Una guerra sorda para nombrar jueces

Ni la inflación que liquida con premura el poder adquisitivo de los argentinos ni la inseguridad que convierte a los ciudadanos, sobre todo a los más pobres, en potenciales víctimas de ladrones y asesinos. Ninguno de esos temas son la prioridad de Cristina Kirchner, aunque está segura de que el Presidente terminará mal por el manejo del conflicto económico. Su única prioridad es, ya sea cuando está en Buenos Aires o en El Calafate, la nueva composición inminente del Consejo de la Magistratura, el organismo constitucional que elige y destituye a los jueces. Si le fuera posible, aspira también a designar, en los apenas ocho días que le quedan de vigencia al actual Consejo, a los cruciales cinco jueces federales que deben ser nombrados en esa instancia que juzga la corrupción política. El Senado debatirá este jueves, si no hay tropiezos oficialistas de última hora, el proyecto de ley para la nueva integración de la Magistratura, de la que excluye a la Corte Suprema de Justicia. Es raro, al menos: el Consejo es un organismo de la Justicia y la Corte es la más alta instancia de ese poder del Estado, pero esta no tendrá representación en la institución que elige a los futuros jueces, si es que fuera aprobado el proyecto del Gobierno.

Según información coincidente de distintas fuentes senatoriales, la Cámara alta sancionará el proyecto del Gobierno con algunos cambios cosméticos para justificar la adhesión de los dos senadores que siempre terminan al lado del kirchnerismo. Sin embargo, versiones recurrentes plantean algunas dudas sobre cuatro o cinco senadores del propio bloque oficialista, más cercanos a Alberto Fernández que a Cristina Kirchner, o cuyos líderes son gobernadores que simpatizan más con el Presidente que con la vicepresidenta. La sesión fue convocada ya formalmente. Nadie supo explicar si aquellos rumores son solo impresiones. Están seguros, en cambio, los dos aliados permanentes, que son el exgobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Weretilneck, que fue gobernador durante ocho años, cultiva un viejo enojo con la Corte Suprema porque esta le impidió postularse a una re-reelección en 2019, que le prohibía la propia Constitución provincial. Aunque el proyecto inicial de Weretilneck incluía a la Corte en el Consejo de la Magistratura, el senador rionegrino desistió rápidamente de esa idea a cambio de unos pocos cambios en el proyecto oficial.

Probablemente no el viernes 15, porque será feriado por Semana Santa, sino el lunes 18, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, asumirá como presidente del Consejo. Cumpliría, así, con la ley que rigió hasta que la entonces senadora Cristina Kirchner eyectó del Consejo a la Corte con una ley nueva de su autoría, en 2006, sobre la integración del Consejo. Esa ley es la que hace poco fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema; todavía se escuchan en el Senado los ecos de los gritos de indignación de la vicepresidenta por esa irreverencia intelectual del máximo tribunal de justicia del país. ¿Cómo ella, que funge de experta en leyes y en la Constitución, pudo haber escrito una ley que contradice a la Constitución misma? ¿A quién se le ocurre semejante disparate? Desde ese instante preciso decidió que tampoco en la nueva integración del Consejo estaría la Corte Suprema. Y no está. El proyecto oficial para la nueva integración eleva de 13 a 17 el número de miembros del Consejo, pero no respeta la proporcionalidad política y profesional que le exige la Corte. La política no debe olvidar que dos jueces de la Corte, el propio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, fueron constituyentes en 1994 y que ellos contribuyeron a escribir el artículo de la Constitución que creó el Consejo de la Magistratura. La letra y el espíritu de ese artículo es el de sacarles al Poder Ejecutivo y al Senado, cámara que les da acuerdo a los nuevos jueces, el monopolio de las designaciones de los miembros del Poder Judicial. La Constitución creó el Consejo, pero una ley debe reglamentar su integración. Esa ley es la que estuvo en discusión antes de 2006, en 2006 y ahora. Es probable que Cristina Kirchner vea aprobado este jueves su proyecto en el Senado, pero también es probable que no haya una ley sancionada por Diputados antes del 15 de abril, fecha límite que la Corte estableció para que los poderes Ejecutivo y Legislativo elaboren y aprueben una nueva integración del Consejo. Por eso, asumiría Rosatti, porque volvería a tener vigencia la ley que rigió hasta que Cristina metió mano y la cambió en 2006. En la ley vieja, el presidente de la Corte era, al mismo tiempo, presidente del Consejo de la Magistratura. Es lo que corresponde si se quiere que la cabeza del Poder Judicial sea una sola. Como escribió Roberto Lavagna, “la Argentina tiene tres poderes constitucionales, no cuatro”.

La última ocurrencia de Cristina Kirchner es que, en caso de que volviera a regir la vieja ley por ausencia de una nueva, será ella la que nombrará los dos representantes del Congreso que faltarían. En rigor, esos dos cargos le corresponden a Juntos por el Cambio y deberían ser designados a propuesta de los bloques de la coalición oficialista en el Senado y en Diputados. Pero como ella nunca firmaría tales designaciones (y lo presionaría también a Sergio Massa para que este no firme nada a favor de la oposición), sus candidatos son el senador Oscar Parrilli y la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda. La maniobra tiene su explicación: la eventual designación de Parrilli sería una arbitrariedad, pero ella puede en el Senado darse el lujo de reincidir con el absurdo. Está segura de que ahí triunfará. La de Bregman sería, en cambio, el intento de canjear en Diputados ese cargo por los votos del bloque de izquierda, integrado por cuatro diputados. La izquierda había anticipado que no votaría el proyecto oficial porque presentaría un proyecto propio. Es difícil, con todo, que la vicepresidenta (o Massa) cambie la opinión de los diputados de izquierda por un cargo. La historia indica que los legisladores de izquierda son coherentes, aunque estén conceptualmente equivocados.

