Una “cueva” y dos cuentas: así fue la trama que llevó al juez Lijo a sobreseer a Andrés Vázquez, actual director de la DGI

Todo comenzó con una denuncia de la exinterventora del PAMI, Graciela Ocaña, contra un gerenciador de la obra social, Rubén Romano, en 2007. Cuando los investigadores comenzaron a indagar sobre el patrimonio de Romano se toparon con un par de cuentas bancarias “negras”. Y al hurgar más, con una sucursal no declarada del BNP Paribas y 500 clientes VIP que habían fugado al menos 251 millones de dólares. Entre ellos, aparecía el nombre del actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez. Fue una trama previa a la compra de los inmuebles en Miami con sociedades en el exterior.

Jefe por entonces de la Dirección Regional Sur Metropolitana de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Vázquez se movía con autonomía. Desde allí cuidó los números de Lázaro Báez y Cristóbal López, mientras que el círculo íntimo del entonces titular del organismo, Ricardo Echegaray, le atribuía lazos directos con la Secretaría de Inteligencia (SI) en tiempos de Francisco “Paco” Larcher y Antonio “Jaime” Stiuso.

En ese contexto, los registros internos de la “cueva” indican que Vázquez transfirió al extranjero 461.000 dólares por medio de la cuenta que operó con la filial argentina del gigante holandés ING, según consta en los documentos que obran en la Justicia. Envió el dinero a la cuenta 744476 que operó entre 2004 y 2006 en su filial en Curaçao, la isla más grande de las Antillas Holandesas y uno de los paraísos fiscales del Caribe.

En esa cuenta figuraban Vázquez y su hermana Silvia, siempre según los registros de la “cueva” que recuperó la Justicia, aunque el funcionario aparecía registrado como “primer titular”, ya que habría aportado el grueso del dinero. Se presentó, con su fecha de nacimiento y su número de documento reales, como “contador independiente”, rol incompatible con su función en el organismo tributario.

Cuando ING Argentina vendió su cartera de clientes antes de marcharse del país, BNP Paribas se quedó con su cartera formal. También, con sus clientes en las sombras, que gestionó desde una “sucursal” no declarada ante el Banco Central (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF) o la propia AFIP. La “cueva” operó en el piso 27 de la torre de la Avenida Leandro N. Alem 855, a metros de la avenida Córdoba.

Contactado por los ejecutivos de la “cueva” del BNP, Vázquez debió elegir entre girar sus fondos a Suiza o Luxemburgo. Se inclinó por la segunda opción: le crearon la cuenta N° 140852, que operó entre 2006 y 2008. Para eso, el BNP asentó tres datos llamativos en un formulario interno. El primero, que Vázquez tenía un estudio contable “con tres empleados administrativos” en Talcahuano 1943 de la Capital Federal. Pero esa dirección no existe. Esa calle sólo llega hasta el número 1300.

El segundo dato llamativo inserto en el formulario del BNP fue que Vázquez apareció como “dueño” de ese estudio contable. “Siempre trabajó en su propio estudio como asesor de empresas, sobre todo pymes. Siempre trabajó en forma independiente”, asentaron en la “cueva”, aunque la ley prohíbe a los empleados de la AFIP trabajar como contadores.

El tercer dato llamativo llegó al tachar con una cruz la opción correcta: “El titular o beneficiario económico ejerce un cargo público”. Y entre el “no” y el “sí: precisar” -que hubiera aumentado los controles contra el lavado-, Vázquez tachó la casilla del no.

Consultado en 2010 por LA NACION, Vázquez optó por la ambigüedad. “No me parece prudente siquiera contestarte por razones de seguridad personal –respondió–. Por eso, no pienso confirmar ni negarte esa información. No me corresponde opinar sobre esto”.

En el terreno judicial, el legajo de la “cueva” sobre Vázquez se remitió a los tribunales federales de Comodoro Py por ser funcionario público. Recayó en el Juzgado 12, a cargo entonces de Sergio Torres, que libró exhortos judiciales a Luxemburgo y Curaçao para verificar la existencia de esas cuentas.

