano denunciaron en España ante escribanos públicos que el padre de ellos, Juan Alvarez Cornejo, había comprado la parte ganancial en la pesquera de Espinosa a la ex mujer de éste, por US$ 3800 mensuales.
Según consta en el expediente y en la copia del acuerdo privado que consultó LA NACION, los Alvarez buscaban complicar el desarrollo de la pesquera San Isidro y obtener información confidencial de la empresa para utilizarla luego en contra de Espinosa.
A esto se sumó lo que uno de los hermanos Alvarez, arrepentido, le anticipó a Espinosa, un año antes de su asesinato. Ya estaban buscando sicarios y le pedía que se cuidara, relató ante la Justicia Carlos Rocca, uno de los socios de Espinosa en la pesquera San Isidro.
Pero en rigor, podría haber más que una cuestión de odios personales y competencia comercial salvaje. Uno de los presuntos autores materiales, Ademar Araujo, deslizó algunos vínculos con el narcotráfico.
