Una grieta impensada se abrió en el Consejo de la Magistratura entre los jueces y Juntos por el Cambio
La discusión es por 70 casos de jueces denunciados, que la oposición pretende que pasen directamente a la Comisión de Acusación, donde quedan expuestos a un juicio político; nuevas alianzas
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LA NACIONHernán Cappiello
Una nueva e impensada grieta se abrió en el Consejo de la Magistratura entre los representantes de Juntos por el Cambio y los jueces, dos grupos que suelen votar en sintonía y esta vez se enfrentaron.
El conflicto anticipa una nueva dinámica en el funcionamiento del cuerpo que elige y controla a los magistrados. El motivo fue que no se pusieron de acuerdo para decidir qué denuncias de jueces irían directamente a la Comisión de Acusación, donde se analiza si corresponde iniciar juicio político para remover a los magistrados, y cuáles deben tramitar en la Comisión de Disciplina, donde se analiza si les cabe alguna sanción menor, motivada en alguna inconducta.
En el viejo Consejo de la Magistratura, de 13 miembros, que funcionó hasta abril, ambas comisiones estaban fusionadas. Ahora están separadas.
En la primera reunión de la Comisión de Disciplina (no se reunía desde febrero), el viernes 15 de julio, el diputado y consejero Pablo Tonelli (Pro) y la senadora y consejera radical Silvia Giacoppo presentaron sendas notas en al que reclamaron que pasen directamente a la Comisión de Acusación los expedientes contra 70 jueces.
Están incluidas en esa lista denuncias de todo color político, desde aquellas los contra los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky -que Cristina Kirchner cuestionó públicamente por sus visitas a Mauricio Macri-, hasta las denuncias contra Alejo Ramos Padilla y Martín Bava, jueces que fueron contra Macri (según él, persiguiéndolo). En esa lista está también el caso del juez federal de Mendoza Walter Bento, sobre quien pesa un procesamiento firme por su incremento patrimonial y por supuestas coimas. También están casos de jueces que con sus fallos avanzaron sobre cuestiones de género y otros sobre magistrados con supuestos vínculos con el narcotráfico.
La presidenta de la Comisión de Disciplina, la oficialista Inés Pilatti de Vergara, puso en debate el asunto y los representantes de los jueces en pleno -los más cercanos al Gobierno y también los más críticos-, se opusieron a que estos casos sean enviados directamente a la Comisión de Acusación. El debate terminó con la idea de posponer una decisión, que fue apoyada por los consejeros del kirchnerismo, incluido el senador Martín Doñate.
Fue la jueza Agustina Díaz Cordero, de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados (la más crítica del Gobierno), quien abrió el fuego para oponerse a que los expedientes contra esos jueces pasen a la Comisión de Acusación y pidió desestimar 19 denuncias. Sostuvo, por un lado, que había jueces denunciados por el contenido de sus fallos y, por otro, que muchos de los magistrados cuyas conductas se pretendía analizar tenían dictámenes con pedidos de desestimación o incluso llevaban más de tres años sin trámite, lo que obliga a desecharlos.
En las antípodas de Díaz Cordero, el camarista Alberto Lugones, de la lista Celeste (de mayor sintonía con el Gobierno), también se opuso al pase de los expedientes a Acusación. Dijo que era injusto para los jueces denunciados que tenían en el horizonte la perspectiva de, a lo sumo, una sanción disciplinaria, ponerlos de repente frente a la amenaza de perder el cargo.
“La sola invocación de mal desempeño no alcanza para que pasen a Acusación. Por la carátula no podemos saber la gravedad de la denuncia”, se quejó. Dijo que, para colmo, de esos 70 hay 20 que no tuvieron ningún movimiento, por lo que “no es posible colegir que tengan alguna cuestión acusatoria”. Agregó que algunas denuncias son por causas penales que ya fueron archivadas.
El juez Juan Manuel Culotta, de la lista Compromiso Judicial, se sumó a Díaz Cordero y a Lugones. Se pronunció por devolver los escritos a Tonelli y Giacoppo para que fundamentaran sus pedidos en cada uno de los casos.
Tonelli reaccionó. Dijo que sus pedidos estaban fundados, aunque a sus colegas no les pareciera suficiente. Y dijo que no importa si un juez fue sobreseído por una causa penal, porque de todos modos puede avanzar su juicio político, y puso como ejemplo el caso del excamarista Eduardo Freiler. Giacoppo coincidió con Tonellii.
Jimena de la Torre, consejera por los abogados cercana al Pro se sumó a instar a Disciplina a que avance con el trámite para determinar qué casos deben pasar a Acusación sin nuevas postergaciones.
En el debate de la comisión tomó la palabra el senador kirchnerista Doñate, que en coincidencia con los jueces dijo que era imposible analizar los 70 casos de jueces puestos sobre la mesa y pidió posponer el asunto hasta la próxima reunión, que al final fue lo que se resolvió.
El contrapunto entre los consejeros de Juntos por el Cambio y los jueces, que suelen votar en sintonía cuando se trata de decidir elecciones de magistrados, dejó algunas suspicacias. Entre los estamentos políticos se quejan de que los jueces (que, por ley, no integran la Comisión de Acusación, pero sí la de Disciplina) se oponen a que prosperen las investigaciones contra sus colegas magistrados y hablan de una actitud corporativa.
Los jueces, por su parte, ven en esta avanzada la posibilidad de que la Comisión de Acusación termine negociando los casos a favor y en contra de cada una de las facciones políticas y paguen justos por pecadores en los expedientes disciplinarios sometidos a estudio. Cualquiera sea el resultado, la próxima reunión de la Comisión de Disciplina, después de la feria judicial de invierno, va a tener su encanto.
Por Hernán Cappiello
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