El objetivo trazado por el fiscal Federico Delgado en 2011 era verificar la existencia de esas cuentas en el exterior y, en lo posible, determinar el origen de los fondos, para luego evaluar si Vázquez había incrementado su patrimonio de manera injustificable y, por tanto, ilícita.

Indagado

Vázquez fue citado a indagatoria. Negó tener cuentas en el exterior o un estudio contable en la calle Talcahuano al 1900, y dijo que era objeto de una persecución por parte del Grupo Clarín por haber participado en el megaoperativo de 2009. Todo era, sostuvo, “una operación de prensa”, sazonada con animosidad y encono personal, y tampoco descartó que le hubieran robado su identidad para perjudicarlo. ¿Su abogado? Santiago Blanco Bermúdez, el letrado histórico de Stiuso.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) aportó datos: precisó que Vázquez no informó tener bienes o activos financieros en el extranjero en las declaraciones juradas patrimoniales que presentó ante la AFIP entre 2000 y 2009, como tampoco los declaró su hermana.

Pero la información jamás llegó de los paraísos fiscales. Curaçao y Luxemburgo no respondieron los exhortos y Vázquez cosechó su primer sobreseimiento -firmado por Torres- el 25 de octubre de 2018 “debido a la dificultad que presentaba la investigación para recabar datos útiles por medio de la cooperación internacional e invocando la garantía de plazo razonable”.

Apelada la resolución, la Cámara Federal revocó los sobreseimientos y ordenó requerir la ayuda de la unidad antilavado (UIF) y la AFIP para corroborar si existían esas cuentas, lo que quedó en manos del fiscal Delgado y del juez Ariel Lijo, quien subrogaba el Juzgado 12 desde el momento en que Torres asumió como ministro de la Suprema Corte bonaerense.

Cuatro años después, Lijo también sobreseyó a Vázquez, por los mismos motivos: la violación del plazo razonable para investigar y la imposibilidad de verificar si esas cuentas existían, como constaba en los registros internos de la “cueva” del BNP Paribas.

“Sigue presente la dificultad de determinar la existencia de estas cuentas por falta de cooperación internacional, como ya se dijo, este Juzgado intentó en varias oportunidades obtener información de Luxemburgo y Curazao, sin tener un resultado positivo”, remarcó Lijo, lo que se sumó a la falta de resultados de la AFIP y la UIF en sus propios intentos por acceder a evidencias adicionales o supletorias.

“Por otro lado –abundó Lijo, el 15 de noviembre de 2022–, no hay que olvidarse de que esta causa se inició en el año 2011, es decir, que han transcurrido más de diez años sin que fuera posible recabar elementos probatorios suficientes, lo que no hace más que reafirmar la imposibilidad de continuar el trámite de la causa”.

La explicación de Adorni

Así, Vázquez terminó sobreseído. Pero no porque los bancos hayan desmentido que existieran esas cuentas en paraísos fiscales, como afirmó esta semana el vocero presidencial Manuel Adorni, sino porque la Justicia argentina jamás logró que le respondieran sus exhortos ni encontró otras vías para avanzar en la pesquisa.

“Se enviaron cuatro exhortos al exterior: a dos bancos, los dos bancos respondieron, en todas las ocasiones, que no existía ninguna cuenta que fuera propiedad de Vázquez. Así que, entendemos, que es un tema del pasado y que está sobreseído el mismo”, afirmó el vocero de Javier Milei, con datos que no se condicen con lo que figura en el expediente judicial.

En esa misma conferencia de prensa del martes, Adorni también adujo que el sobreseimiento que dictó el juez Lijo abarcó tanto las cuentas bancarias, como los departamentos que Vázquez compró en Estados Unidos por medio del entramado offshore conformado entre Panamá y las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que LA NACION y el Centro Latinoamericano de Invetigación Periodística (CLIP) revelaron este lunes con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Pero esa trama jamás se investigó, ni se mencionó en el expediente judicial derivado de la “cueva” del BNP Paribas.

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