Una fiscal anticorrupción que avanzó contra el poder está a un paso de ser echada y se desató una guerra judicial en Entre Ríos

Entre Ríos es el escenario de una guerra judicial de película. La fiscal anticorrupción, coordinadora de un equipo que acaba de conseguir la condena a ocho años de cárcel de un exgobernador, se convirtió en la acusada de un juicio político que avanza a toda velocidad y que en cuestión de días puede terminar con ella echada. El jury empezó el lunes pasado y el jurado ya entró en la instancia de deliberación.

La fiscal, Cecilia Goyeneche, denuncia que la persiguen por haber investigado “la mayor causa de corrupción de la historia de la provincia” -que no es la de la condena del exgobernador, es un caso todavía más escandaloso-, mientras que los abogados que pidieron su destitución, de origen radical, dicen que ella no es lo que aparenta, que en realidad pactó con el poder para simular avances judiciales que no son tales y que de esta supuesta conspiración participa también su jefe, el procurador de la provincia.

Ni siquiera el Superior Tribunal de Entre Ríos está al margen. Según Goyeneche, la corte provincial es “la armadora de la maniobra”; empuja en las sombras su destitución y dicta fallos para construir túneles legales que les permitan a los políticos corruptos eludir la cárcel.

El caso ya trascendió toda frontera. El jury contra Goyeneche motivó una consulta a la Argentina de parte del relator de Naciones Unidas para la independencia judicial, que manifestó su preocupación, y llegó a la Corte Suprema. El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, tiene que dictaminar ahora sobre el amparo que presentó la fiscal para que la Corte nacional frene el juicio y la devuelva a su cargo de número dos de la procuración entrerriana (ella cumplía la función de fiscal anticorrupción, pero su nombramiento es de procuradora adjunta).

“Me van a destituir. Lo sé”, dijo ayer Goyeneche a LA NACION. Ella denuncia que además de ser infundado, el jury en su contra es ilegal porque quien la acusa en ese proceso, que debería ser un fiscal, no lo es. Es un abogado que hace de fiscal, ¿por qué? Porque todos los fiscales de la provincia dependen jerárquicamente de Goyeneche y del procurador, Jorge Amilcar García, que también fue denunciado. Entonces, según el tribunal, no pueden dar garantía de objetividad. La decisión de que la acuse un fiscal “ad hoc” fue lo que motivó el amparo de Goyeneche que espera una respuesta de la Corte nacional.

Este jury se desarrolla en un escenario de causas de corrupción que a medida que avanzan sacan a la luz grandes escándalos que comprometen a altos dirigentes políticos entrerrianos.

El exgobernador Sergio Urribarri, hasta el mes pasado embajador argentino en Israel, acaba de ser condenado a prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Ahora empezará el largo proceso de apelaciones que le permitirá, de mínima, retrasar durante un buen tiempo su ida a la cárcel.

Esta semana Urribarri consiguió que le cerraran otro caso; según el fiscal de esa causa, que tenía “14 veces más pruebas” que el de su condena. La Justicia no determinó si el delito existió o no: cerró el expediente porque la investigación duró más de lo debido. El juez de garantías Mauricio Mayer, que sobreseyó a Urribarri, aplicó un precedente de hace cinco meses de la sala penal del Superior Tribunal de Entre Ríos. Según Goyeneche, el máximo tribunal de la provincia firmó aquel antecedente -el fallo “Cozzi”- pensando en que serviría para favorecer a Urribarri.

Los cortesanos eligen no responderle. En Entre Ríos se abrió una grieta entre jueces y fiscales, alimentada, dicen quienes conocen la interna local, por los efectos de un sistema acusatorio que les dio mucho más protagonismo a los fiscales en el curso de las causas penales. Los magistrados que cuestionan a Goyeneche sostienen que ella está haciendo de sí misma un “personaje” y que ninguna causa se paró porque ella haya sido suspendida. Goyeneche alegó en su juicio lo contrario: destacó que fue con ella suspendida que se dictó el fallo Cozzi y se sobreseyó a Urribarri.

La fiscal está siendo juzgada por su intervención en la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura entrerriana. Según los investigadores, en ese expediente, que ella impulsó, se probó que a lo largo de más de diez años se estafó a las arcas públicas en más de 50 millones de dólares a través de contrataciones simuladas de cientos de supuestos empleados de las dos cámaras de la Legislatura.

