Un pequeño feudo kirchnerista, donde solo hay 15 abogados matriculados, albergará una Cámara de Apelaciones clave

EL CALAFATE.- Un pequeño feudo kirchnerista gobernado por la familia del intendente Bodlovic, será la sede de Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, un estratégico tribunal que tendrá competencia sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego para el cual el Consejo de la Magistratura acaba de aprobar tres ternas de candidatos a camaristas. La localidad de 10 mil habitantes, distante a 240 km de la capital provincial, registra solo 15 abogados matriculados de los cuales 6 tienen el título bloqueado. Por si fuera poco, el predio destinado para la sede luce tan vacío como en 2015.

Desde 1999 la familia Bodlovic marca el compás de los 10 mil habitantes de la localidad, ejerciendo un férreo poder basado en un estado omnipresente con un esquema clientelar, que genera adhesiones y temores. La ciudad saltó a la fama en febrero pasado cuando el intendente Federico Bodlovic, su padre José –y actual diputado provincial del Frente de Todos- su esposa, su madre, el chofer y sus funcionarios más cercanos fueron inoculados contra el COVID-19 salteándose los turnos y se convirtieron en los primeros “vacunados VIP” del país.

A finales del 2015, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto del senador Pablo González — hoy presidente de YPF- para la instalación de una Cámara Federal de Apelaciones en esa ciudad, pese a los cuestionamientos de abogados locales, del Consejo de la Magistratura y de diputados de la oposición que consideraron su instalación como un gesto de oportunismo político, y cuestionaron por no representar un mecanismo acertado para garantizar la accesibilidad a los servicios de justicia.

Ahora, la traba en el Consejo de la Magistratura cedió, luego que consejeros opositores apoyaran una iniciativa del oficialismo y aprobaran tres ternas para nombrar los jueces destinados a esa Cámara, un estratégico tribunal para el kirchnerismo al cual deberían recaer todas las causas en las que estén o puedan estar involucrados funcionarios del gobierno nacional que tienen sus domicilios en Santa Cruz, o bien aquellos que ejerzan sus cargos en la provincia, dependiente del Gobierno nacional.

Consultada por LA NACION, la Asociación de Abogados de Río Gallegos reiteró su postura crítica a la creación de esta nueva Cámara en Piedra Buena porque consideran que su creación responde solo a intereses políticos, y no solo no implica una mejora en el servicio de administración de justicia, sino que causará mayores inconvenientes a los ya existentes.

“El avance de la Cámara de Piedra Buena es parte de un proyecto que solo tiene en consideración intereses particulares de quienes han ejercido el poder político en Santa Cruz durante estos últimos 30 años, resultando evidente que su propósito no es mejorar la administración de justicia, sino que busca tener injerencia en quienes serán los jueces que deberán resolver — vía recursiva- contra las decisiones de los Juzgados de Instrucción y Contenciosos por causas federales que se inicien en Calafate, Rio Turbio Río Gallegos, Caleta Olivia y Tierra del Fuego”, asegura el abogado Javier Stoessel, presidenta de una de las dos entidades que nuclea a los abogados de Río Gallegos.

El feudo kirchnerista

Ubicada a la vera de la Ruta Nacional 3, y en la margen norte del río Santa Cruz, en Piedra Buena por estos días miran con más entusiasmo la reactivación de las represas sobre el río Santa Cruz que la instalación de una Cámara de Apelaciones. Sin embargo, no es menor la estructura que requerirá. La Cámara debería designar 44 personas para que funcione la nueva estructura: tres jueces de cámara, un fiscal de cámara y un defensor público, todos con sus respectivos equipos de trabajo conformados por secretarios, prosecretarios, oficiales, personal auxiliar y maestranza.

Sin aeropuerto comercial, casi sin jueces y con 15 abogados matriculados — de los cuales seis tienen el título bloqueado- según el registro oficial del Tribunal Superior de Justicia consultado hoy por LA NACION, de los nueve abogados restantes, solo seis están en el ejercicio pleno de la abogacía: uno está abocado a la docencia, otra al frente de un comercio destacado y el tercero de viaje, de acuerdo a lo que pudo reconstruir LA NACION a partir de fuentes locales. Este pueblo será el depositario de los secretos judiciales más importantes del kirchnerismo cuando finalmente se establezca la Cámara.

