Sin cierre total: una decisión centrada en compartir costos políticos y preservar la industria turística

Frenar los nuevos contagios, en su mayoría no letales, sin arruinar la incipiente temporada veraniega, esperada casi con desesperación por decenas de jurisdicciones de todo el país. Fue ese el principal criterio fijado por el presidente Alberto Fernández y su mesa chica, en las largas horas de debate que antecedieron la firma del decreto presidencial que establecerá nuevas restricciones, en el intento por frenar el intenso rebrote de coronavirus que sacude al país, especialmente en el AMBA y los centros más poblados. Eso, sin regresar a un cierre total como el que siguió al desembarco del virus en el país, en marzo pasado.

Más allá de la decisión oficial de no exponer al Presidente ante una medida antipática que prescindió de un anuncio oficial –fue el jefe de gabinete Santiago Cafiero el que precisó durante la jornada del jueves la fecha y hora de publicación del decreto– desde el Gobierno dejaron en claro que "escucharon" las quejas de las provincias y municipios (los de la costa atlántica, pero no solo ellos), alertados ante la posibilidad de un cierre masivo que impacte de manera directa en sus economías, ya de por sí afectadas por la combinación de pandemia y cuarentena.

En el texto que delinearon Fernández, Cafiero, el ministro del Interior Eduardo De Pedro, la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, se buscó dar un "margen de acción" a cada jurisdicción, con el fin de mitigar ese impacto económico, y tomando en cuenta que la temida segunda ola trajo "más contagios que letalidad", según definieron cerca del Presidente.

"No es lo mismo la costa atlántica que Azul o Río Negro o Trelew, donde faltan camas de terapia intensiva. Cada jurisdicción va a tener la capacidad de ajustar el horario según su realidad. De 23 a 6 será el promedio del cierre", graficaba un funcionario con acceso al texto.

Tal como ocurriera con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en su reunión con los intendentes, Fernández tomó nota de las quejas de aquellos gobernadores que planteaban matices a su propuesta de limitar la circulación. En el caso del gobernador, fueron los macristas Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Martín Yeza (Pinamar) los que llevaron la voz cantante a la hora de oponerse a las "prohibiciones" y las calificaron de "impracticables", en un contexto de cansancio social luego de meses de limitaciones de todo tipo.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por caso, dejó en claro al Presidente que acordaba en la necesidad de "tomar medidas" ante la relajación de los cuidados personales, pero sostenía que lo central era apelar a "recuperar la conciencia cívica" más que restringir la circulación de personas y afectar la economía.

Otro de los pidió mayor flexibilidad en la reunión virtual del miércoles fue el gobernador radical mendocino, Rodolfo Suarez, reticente a aplicar medidas de cierre de actividades desde el inicio mismo de la cuarentena. Desde el oficialismo también se escucharon distintas voces: mientras el chaqueño Jorge Capitanich proponía restricciones y medidas todavía más duras, el catamarqueño Raúl Jalil ofrecía un esquema más duro entre domingo y miércoles, y con menos horas de restricciones los fines de semana.

La decisión de "escuchar" a los gobernadores e intendentes fue de la mano de una advertencia: serán ellos los que deberán poner en práctica las medidas. "Les toca aplicar los controles", sostenían sin medias tintas en Balcarce 50, mientras Larreta y los intendentes Pro se resignaban a aceptar los términos del nuevo decreto.

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