Una fiscal se opone a que el primo de Mauricio Macri quede fuera del caso de los cuadernos de las coimas

El empresario de la construcción Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, pidió a la Justicia que lo excluya de la causa de los cuadernos de las coimas, al afirmar que los pagos que realizó entre 2003 a 2015 a funcionarios del kirchnerismo son aportes de campaña electoral.

En sintonía con este pedido, la jueza federal electoral María Servini y el fiscal electoral Ramiro González pidieron el último día del año pasado al tribunal que debe realizar el juicio oral que se inhiba de seguir interviniendo en cuanto al empresario y le mande todo para analizarlo como un posible aporte de campaña indebido, una falta electoral.

El Tribunal Oral Federal N° 7, que debe hacer el juicio oral y público por los cuadernos, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es la principal acusada, aún no decidió que hacer. Pero la fiscal federal a cargo del caso, Fabiana León, rechazó el pedido de la jueza Servini por “ridículo” y criticó con dureza a la jueza y al fiscal, de quienes dijo que “se pusieron a disposición” del empresario y mencionó la “curiosa convergencia” entre los intereses de la acusación y de los acusados.

En el caso de los cuadernos de las coimas, el chofer del ministerio de Planificación Oscar Centeno dejó constancia de los recorridos de los viajes que realizó transportando a Roberto Baratta, exsecretario del Ministerio de Planificación, entre otros funcionarios, hasta diversas empresas donde cobró dinero de los hombres de negocios que pretendían seguir adelante con sus negocios con el Estado.

Uno de los empresarios acusados es Calcaterra y su excolaborador Héctor Javier Sánchez Caballero, de las firmas ODs e IECSA, acusados de realizar 16 pagos, en algún caso al propio Baratta. En su declaración, ellos admitieron haber realizado cuatro pagos y dijeron que se trataba de aportes para la campaña electoral de 2013 y 2015. Por eso pidieron salir del juicio y ser tratados como el resto de los acusados en la misma posición.

Aún cuando el caso estaba elevado a Juicio, los empresarios hicieron una presentación en la justicia electoral en septiembre del año pasado pidiendo que la jueza Servini le solicite al tribunal oral que se inhiba, y el fiscal González estuvo de acuerdo.

La defensa de Calcaterra insiste en que desde el principio estuvo claro que el dinero era para aportes de la campaña electoral y que esto estaba mencionado en los cuadernos y por los funcionarios receptores del dinero. Incluso mencionó que hay otros cinco empresarios que se vieron beneficiados por una situación similar.

Pero cuando le pidieron opinión a la fiscal del tribunal oral Fabiana León, redactó un dictamen incendiario en el que señaló que se busca abrir causas colaterales para vaciar el caso de los cuadernos y deslizó párrafos sugestivos sobre la coincidencia entre los intereses de los empresarios y la decisión de la jueza Servini y el dictamen del fiscal González.

“La gravedad de la cuestión no radica en las estrategias defensistas (sic) que adopten uno o varios imputados, sino en que una jueza y un fiscal de la Nación, a sabiendas de que existe otro proceso en trámite”, señaló la fiscal.

Y consideró que se trató de “satisfacer una voluntad procesal por vía oblicua y por fuera del canal jurisdiccional regular”. Dijo que las defensas buscaron elegir una jurisdicción que les sea favorable.

Y enfatizó: “Tampoco se trata, por lamentable, de una novedad. Que exista una jueza y un fiscal que se ponga a disposición de esa -o algunas- parte/s para que éstas desarrollen elípticamente sus prácticas, obviando las reglas procesales que indican que esos debates deben darse ante un mismo Tribunal”.

“Me resulta muy curiosa la convergencia de aquel representante de la acusación con los intereses de dos empresarios de renombre nacional”, deslizó la fiscal que habló del “ridículo” de la situación. León envió copia de su dictamen al procurador interino Eduardo Casal.

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