Una diputada hundió a un juez federal de Rosario investigado por supuestos vínculos con narcos

La diputada santafesina Lionella Cattalini acusó ante el Consejo de la Magistratura al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque de proteger al narcotráfico y de no investigar al clan de Esteban Alvarado, por venta de drogas y lavado de dinero. Señaló que el magistrado tiene antecedentes de “mirar para otro lado” y que también eludió profundizar investigaciones que alcanzaban al clan de Los Monos.

Bailaque está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura en la Comisión de Acusación por la denuncia de fiscales santafesinos que narraron cómo el juez omitió realizar medidas de prueba, como intervenciones telefónicas, además de compartir contador con el propio jefe narco. La relación va más allá, ya que emplea en su juzgado al hijo del contador de Alvarado.

La diputada provincial Cattalini, del socialismo santafesino, llegó al Consejo con su propia documentación y empezó exponiendo los hechos. Relató que hay una causa de 2013, donde la justicia federal comenzó a investigar a Luis Medina y a Lindor Esteban Alvarado. Dijo que cuando el asunto llegó al juzgado de Bailaque, el jefe de la Unidad de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Rosario, Emilio Lencinas, “acreditó 14 informes donde había mucha información y pidió que se intervengan tres teléfonos: de la expareja de Medina, del hermano de Alvarado y de José Luis ‘La Tota’ Brítez”.

“Bailaque denegó las intervenciones telefónicas, ante el pedido reiterado, tres veces, de Lencina”, dijo la legisladora, que contó que el juez recién admitió esas pinchaduras telefónicas “once meses después, cuando las circunstancias habían cambiado y Luis Medina [exsocio de Alvarado] ya había fallecido”.

“De 2016 a 2019 [la investigación] estuvo parada, Bailaque no le dio impulso, denegó informes y no utilizó escuchas. Durante tres años estuvo la causa del principal narco de la provincia totalmente frenada”, declaró la legisladora provincial.

Cattalini afirmó que “se constató que la empresa Santino [del jefe narco] tenía balances firmados por un contador, Gabriel Mizzau”, quien le llevaba las cuentas a Bailaque. “Se supo que son amigos íntimos, que fueron juntos a la escuela, hay fotos de ambos compartiendo eventos y cenas. Bailaque hizo entrar a la justicia federal sin concurso al hijo del contador. Nunca habló del lavado de dinero de Alvarado y nunca se excusó de esa causa”, remató.

“Es público [el vínculo entre Bailaque y el contador Mizzau]. En la denuncia penal que adjunté constan el balance de la empresa firmado por el contador, hay fotos donde se ve al juez y al contador yéndose de viaje, cenas, eventos sociales. Hay una resolución donde consta el ingreso del hijo del contador a la justicia federal y consta un ascenso. Hay una nota de LA NACION, donde confiesa que ingresó por la ventana a instancias de Bailaque y confiesa que es hijo del contador. Bailaque lo niega, y después lo cita a un bar y le dice que efectivamente era amigo del contador. El contador fue allanado y se constata que el domicilio denunciado no era verdadero”, relató la diputada.

“En la sentencia de condena de Alvarado, tres jueces dicen que había que mandar este expediente al Consejo porque eran notorias las irregularidades de Bailaque en la tramitación”, completó la legisladora.

Cattalini describió que ahora “Bailaque intenta defenderse, después de tener tres años la causa parada” y que acusó a Alvarado por narcotráfico con un reclamo de 15 años de prisión por tráfico de marihuana, cuando ya estaba preso. “Del lavado de dinero y la red criminal no dice nada”, añadió.

“En Rosario, en 2022, se llegó a un pico de homicidios mientras las bandas criminales se peleaban por el territorio y un amigo de Alvarado declaró que, mientras se disputaban el territorio, se mataron más de 100 personas. Si la justicia hubiera actuado a tiempo y no permitía que Alvarado adquiriese tanto poder, esto no hubiera sucedido”, dijo la legisladora.

Cattalini afirmó que el juez federal Bailaque “tiene antecedentes de mirar para otro lado” y mencionó en este sentido una causa de 2012, por narcotráfico, que cuando llegó a su juzgado permitió devolverle un auto al sospechoso “sin que se lo pidiera”. En 2013, el juez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por desoír “informes de causas de narcotráfico, que no quería desarchivar causas que le iban a servir a los fiscales para investigar el narcotráfico”.

“En 2014 le llega la causa de Los Monos. Bailaque devolvió la causa a la justicia provincial. En 2016, en una causa de trata, Bailaque liberó a las personas sin tomarles declaración. En 2020, Lorena Melgarejo una narco muy importante quedó libre porque Bailaque se negó a dar una orden de allanamiento. En 2024, el testigo Iván Jocanovich, un infiltrado de la AFI que colaboraba con Los Monos, le avisó a Raffo, un policía prófugo, que lo iban a encontrar. Bailaque le dio la libertad al testigo sin investigar prácticamente”, enumeró la diputada, para señalar que esta decisión fue revocada por la Cámara Federal.

La declaración de la diputada es parte de la recolección de pruebas que realiza el Consejo de la Magistratura en el trámite de investigación contra el magistrado federal.

Luego de responder preguntas del presidente de la Comisión de Acusación, el consejero abogado Miguel Piedecasas, la diputada respondió preguntas de la defensa de Bailaque. Luego de su exposición fue el turno de José María Valdez, excomandante de Gendarmería de Santa Fe que actualmente se desempeña en el Ministerio de Seguridad de dicha provincia.

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