Una de las empresas que se disputan la Hidrovía volvió a acusar al Gobierno de direccionar el pliego

La empresa belga DEME, una de las aspirantes a competir en la licitación por el dragado y el mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuestionó en un comunicado al gobierno de Javier Milei, con acusaciones de direccionamiento del pliego en favor de la actual firma a cargo de la vía navegable, Jan de Nul, también de origen en Bélgica. Según DEME, las condiciones establecidas inclinan la balanza hacia Jan de Nul y significarán un incremento en los costos para las exportaciones (más del 80% de los granos y subproductos que se venden al exterior salen del país por la Hidrovía). La semana que viene, el Gobierno prevé dar a conocer las empresas candidatas a quedarse con la concesión.

Para DEME, existe un “notorio direccionamiento del pliego de licitación internacional lanzado por el gobierno argentino para el mantenimiento, modernización y ampliación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraguay-Paraná)”. En un comunicado difundido la semana pasada, la empresa enumeró ocho puntos en los que considera que el pliego del Gobierno está hecho a medida de Jan de Nul. Subrayó que “el tiempo para preparar las ofertas (55 días hábiles) es insuficiente en comparación con licitaciones similares y la documentación técnica proporcionada no es suficiente para realizar un análisis adecuado”, lo que “beneficia al operador actual, que ya posee la información necesaria”.

El segundo ítem que cuestiona DEME es que “se exige un calado máximo de 8 metros sin justificación técnica, lo cual limita la posibilidad de usar equipos más adecuados y favorece al actual concesionario, cuyo equipo ya cumple con esta restricción”.

En tercer término, la empresa que pretende competir por el dragado de la Hidrovía sostuvo que “la forma en que se evalúan los antecedentes financieros favorece a la empresa actual, ya que el sistema de puntaje minimiza la puntuación de nuevas empresas y maximiza la de la empresa que ya opera”.

“Se otorgan más puntos por la longitud de los canales trabajados y por la experiencia regional y en países limítrofes sin que esto tenga un fundamento técnico claro, lo cual favorece al operador actual debido a su experiencia en la concesión. Mismo también, prohibiendo la formación de Uniones Temporales de Empresas (UTE)”, argumentó también DEME en su comunicado.

Otro requisito del pliego vinculado a la experiencia de las empresas que la firma consideró tendencioso es que el “excluye trabajos de dragado de relleno y refulado, que son comunes y relevantes en este tipo de proyectos”. Argumentó que esa condición “limita la puntuación de competidores y favorece al operador actual”.

DEME cuestionó también la exigencia de “experiencia en la Argentina, lo cual puede limitar las opciones de competidores internacionales que tienen experiencia relevante pero no específicamente en este país”.

Además, la empresa denunció que “la falta de parámetros claros para evaluar la propuesta metodológica deja mucho espacio a la discrecionalidad, lo que favorece al operador actual” y que “el sistema de puntuación final favorece al operador actual al permitirle ofertar a precios más altos sin perder la adjudicación”, por lo que lo se deriva “en un proceso competitivo simulado que no refleja un verdadero mercado de precios”.

DEME se presentó en la Justicia para pedir la suspensión del proceso licitatorio, pero, el 15 de enero, juez contencioso administrativo Enrique Lavié Pico desestimó ese pedido. La firma prometió apelar cuando finalizara la feria judicial (hoy es el primer día de actividad plena en los tribunales tras el receso de verano).

Jan de Nul opera la Hidrovía desde 1995 y es candidata a quedarse de nuevo con la concesión, por otros 30 años. Según su competidora DEME, el pliego no solo la favorece para continuar a cargo del negocio, sino que también implica mayores costos para las exportaciones. “El perjuicio económico para la producción nacional se funda en que la ecuación utilizada para evaluar las ofertas en la licitación asigna un 60% de puntaje a los precios de la oferta en tres etapas y un 40% al puntaje técnico final, por lo que el actual operador podría ofertar una tarifa más alta y aun así ganar la licitación”, subrayó la firma crítica en su comunicado.

“Al privilegiarse los cuestionables aspectos técnicos por sobre la oferta económica, un solo oferente –el concesionario actual– quedará en condiciones de fijar los términos comerciales a su antojo, viciando totalmente el proceso”, se añadió en la comunicación oficial de la empresa que pretende pujar con Jan de Nul.

Fuentes cercanas a la empresa Jan de Nul hicieron saber su posición contraria a las críticas de su competidora. Respecto del supuesto plazo exiguo del proceso licitatorio, explicaron que “la elaboración de los pliegos tuvo una intensa etapa previa a partir de las Mesas Interdisciplinarias que comenzaron en agosto de 2024 y en la que participaron los usuarios del sistema navegable troncal”, además de que después “el plazo fue extendido a pedido de las empresas y usuarios de la VNT del 29 de enero al 12 de febrero”.

También remarcaron que respecto a la profundidad del calado, “los 8,5 metros de referencia se justifican ya que si bien los canales de navegación aceptarían dragas de un calado mayor no todas las zonas de descarga serían aptas para operar con ese tipo de dragas”. Y en cuanto a la supuesta adopción de criterios que reducen la puntuación de nuevos oferentes, en beneficio del concesionario actual con condiciones específicas, señalaron que “la necesidad de solvencia económica (el cálculo establece un respaldo equivalente a los ingresos estimados de un año de gestión de la VNT) naturalmente resulta imprescindible como garantía de sustentabilidad y continuidad de las obras, incluso en ante situaciones complejas desde el punto de vista económico”.

Un elemento más que cuestiona DEME es que “el cuestionado pliego ha sido realizado por los mismos equipos que el propio gobierno nacional ha decidido suprimir por razones de corrupción, manteniendo de todas formas la Comisión Evaluadora, cuyos titulares son los señores Ariel Romero Cherubini, Francisco Mansanta y Cristián Luis Rigueiro”. A principios de enero, el Gobierno disolvió la Administración General de Puertos (AGP), relevó a su cúpula y creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que tiene al frente a Iñaki Arreseygor. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la AGP era “un antro de corrupción y privilegios”.

Las empresa Rohde Nielsen (de Dinamarca) y Boskalis (de Países Bajos) también cuestiona el pliego licitatorio que preparó el Gobierno. Además de la belga Jan de Nul (a la que la exAGP le debe 80 millones de dólares), se anota para competir Van Oord (Países Bajos). La empresa china Shanghai Dredging estaba interesada, pero quedó excluida porque el pliego del Gobierno excluye a las firmas con participación estatal.

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