La fiscalía pidió la elevación a juicio de la primera parte de esta causa, con 32 imputados (la lista incluye a funcionarios de segunda línea y al cuñado de Urribarri). El caso, hasta el momento, no escaló más arriba.

La maniobra se descubrió por su insólito volumen, porque cada mes las mismas personas iban a los cajeros automáticos del banco con pilas de tarjetas para sacar miles y miles de pesos -“ordeñaban los cajeros”, describen los fiscales-.

Ahora, la causa está frenada por un conflicto de competencia. Los abogados de algunos acusados alegaron que debía intervenir la justicia federal porque si bien los funcionarios involucrados y los fondos en juego eran provinciales, la hipótesis era que el dinero se iba a destinar a solventar campañas nacionales. La jueza provincial rechazó este argumento y también lo hizo el primer juez federal que intervino, pero después entró en escena Daniel Alonso –el mismo magistrado federal que a pedido del kirchnerismo le prohibió al Congreso Nacional designar sus representantes en el Consejo de la Magistratura- y reclamó el caso. Tomó intervención entonces la Corte Nacional y el Superior Tribunal de la provincia dispuso que, mientras se resuelve la pelea por la competencia, la causa estuviera suspendida. El expediente lleva casi un año paralizado.

Los cargos contra Goyeneche

¿De qué la acusan a Goyeneche? Por un lado, ella y su jefe fueron denunciados por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, de larga trayectoria en el foro local, de haber partido la causa frenando así su avance contra altas autoridades de la Legislatura. Quienes defienden la actuación del Ministerio Público dicen, en cambio, que si no usaban esta estrategia hubiera sido mucho más difícil avanzar con la velocidad que lo hicieron en un caso de semejante impacto político.

Pero la acusación central contra la fiscal es por no haberse excusado de intervenir en esta causa pese a que su marido era muy amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, acusado de haberle dado soporte a la maniobra de sustracción de fondos fraguando las declaraciones impositivas vinculadas a los contratos simulados. Además, Goyeneche y este contador -cuyo estudio fue allanado- compartieron la propiedad de dos inmuebles que, relató la fiscal a LA NACION, compraron de pozo a través del estudio de arquitectos en el que trabajaba su marido.

Este nexo apareció en la causa cuando ordenaron embargar los bienes de Opromolla y resultó que un departamento que intentaron inmovilizarle era de la fiscal (ella relata que en ese momento ya no compartían la propiedad porque ella le había comprado a él su parte, pero que el registro no tenía el dato actualizado). En cuanto al otro inmueble compartido, con la causa ya en trámite, Goyeneche le cedió su parte a una sobrina con el propósito de no tener nada más que ver con Opromolla.

Mulet, uno de los que promovieron el jury contra la fiscal, dijo a LA NACION: “Nosotros denunciamos hechos. Ella tenía dos departamentos con un acusado. Al principio lo negó y después los reconoció. Y se desprendió de uno para seguir en la causa. Yo no sé en qué lo benefició, pero no nos corresponde probar eso: es ella la que tiene que explicar”.

Goyeneche, que finalmente se apartó del caso después del episodio del embargo, sostiene que ella nunca tuvo “trato directo” con Opromolla porque quien era amigo era su marido, que no tenía ninguna obligación de excusarse porque los fiscales solo deben hacerlo cuando está gravemente afectada su “objetividad”, algo que no pasó en este caso, y que así quedó demostrado con su actuación en la investigación, siempre proactiva y sin “favorecimiento” alguno para nadie. La fiscal dijo en su alegato final, el viernes pasado, que su caso se convirtió ya en un “bochorno nacional e internacional”.

El jurado de enjuiciamiento no fijó una fecha para dar a conocer su veredicto -tiene tiempo hasta fin de mes-, pero en los tribunales de Entre Ríos creen que será esta semana. Convencida de que tienen decidido echarla, Goyeneche jura que no planea iniciar una carrera política. “Ya vi demasiado”, sostiene, y dice que cree que va a terminar volviendo a su cargo. “Tarde o temprano voy a tener una sentencia favorable”, afirma. Piensa en la Corte Suprema o en tribunales internacionales. Si se cumple su pronóstico, los tiempos de la Justicia no le auguran un escenario muy optimista. El procurador de Santa Cruz Eduardo Sosa, removido por una reforma judicial que no respetó su inamovilidad, afrontó años de batalla judicial y consiguió que la Corte fallara a su favor, pero nunca recuperó su cargo.

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