La jurisdicción territorial comprenderá Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y será tribunal de alzada para los juzgados federales con asiento en estas provincias, que hasta ahora remitían sus causas y expedientes a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

Quienes aquí sean designados tendrán una ventaja que envidiarán quienes se dedican a la pesca: es que la localidad es considerada la “Capital Nacional de la Trucha Steelhead”, por ser uno de los lugares del país donde se pueden encontrar esta variedad de truchas “cabezas de acero” en mayor cantidad y tamaño. La especie se caracteriza por su gran tamaño y agresividad, lo que hace que su captura sea un gran reto para los amantes de la pesca.

En 2015, el intendente José Bodlovic — su hijo lo sucedió en el cargo- había cedido un predio en el acceso sur de la ciudad para que se construya la sede de la Cámara Federal. Tan seguro estaba de que iba a salir el proyecto que donó el terreno antes de que tuviera la aprobación de Diputados la creación de la Cámara. En 2015 LA NACION retrató el terreno alambrado sin construcción. Según constató este medio hoy, seis años después, está igual.

En el pueblo hay un Juzgado de Paz -cargo ocupado por Bernardita Manucci, esposa del intendente-, y el Juzgado Provincial de Primera creado en 2012 está cubierto por Renato Manucci, -el cuñado del intendente- pero no cuenta con ningún Juzgado Federal de Primera instancia federal, lo cual según la Asociación de Abogados complicaría aún más los trámites.

“Se generará un dispendio administrativo, económico y jurisdiccional irrazonable, ya que todas las causas federales que se susciten en el ámbito de Río Gallegos, Piedrabuena, El Calafate y Río Turbio se concentrarían en Primera Instancia en Río Gallegos, para luego trasladar todo el movimiento desde Río Gallegos a Piedra Buena — incluidos letrados y partes, en el supuesto de audiencias-, lo que redundará en demoras innecesarias en las tramitaciones, y un mayor costo para los justiciables”, explicó Javier Stoessel a LA NACION.

En los fundamentos del proyecto que impulsaron esta Cámara se incluyeron las grandes distancias que deben recorrer los expedientes y causas. Y citan las distancias que hay entre Comodoro Rivadavia y Ushuaia (1410 km), Río Grande (1130) y Río Gallegos (783 km), y fundamentan la ubicación estratégica de Piedra Buena como para los demás juzgados.

Para la Asociación de Abogados, lejos de solucionarlo, generará mayores inconvenientes. “Por ejemplo, para llegar desde Tierra del Fuego tendrían que trasladarse en avión hacia la ciudad de Río Gallegos, y luego vía terrestre 240 kilómetros hasta Piedra Buena. Se agrava esta situación si se advierte que desde la ciudad de Río Grande y Ushuaia hacia Río Gallegos no existen hoy vuelos de línea regulares; habiéndose privilegiado políticamente la comunicación con la localidad de El Calafate, que se encuentra a una distancia de 540 kilómetros vía terrestre de Piedra Buena. Se deberá considerar además que en época invernal el tránsito terrestre puede verse complejizado. Es decir, en todos los casos, el acceso a la ciudad de Comodoro Rivadavia es más simple y rápido que a la ciudad de Comandante Luis Piedra buena”, detallan desde la Asociación de Abogados.

“Se agrava esta situación si se advierte que desde la ciudad de Río Grande hacia Río Gallegos solo existen cuatro vuelos mensuales, y que no existen en la actualidad vuelos regulares desde Ushuaia hacia Río Gallegos”, fundamentan en la nota firmada por Stoessel, presidente de la Asociación de Abogados de Río Gallegos. Y mencionan que una situación de agravamiento particular se generaría respecto de las tramitaciones ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la localidad de Caleta Olivia. Hoy depende de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, distante a 80 kilómetros, en tanto que la separan más de 400 km de la ciudad de Piedra Buena.

“El avance de la Cámara de Apelaciones en Comandante Luis Piedra Buena no responde a un criterio de buena administración de justicia y de los recursos estatales, pues no solo no soluciona los inconvenientes de acceso a la justicia, sino que genera mayores inconvenientes y además le quita coherencia al sistema federal de administración de justicia”, aseguró Stoessel.

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