Un proceso construido con paciencia para garantizar la impunidad de Carlos Menem

Pocas causas judiciales demandaron tantos esfuerzos hasta alcanzar la impunidad como la del contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador, y buena parte del mérito es de la Justicia, que, salvo la etapa inicial en el fuero federal, demoró y trabó cuanto pudo, regalándose a sí misma el argumento con el que ayer Casación dejó todo en la nada: no se cumplió el principio del plazo razonable. Un perfecto y admirable círculo vicioso que pone al poder político por encima o al costado de la Justicia.

Las zancadillas comenzaron desde el mismo momento en que nació la causa, en marzo de 1995, en el fuero federal. La nota que dio origen al caso la había publicado LA NACION un mes antes. Primero se abrió una causa paralela en el fuero penal económico, hasta que este fuero se quedó con todo el expediente justo cuando el fuero federal había procesado a Carlos Menem y sus ministros por integrar una asociación ilícita. Políticos y columnistas políticos pusieron el grito en el cielo por considerar imposible la existencia de una mafia en el seno del Poder Ejecutivo. La Corte eliminó la asociación ilícita.

En los primeros tiempos, el intermediario Diego Palleros iba a declarar, pero las amenazas lo forzaron a huir ocho años por las islas del Pacífico. Cuando decidió volver, su voluntad era declarar. Me lo confirmó en el avión en el que regresamos de Montevideo tras una entrevista, pero en el Aeroparque subieron los policías y se lo llevaron al juzgado. En aquellos pasillos donde se escribe una buena porción de nuestra historia contemporánea alguien le susurró que se callara la boca. Un vergonzoso y largo juicio oral sobreseyó a todos, pero luego se los condenó.

Las muertes también cumplieron un papel disuasivo: el marino Horacio Estrada y su falso suicidio, como el de Lourdes Di Natale, exsecretaria de Emir Yoma, que aportó valiosas pruebas y murió tras ser arrojada al vacío por la ventana de su departamento. Tenía que declarar en la causa del atentado a Fabricaciones Militares de Río Tercero, otro cruel enjuague de la causa de las armas, pues alguien voló parte de la ciudad cordobesa para destruir pruebas del contrabando.

Luego, nuevas apelaciones, nuevas dilaciones y, por fin, la vergüenza de este fracaso judicial paciente y laboriosamente construido.

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