Al oficialismo le faltan en Diputados cinco o seis votos. Los dos diputados que responden al senador Weretilneck y los representantes de algunos partidos provinciales (también los dos misioneros, entre ellos) se agregarán a los 117 con que cuenta el Gobierno. El oficialismo necesita en Diputados 129 votos para la aprobación definitiva del proyecto que llegará del Senado. Un voto clave es la de la diputada Graciela Camaño, que integra el Interbloque Federal, una coalición legislativa que tiene como líderes a Lavagna y al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. También cuenta con dos socialistas. Son siete en total. Pero Camaño tiene voz propia por su larga experiencia en la Cámara de Diputados y como consejera en la Consejo de la Magistratura. Camaño adelantó que no quiere un futuro Consejo sin la Corte, pero tampoco con la Corte presidiendo el Consejo. “Presidir la Corte y el Consejo es demasiado poder para la Corte Suprema”, explicó. Es decir, que votará en contra de los proyectos del Gobierno, que descarta a la Corte en el Consejo, y de la oposición, que prevé al presidente de la Corte como titular del Consejo. La idea de Camaño es que un juez rotativo de la Corte forme parte del Consejo de la Magistratura, pero no como presidente del organismo. Camaño propone también que ni la Corte ni los jueces integren la Comisión de Disciplina del Consejo, porque, asegura, la solidaridad corporativa frena todas las denuncias por corrupción que existen sobre varios jueces. Sí estará de acuerdo con que el juez de la Corte forme parte de la decisiva Comisión de Administración Financiera. El Consejo administra los recursos financieros de la Justicia. En síntesis, Camaño no votará un proyecto sin la Corte en el Consejo, pero tampoco con la Corte al frente del Consejo.

Cristina Kirchner estaba hasta ayer en El Calafate, que más que su lugar en el mundo es su madriguera, el lugar donde se refugia cuando quiere huir de compromisos indeseables en la Capital. Y quería huir de la presencia en Buenos Aires del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, un joven de izquierda que condena las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua y que censuró vehementemente la invasión de Putin a Ucrania. Cristina Kirchner demostró con esa actitud que pertenece más a la izquierda jurásica latinoamericana que a la nueva marea de jóvenes progresistas. Para la izquierda de Cristina, los derechos humanos solo son violados por gobiernos de derecha, nunca por los de izquierda. La izquierda europea ya perdió esos prejuicios hace mucho tiempo. Y Putin es un amigo de ella, aunque esté cometiendo atroces crímenes de guerra en Ucrania. Lo único importante para ella es que Putin está enfrentado con el gobierno de los Estados Unidos (un vetusto reflejo de la izquierda de América Latina), aunque haya posado sonriente con el simpático embajador norteamericano, Marc Stanley. Los enemigos de Washington son mis amigos, según la arcaica regla de cierta izquierda demodé.

Con todo, la mayor distancia de Cristina Kirchner con Boric es la decisión de este de continuar con la política de Estado de Chile de reclamarle a la Argentina la extradición del exguerrillero Galvarino Apablaza, líder del Frente Patriótico Manuel Rodriguez. Apablaza fue juzgado y condenado en Chile por el asesinato de un senador cuando ya existía en el país vecino un sistema democrático de gobierno. Se exilió en la Argentina. Su extradición fue reclamada por los entonces presidentes chilenos Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Boric continúa con esa política. En 2010, la Corte Suprema de Justicia argentina autorizó la extradición de Apablaza, luego de analizar el delito que había cometido en su país y las pruebas que acompañaban el expediente. Apablaza dejó de ser entonces un exiliado y se convirtió en un refugiado político, que es una categoría que establece el gobierno político de un país. El exguerrillero se presentó en la Justicia cuando Mauricio Macri le quitó la condición de refugiado. Ese trámite no ha concluido por las dilaciones interminables (e inexplicables) de la Justicia argentina. Es también una decisión política, porque el Gobierno ya tiene la autorización de la Corte Suprema para ordenar la extradición de alguien que cometió el delito de matar. La esposa de Apablaza fue muy cercana al gobierno de Cristina Kirchner hasta 2015. La propia legislación argentina señala que la condición de refugiado concluye si el que tiene ese beneficio cometió un delito contra personas en su país. Cuando autorizó la extradición, la Corte Suprema señaló, como lo hace formalmente siempre, que el Gobierno debe velar por la seguridad de la persona extradita en el país que lo reclama (que no sea torturado o condenado a muerte, por ejemplo). Puro formalismo, del que se aferran los kirchneristas locales. En Chile existe el Estado de Derecho y su Justicia es más creíble que la justicia argentina.

Ahora bien, ¿justificaban esas diferencias que Cristina Kirchner no haya estado en ningún acto del que participó el presidente de Chile? Aunque fue una visita de Estado (la categoría más importante para la visita de un jefe de Estado extranjero), no hubo convocatoria a una Asamblea Legislativa, como sucede con todos los presidentes que visitan el país. Ni siquiera hubo una reunión de los presidentes de todos los bloques de diputados y senadores en el Salón Azul del Senado, que es la otra forma que usa el Congreso para homenajear a un jefe de Estado extranjero. Boric fue recibido en el Congreso solo por Massa y por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala. Cristina prefirió el viento y el frío de la Patagonia infinita. Desconfiada hasta la soledad. Lejos de todo, cerca de todo.

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