Una anomalía en la matrix de Gran Hermano
El proceso judicial que abrió el Presidente incluye una oportunidad de “retractación”, pero el programa no permite intromisiones del “exterior”; los efectos jurídicos de un intimidad televisada
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![Un participante de Gran Hermano apuntó contra Alberto Fernández y el Presidente anunció que lo demandará a él y al programa](https://www.lanacion.com.ar/resizer/v2/un-participante-de-gran-hermano-apunto-contra-SU6VLOHUIZE57K3LIYCW3CU7KQ.jpg?auth=dc723f0095b24e270b69400c9ee25444d4d57696b4a42eb2509b785294d39e7d&width=420&height=280&quality=70&smart=true)
A la matrix del reality show Gran Hermano le apareció una anomalía. No se llama Neo, no vuela, no esquiva balas, ni está destinado a ser el elegido para cambiar el mundo. Su nombre es Alfa, es un uno más del juego y hasta ahora el único superpoder demostrado es tener una boca expansiva a través de la cual expresó que conoce al presidente Alberto Fernández hace más de 35 años y que lo coimeó en dicho lapso “varias veces”, para después seguir desparramando las típicas críticas a un sector de la política argentina a la que solo le faltó denominar la “casta”.
Aunque todo lo que pasa en la casa de Gran Hermano puede ser observado por cualquier persona, lo cierto es lejos de asemejarse al espacio público, no deja de ser un contenido audiovisual producido en vivo y difundido por distintos canales digitales. De allí que en dicha escena cotidiana se muestran situaciones tales como personas bañándose desnudas o teniendo sexo que podrían tener un tratamiento normativo diferente si sucediese en un ámbito público de intersubjetividades no consensuadas.
El pacto fundante del reality show asume que las personas que ingresan acceden a mostrar al público su vida de interacción cotidiana dentro de cuatro o más paredes. Si bien la Constitución Argentina en su art. 19 y varios instrumentos internacionales sobre derechos humano que tienen jerarquía constitucional protegen la intimidad de las personas a solas con ellas mismas o como parte de un plan de vida público, en el Gran Hermano la “intimidad” -por decisión de los participantes- queda expuesta a todas luces, a veces manifestada de manera altisonante, otra susurrada como si fueran un gran secreto que nadie se enterará. Aún bajo la apariencia de una intimidad construida, lo cierto es que todo lo que se dice se proyecta de forma inmediata a la esfera de lo público como potente combustible para la concreción del show y la seducción de los seguidores del programa.
Aquello que se dice dentro de Gran Hermano en ejercicio de la libertad de expresión está protegido de toda clase de censura previa y queda sometido a las responsabilidades ulteriores civiles y penales previstas para cualquier otra situación tal como lo establece el art. 13 de la Convención Americana sobre derechos humanos. No existe una esfera de indemnidad discursiva por estar “participando” del Gran Hermano o algún obstáculo para que una citación a una mediación o a una audiencia judicial no cause los efectos correspondientes. A lo sumo Alfa habrá perdido su lugar, no por haber sido expulsado por el público o sus compañeros juego, sino porque quien le quitó sus atribuciones mediáticas fue el orden jurídico como a cualquier otra persona.
![Gran Hermano: los dichos de Alfa sobre Alberto Fernández](https://cdn.jwplayer.com/v2/media/lucB7aaT/poster.jpg?width=720)
El Presidente Alberto Fernández anunció a través de su abogado que promovería un acción civil por daños y perjuicios contra Alfa, la producción de Gran Hermano y @telefenoticias en la medida que no exista una retractación de las expresiones injuriosas y calumniosas. ¿Esperaran a que termine la participación del Alfa en el juego para que pueda disponer de una oportunidad de retractación? o bien, ¿será la voz del Gran Hermano quien sustituyendo a la carta documento le notificará a Alfa que tiene la posibilidad de retractarse sumando un nuevo ingrediente al show?
De cualquier manera, un Alfa que lejos esté de ser Neo, armó un revuelo enorme con proyecciones políticas impensadas. Así está la matrix en nuestro país.
El autor es profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos (UBA y UNLPam)
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