Una decisión para acallar el escándalo y aliviar al Gobierno

El vicepresidente Amado Boudou volvió a mostrarse ayer junto a Cristina Kirchner. en un acto en la Casa Rosada, pocas horas dspués de que el Gobierno anunciara su intención de expropiar la ex imprenta Ciccone.

Boudou se ocupó de aparecer allí en pose relajada, y en su entorno decían sentir cierto alivio por la decisión presidencial. Miembros del gabinete nacional leyeron la medida como una primera salida política en busca de correr al Gobierno del eje del escándalo, lo que beneficia a la figura de Boudou, investigado por sus presuntos vínculos con los nuevos dueños de la única empresa que puede fabricar papel moneda en el país.

La lectura que hacen los allegados a Boudou es que Cristina Kirchner optó por despegar a su compañero de fórmula mientras dure el proceso judicia l. Así, envió al ministro de Economía, Hernán Lorenzino (que accedió al cargo por impulso de Boudou), y a la presidenta de la Casa de Moneda, Katya Daura, otra funcionaria de extrema confianza del vice, como interventores en la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), principal accionista de la imprenta.

En el mismo momento en el que el Palacio de Hacienda anunciaba que se había firmado un decreto de necesidad y urgencia para intervenir la compañía y se enviaba al Congreso el proyecto de ley de expropiación, los funcionarios se presentaban en el edificio de la ex Ciccone para tomar posesión.

Hasta allí llegaron Lorenzino y Daura pasado el mediodía con otro amigo del vicepresidente, nada menos que el síndico Daniel Reposo, el mismo que fue rechazado por el Senado como candidato a procurador general cuando Cristina Kirchner decidió echar por las denuncias de Boudou a Esteban Righi. Como titular de la Sigen, debe hacer un inventario de la compañía, tal como lo hizo cuando el Gobierno desembarcó en YPF.

El dato más comentado en el Gobierno ayer fue la elección de los interventores elegidos por la Presidenta, dos funcionarios del riñón del vice. "Podría haber mandado a [Axel] Kicillof", razonaba un colaborador presidencial sobre la decisión de Cristina Kirchner.

Según describieron un ministro y dos secretarios a LA NACION, el Gobierno venía analizando la expropiación de la ex Ciccone desde hacía un mes y medio. En el gabinete, de hecho, no hubo demasiadas sorpresas y en la mayoría de los funcionarios consultados había alivio por la decisión. No sólo sostienen que la medida descomprime la presión política por los verdaderos dueños de la empresa en el futuro, sino que la Casa Rosada podría cerrar a partir de ahora otros conflictos como los cuestionamientos por la impresión de billetes, un tema de extrema sensibilidad.

"Esto fortalece a la Casa de Moneda. Ciccone tiene máquinas más modernas, y se capitaliza el Estado. Se termina con las dudas sobre los contratos y los conflictos laborales", amplió un funcionario. Para evitar reclamos de los trabajadores, el proyecto prevé que los empleados de la ex Ciccone mantengan su encuadramiento sindical a pesar de que serán parte de la Casa de Moneda.

En Balcarce 50 había coincidencia ayer en que la decisión fue pura y exclusiva de la Presidenta, con el apoyo siempre presente del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

Sin la épica con la que el kirchnerismo suele vestir cualquier tipo de decisión que involucre recuperar para el Estado una función central de la economía, esta vez la comunicación de la medida se hizo a través de una simple gacetilla de prensa del Ministerio de Economía.

A partir de ahora, el Gobierno comenzará a hablar en público sobre la idea de terminar con lo que ayer ya sostenían como "una herencia de los 90" por la producción de papel moneda en manos privadas, e impulsará el argumento de los considerandos del proyecto de ley, que establece la recuperación para el Estado de las "capacidades que son estrictamente de su competencia indelegable e insustituible".

En el medio, la Casa Rosada dio la orden a sus diputados y senadores de avanzar a toda velocidad con el tratamiento de la norma para que el tema no dure más de un mes en la agenda pública. Por orden de Cristina Kirchner, se intentará correr, al menos del eje político (aún sigue el judicial), el caso que roza al vicepresidente.

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