Una discusión por las vacaciones abrió un conflicto entre Cristina Kirchner y “trabajadores autoconvocados” del Senado

En el Senado se está incubando un clima de rebelión contra Cristina Kirchner, a quien un grupo de “trabajadores autoconvocados” le reclama que vuelva a abrir las paritarias, disconformes con el 60% de aumento que recibieron en lo que va del año y con la suma fija de $30.000 que hace poco más de una semana otorgó la vicepresidenta en conjunto con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

“Basta de ajuste a los trabajadores”, es el título de unos carteles que aparecieron pegados en paredes y carteleras del edificio anexo de la Cámara alta el jueves pasado.

“Los empleados autoconvocados del Senado de la Nación exigimos la reapertura de paritarias con el objeto de que se defiendan nuestros derechos, pisoteados por la Resolución RSA 928/20 que establece de manera arbitraria e inconsulta la pérdida de nuestras vacaciones el 30 de noviembre de este año”, dice el pronunciamiento.

El malestar apunta también a los dirigentes sindicales de la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremios con representación en el Congreso y lugar en la mesa de discusión paritaria con la vicepresidenta y su mano derecha, la secretaria Administrativa, María Luz Alonso.

El reclamo tiene como eje la cuestión de las vacaciones, pero también tiene su costado salarial. “Los trabajadores ya sufrimos el impacto de la inflación, que no fue compensada con los ‘aumentos’ nominales otorgados, insuficientes y tardíos. El ajuste del FMI no puede pedir, también, que se nos quiten las vacaciones ya devengadas, que son un derecho adquirido”, se puede leer en otro párrafo del pronunciamiento.

El eje de la protesta es la resolución firmada por Alonso el 1° de diciembre de 2020 que obliga a los empleados del Senado a tomarse todo el mes de enero de vacaciones. Para aquellos que por antigüedad tengan más de 30 días, establece que ese remanente deberá ser usado “en el período que coincida con el receso escolar de invierno que anualmente fija la autoridad administrativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

La medida provocó críticas desde un principio, sobre todo de aquellos empleados sin hijos o que los tienen, pero ya no están en edad escolar y a quienes no les conviene tomarse la licencia junto con el receso en los establecimientos educativos.

Además, los críticos sostienen que, al obligarlos a tomar su remanente de vacaciones en julio, Cristina Kirchner ha establecido de hecho una “feria” al estilo del Poder Judicial, algo que no tiene nada que ver con la actividad legislativa.

“Se trata de una violación a los derechos de los trabajadores hecha furtivamente aprovechando la situación de emergencia creada por la pandemia del Covid-19 durante la cual los trabajadores legislativos pusieron el hombro para que no se detuviese la actividad del Congreso, cuando aún no existían vacunas disponibles”, denuncian los “trabajadores autoconvocados”.

El reclamo también está dirigido a los gremios, a quienes les piden que “pongan lo que hay que poner” y exijan la reapertura de la paritarias. “Es hora de que nuestros representantes sindicales oigan a sus representados y pongan lo que hay que poner para que nuestros derechos no sigan siendo inmolados en el altar neoliberal”, concluye el reclamo de los empleados legislativos, apelando a una terminología muy utilizada por el kirchnerismo.

El caldo de cultivo de este malestar es la sospecha de que los sindicatos han acordado con la conducción del Senado mantener en suspenso la actualización de salarios, a pesar de la inflación, a cambio del pase a planta permanente de los empleados reclamados por los gremios, lo que ocurriría antes de fin de año.

Esa sería la promesa, aseguran, que Alonso les hizo a los dirigentes sindicales cuando cerraron la última paritaria, en julio último. En ese momento, se acordó un aumento salarial en dos cuotas del 30%, después de un año de sueldos congelados, y la incorporación a la planta del Senado de los empleados pedidos por Cristina Kirchner, como su secretario privado, Gabriel Graves, y por legisladores ultrakirchneristas como Oscar Parrilli (Neuquén) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), entre otros.

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