“Un pacto de impunidad”: duros cuestionamientos en el Senado a Ariel Lijo, el candidato de Javier Milei para la Corte
Referentes de entidades académicas y jurídicas advirtieron que el juez federal no reúne las condiciones morales ni profesionales para integrar el máximo tribunal; los pedidos al Presidente
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Juristas y referentes de organizaciones profesionales y no gubernamentales advirtieron sobre el riesgo institucional que implicaría la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia y le reclamaron a los senadores que rechacen la postulación del juez federal por considerar que no reúne las condiciones morales y la idoneidad profesional necesaria para integrar el máximo tribunal de Justicia de la Nación.
A escasas horas de que Lijo se presente este miércoles ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su nominación, el Salón Azul del Congreso se convirtió en caja de resonancia de los duros cuestionamientos que pesan sobre el juez federal, propuesto por Javier Milei para ocupar el sitial que quedó vacante con la renuncia, en 2021, de Elena Highton de Nolasco.
“Lijo no puede ser honrado con la magistratura más alta en el Poder Judicial, que debe ser un jurista de idoneidad técnica comprobada y deber ser de reputación ejemplar; sin embargo, la orfandad curricular del juez lijo lo descalifica per se”, sentenció Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Igual de lapidario fue el jurista Eduardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, quien dijo que “nombrar a un juez como Lijo es una acción política de un pacto político de impunidad”.
Los duros cuestionamientos a uno de los candidatos propuestos por el Gobierno para integrar la Corte Suprema, el otro es el catedrático Manuel García-Mansilla, se escucharon durante la jornada “Responsabilidad de impartir justicia en la nueva Argentina”. El encuentro fue organizado por el senador Francisco Paoltroni (Formosa) que, a pesar pertenecer al oficialismo, se ha declarado un ferviente opositor a la postulación del juez federal; fue moderado por María Eugenia Talerico, de la fundación Será Justicia, y contó con la presencia de juristas como Delia Ferreira Rubio (extitular de Transparencia Internacional) y la juez de la Corte Suprema de Mendoza María Teresa Day.
“No sé quién le dijo al Presidente que este señor [por Lijo] tenía que ser juez de la Corte, pero todavía estamos a tiempo y apelo a la responsabilidad de todos mis colegas”, reclamó el senador formoseño en el cierre de la reunión, en medio de los aplausos de los presentes, entre los que se encontraban Norma Morandini, María Eugenia Estenssoro y los diputados nacionales Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).
En la misma línea que el legislador se expresó Ferreira Rubio, quien calificó como “un error” del Gobierno el envío del pliego del juez federal y que criticó el accionar del ministro del Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al recomendarle al Gobierno que avanzara con la postulación a pesar de las más de 300 impugnaciones que recibió el candidato cuando su nominación fue expuesta a la opinión ciudadana por el Poder Ejecutivo.
“Esperemos que todos estemos a la altura de la responsabilidad. Las decisiones que tomen no sólo afectarán a la Corte sino al sistema de justicia en su totalidad”, advirtió la catedrática, en dirección a los senadores, antes de asegurar que con la designación de Lijo en la Corte “está en juego la confianza en la Justicia, la legitimidad del Poder Judicial, la seguridad jurídica y, por lo tanto, la posibilidad de inversiones”.
Tras destacar que “la falta de integridad y las sospechas afectan la confianza pública”, Ferreira Rubio hizo hincapié en la calidad moral del juez federal al afirmar que “este es el problema central que tiene el abogado Lijo”, antes de advertir que con su incorporación al máximo tribunal “generaría sospechas sobre todas y cada una de las decisiones que adopte la Corte”.
Por su parte, Alfredo Vitolo, presidente del Foro sobre Administración de Justicia (Fores), reconoció que le elección de un juez para la Corte es una decisión política, pero destacó que eso “no significa que sea arbitraria o discrecional”, tras lo cual señaló que la designación debe ser regida por “dos elementos esenciales: la idoneidad técnica, y la existencia de valores éticos irreprochables”.
En ese sentido, Vitolo se preguntó: “¿Puede ser designado juez de la corte quien ha sido objeto de mal desempeño, quien no ha dado explicaciones públicas sobre los orígenes de sus bienes, quien es señalado por sí o por sus familiares como operador en la justicia, quien tiene los peores índices de gestión y quien demuestra modestísimos antecedentes académicos?”.
A su turno, Garay habló sobre la “mala reputación” de Lijo como juez federal con la que muchos abogados impugnaron su candidatura. Las calificó como “un catálogo de verdades objetivas que explican por qué el Senado no debe prestarle acuerdo” para sumarse a la Corte Suprema.
“Esa mala reputación fue granjeada por su mal desempeño como juez federal, triste fama a raíz de su morosidad. Demoras injustificables, en algún caso por más de 10 años”, agregó el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, antes de rematar: “Estas demoras no son inocentes, a alguien perjudican y a alguien siempre benefician”.
La jueza de la Corte de Mendoza María Teresa Day centró sus críticas en la decisión del Poder Ejecutivo de no nominar a una mujer para el máximo tribunal de Justicia de la Nación.
“No está bien que en la Corte no haya mujeres. Es indispensable que una mujer integre nuestro tribunal superior”, afirmó Day, antes de abogar por la sanción de una ley que fije una cuota de género.
En ese sentido, la magistrada destacó que la Cámara alta está compuesta por 33 mujeres, sobre un total de 72 miembros, y que el género femenino es mayoría en la Comisión de Acuerdos, que es la debe definir en primer término si acepta el pliego de Lijo.
“El Senado hoy tiene 33 mujeres y 39 varones pero se requieren 48 senadores para el acuerdo; es decir que sin las mujeres no van a pasar los pliegos”, afirmó Day. “Es más, en la comisión, que está compuesta por 17 miembros, nueve son mujeres; en esas mujeres está la responsabilidad de que haya una mujer”, remató.
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