Una denuncia judicial complica la situación de la interventora de la AFI

Más de un año después de que el Poder Ejecutivo enviara su pliego al Senado, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, deberá esperar al menos un par de semanas más para saber si podrá conseguir el acuerdo que establece la ley para conducir a los espías argentinos.

El pliego estuvo a punto de ser tratado en la Comisión de Acuerdos el miércoles de la semana pasada, pero la audiencia vritual en la que Caamaño debía comparecer ante los senadores para defender su nominación fue cancelada “por cuestiones de agenda”.

De manera llamativa, dos días después de aquella frustrada audiencia, la jueza federal María Romilda Servini decidió citar a Caamaño a indagatoria en una causa en la que la directora de la AFI está acusada de haber permitido que se filtrara información confidencial que comprometió la seguridad e integridad de varios agentes del organismo.

Ahora, la nominación de la exfiscal volvió a quedar congelada a la espera de que se concrete la citación judicial, prevista para el viernes 16 de julio próximo. La información que llega del juzgado que conduce Servini no es alentadora para Caamaño que, por negligencia o torpeza, cometió un error que podría complicarle su continuidad al frente del organismo.

Esta situación será motivo de una reunión que en las próximas horas sostendrán dos de las figuras más relevantes del bloque oficialista del Senado: el jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), y su vicepresidenta y titular de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). Ambos tienen línea directa con Cristina Kirchner.

La situación de Caamaño se complicó en las ultimas semanas como consecuencia de una denuncia que la responsabiliza por la difusión de una lista con el nombre real y los destinos que ocupan de varios agentes de la AFI.

La lista se hizo pública luego de que la AFI enviara a la Justicia federal de Lomas de Zamora la copia de un libro de actas del organismo correspondientes a los años 2016 y 2017 en el marco de la causa por la que se investigan tareas de espionaje ilegal durante la gestión al frente de los espías de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, durante la administración de Mauricio Macri.

El contenido del libro de actas fue subido, sin tachaduras, al sistema informático que utilizan las partes de la causa para consultar el expediente. Así, tuvieron acceso a sus contenidos no solo la fiscal Cecilia Incardona, que fue quien requirió la información, sino de los abogados de la treintena de acusados que tiene el expediente.

De ahí a que los datos se filtraran a la prensa hubo un solo paso y eso fue lo que encendió las alarmas de aquellos cuyos nombres aparecen mencionados en el libro de actas. Esto se tradujo en una denuncia penal de varios agentes que se vieron expuestos, al punto que varios de ellos debieron abandonar sus misiones ante el riesgo inminente que corrieron al quedar al descubierto su situación de agentes encubiertos.

En la AFI sostienen que Caamaño envió el libro de actas con una advertencia acerca de la reserva que tenía que guardarse en la consulta del material, destacando que se trataba de información clasificada.

Sin embargo, esa afirmación no constaría en el expediente que lleva adelante la jueza Servini de Cubría, en donde sostiene que por dolo o negligencia la responsabilidad de que los nombres de los agentes quedaran al descubierto es de la directora de la AFI.

En la AFI también niegan que la suspensión de la audiencia que se iba a celebrar el pasado 30 de junio nada tuvo que ver con el expediente judicial que instruye Servini ni que dos días después, la magistrada decidiera citar a Caamaño a indagatoria.

Aseguran, para aventar sospechas sobre una filtración, que la suspensión de la audiencia se concretó el lunes 28 de junio, es decir cuatro días antes de la decisión adoptada por la jueza federal, y que se tomó porque el día previsto para que Caamaño expusiera ante los senadores se vacunó, en Mendoza, Fernández Sagasti.

Sin embargo, fuentes del bloque oficialista del Senado reconocieron que la situación judicial de Caamaño tuvo directa relación con la suspensión de la audiencia, y si bien sostienen que el pliego se va a tratar en la Comisión de Acuerdos, admiten que la situación cambió y que, ahora, la reprogramación del tratamiento del pliego dependerá de cómo evolucione la causa que instruye Servini.

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