Una comisión bicameral controlada por el kirchnerismo analiza leyes para instrumentar el nuevo Código Procesal
Lo integran diez oficialistas y seis opositores; el Gobierno presentó cinco proyectos
Una comisión bicameral controlada por el kirchnerismo comenzará a analizar proyectos de ley para dictar las normas necesarias para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal. Esta propuesta mereció reparos de la oposición porque deja abierta la puerta para abandonar la investigación a funcionarios acusados de corrupción.
La comisión bicameral está integrada por diez legisladores del oficialismo y seis de la oposición.
Esta comisión de implementación del nuevo Código Procesal Penal tuvo ayer su reunión constitutiva. Allí el bloque de senadores del Frente para la Victoria presentó cinco proyectos de ley necesarios para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal, los que fueron consensuados con el Ministerio de Justicia.
Durante la reunión realizada en el Salón Illia del Senado, los legisladores eligieron como presidente de la comisión al senador oficialista salteño Rodolfo Urtubey, como vicepresidente a la diputada kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti y como secretario al diputado radical Manuel Garrido.
En el encuentro, Urtubey informó que los senadores oficialistas presentaron cinco iniciativas necesarias para poner en marcha el nuevo código de procedimiento. Son la nueva ley de implementación del Código Procesal Penal de la Nación, la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, la norma que modifica el Ministerio Público de la Defensa, una reforma parcial del actual Código Penal y la ley de organización y competencia de la justicia federal y nacional penal. La semana pasada, el jefe del bloque de senadores nacionales del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, se reunió con el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, con quien consensuó estos proyectos de ley.
Además, los legisladores acordaron reunirse de nuevo el martes próximo, a las 16, con la premisa de elaborar una lista de invitados con funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y especialistas, y elaborar un temario para ordenar el debate.
La particularidad es que esta comisión bicameral, si bien está conformada por ley, no tiene la facultad de elaborar dictamen alguno, por lo cual -tal como informó Urtubey- el tratamiento legislativo de los proyectos se hará en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, para que, luego de ser aprobado en el recinto del Senado, pasen a la Cámara baja.
En la reunión, la ahora diputada macrista porteña Patricia Bullrich pidió al presidente de la comisión que se "dé tiempo para que se analicen los proyectos [del oficialismo]" y la senadora adolfista puntana Liliana Negre insistió en la necesidad de elaborar un listado de temas para ordenar el debate.
Además de los legisladores nombrados, la comisión está integrada por los senadores oficialistas Marcelo Fuentes, Pablo González, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath; los senadores radicales Mario Cimadevilla y Ángel Rozas, así como los diputados oficialistas Diana Conti, Carlos Cuto Moreno, Graciela Giannettasio y Carlos Raimundi, y el diputado radical Mario Negri.
El proyecto de ley de implementación del Código Procesal Penal de la Nación contempla la aplicación de la nueva norma, en una primera etapa, únicamente en la Justicia Nacional de la ciudad de Buenos y en forma progresiva, anunció Urtubey, un tema que reconoció "va a generar mucho debate", dado que los jueces porteños ya plantearon quejas sobre la metodología. Esto deja afuera en esta etapa al fuero federal.
El nuevo Código Procesal Penal reemplaza el sistema inquisitivo en vigor por otro acusatorio que deja la investigación en poder del fiscal. promete acortar los tiempos y oralizar audiencias para agilizar las etapas intermedias del proceso.
La comisión bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación tiene la función de evaluar, controlar y proponer medidas durante el período que demande la implementación del nuevo Código, así como cualquier otra modificación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación.
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