Un organismo de la Federación de Colegios de Abogados rechazó la marcha contra la Corte
Dijo que la manifestación es violatoria de la Constitución, que lesiona la independencia judicial y constituye una intimidación
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El Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) expresó su rechazo y preocupación por la manifestación que el kirchnerismo convocó para el 1° de febrero con el fin de reclamar la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y advirtió que es violatoria de la Constitución, lesiona la independencia judicial y constituye una intimidación.
En un comunicado firmado por su presidente, Fernando Díaz Cantón, el Instituto de Estudios Legislativos de la FACA señaló que el estado de derecho implica ajustarse a la Constitución, que establece reglas para la remoción de los jueces de la Corte a través de una acusación por parte de la Cámara de Diputados por mal desempeño, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, y luego de un juicio ante la Cámara de Senadores.
Por eso señaló el organismo que exigir la renuncia de los jueces de la Corte mediante una manifestación de “personas que se atribuyen los derechos del pueblo” implica “violar las reglas constitucionales”. Dijeron que es lo mismo que se pretenda la renuncia del presidente o de algún legislador mediante ese mecanismo.
“La libertad de expresión tolera las manifestaciones de cualquier naturaleza, pero esta clase de expresiones alientan al desprecio de las normas constitucionales en un punto tan delicado como la permanencia en el cargo de sus gobernantes legítimos”, advirtieron los letrados.
Repasaron además que en el caso de la Corte Suprema, “las reuniones de ese tipo lesionan la independencia judicial”, pues se tratan de “intimidaciones o condicionamientos para el desarrollo” de la tarea de los magistrados.
“La independencia solo se garantiza y asegura si las y los jueces están sometidos solo a la Constitución y a la ley, completamente libres de cualquier otro tipo de presión que amenace su inamovilidad por fuera de los cauces establecidos en la ley fundamental”, afirmaron.
Las autoridades del Instituto de Estudios Legislativos son los abogados Díaz Cantón, Gabriela Tozzini, Ricardo Gil Lavedra, Hector Méndez, Juan Formaro, Fabiana Malatesta, Miriam Ivanega, Alberto Ruiz de Erenchun, Maximiliano Torricelli, Ricardo Cornaglia, Pablo María Garat, Miguel Oscar Berri, Marcela Basterra y Carlos Vásquez Ocampo.
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