Vialidad: un proceso decisivo sobre otras causas que enfrenta Cristina Kirchner

La causa Vialidad, cuyo juicio oral se reanuda hoy, es determinante en el panorama judicial de Cristina Kirchner. De todos los casos por corrupción que involucran a la vicepresidenta, es el único cuyo juicio oral ya comenzó. El resto de los expedientes elevados a juicio todavía no tienen fecha de inicio y los pronósticos judiciales indican que no comenzarán hasta finales de 2021. Pero el caso Vialidad es determinante porque se ubica, para la Justicia, como el ilícito precedente al delito de lavado de dinero investigado en otros expedientes.

Los hechos investigados en el caso Vialidad fueron mencionados en todas las acusaciones formuladas por las querellas y el fiscal del caso en el juicio conocido como "La ruta del dinero K", la principal causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero.

Aunque Cristina Kirchner no está sentada como acusada en ese juicio, y aunque en ese expediente a ella se le dictó la falta de mérito, los acusadores del caso consideran que el dinero que Lázaro Báez y una veintena de acusados pusieron en circulación mediante un esquema de sociedades y empresas tiene su origen en el caso Vialidad.

En el juicio por la causa de "La ruta del dinero", el fiscal Abel Córdoba consideró que uno de los delitos precedentes al delito de lavado de dinero de aproximadamente 55 millones de dólares es el direccionamiento de contratos de obras públicas en favor de las empresas de Báez. El otro hecho ilícito, para Córdoba, es la evasión impositiva. Su exposición terminó la semana pasada. Tanto él como las querellas señalaron como el origen de los fondos ilícitos de Báez los contratos de obras viales que se estudian en el caso Vialidad.

Las querellas en el juicio por lavado de dinero –la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y, sobre todo, la AFIP– fueron más lejos respecto del presunto direccionamiento a favor de Báez. "Ha quedado sobradamente probado que la fortuna de Lázaro Báez y su grupo tiene sus inicios en la matriz de corrupción institucional que ha ocurrido entre los años 2003 y 2015", indicó la querella de la AFIP a comienzos de este año en el juicio contra Báez.

El organismo que desde diciembre dirige Mercedes Marcó del Pont hizo hincapié en la relación de Báez con Néstor Kirchner y en la incursión del empresario santacruceño en el mundo de la construcción. Sin embargo, el carácter de beneficiarios finales de los hijos de Báez, a partir de las cuentas bancarias identificadas en el exterior, fue uno de los elementos principales de la Justicia para no avanzar contra Cristina en esa causa.

Hotesur y Los Sauces

La causa Vialidad es clave, además, en el esquema de las maniobras investigadas en las causas Hotesur y Los Sauces.Para la Justicia Federal, parte del dinero obtenido por Báez gracias al presunto direccionamiento de la obra pública volvió a la familia Kirchner a través del alquiler de habitaciones de hotel y otros negocios inmobiliarios. Eso es lo que deberá juzgarse en los casos Hotesur y Los Sauces, dos juicios que no tienen fecha de inicio.

En esas causas se pudo dilucidar, según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la maniobra por la cual los acusados canalizaron "una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional a través de la obra pública vial, a la familia Kirchner por medio de un esquema de lavado de dinero montado en base a la actividad hotelera que llevaban adelante a través de la empresa Hotesur".

Para la Justicia, el caso Vialidad es determinante en lo que puede ser el curso de otros expedientes contra la vicepresidenta. Es por eso que es un caso de altísima sensibilidad política en la Corte Suprema, donde hay seis recursos planteados por la defensa de Cristina que, de ser tratados, podrían detener el curso del juicio o declararlo nulo.

Uno de los recursos sostiene que los hechos investigados en el caso Vialidad ya fueron juzgados en el sur. Si la Corte declarara que existe "cosa juzgada", todo el caso caería.

En esa causa se incorporó un peritaje que, según el perito designado por la fiscalía, señaló la existencia de sobreprecios en cinco de 51 los contratos bajo sospecha. El material todavía no fue abordado en el juicio oral, que se reanuda hoy y está en la etapa de declaraciones testimoniales.

Como parte de su estrategia de defensa, Cristina sugirió a ese tribunal que se hiciera una auditoría no de los contratos adjudicados a Báez en Santa Cruz, sino de toda la obra pública adjudicada a lo largo de los tres gobiernos kirchneristas.

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