Un ministro de Chubut acusó de “inacción” al Gobierno ante las usurpaciones en la Cordillera
Apuntó directamente contra la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; denunció que hay connivencia con intendentes de la región; y señaló a un diputado nacional que integra La Cámpora
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ESQUEL.- En medio del anuncio de un operativo previsto para este miércoles en la Cordillera de Chubut, el ministro de Seguridad de esta provincia, Federico Massoni, reavivó el fuego de la polémica con el gobierno nacional y responsabilizó de las mil usurpaciones y el vandalismo en las tierras arrasadas por las llamas en marzo último, a la “inacción” de su par a nivel nacional, Sabina Frederic.
Desde Esquel, Massoni anticipó que el miércoles habrá un operativo policial a la salida del Parque Nacional Los Alerces -en donde se registraron incidentes y toma de tierras-, como también en la zona de Las Golondrinas, donde ocurrió el incendio meses atrás. “Vivían 150 personas y hoy hay 1.000 ocupantes que no los conoce nadie”, advirtió el funcionario.
Massoni, que el sábado será oficializado para encabezar la lista de candidatos a senadores por Chubut Somos Todos, el partido del gobernador Mariano Arcioni, reiteró sus críticas a Frederic, a quien acusó directamente por la inacción de las fuerzas federales para actuar ante la usurpación de tierras y vandalismo en el Parque Nacional Los Alerces, donde también se denunciaron ataques a guardafaunas.
Además, mencionó las ocupaciones en áreas que fueron recientemente arrasadas por el fuego y señaló una presunta connivencia de referentes del gobierno nacional en la zona, entre quienes mencionó al diputado nacional por Chubut y referente de La Cámpora, Santiago Igón. “Nosotros no tenemos competencia dentro del Parque porque es de jurisdicción nacional y nos encontramos con inactividad total por parte de las fuerzas seguridad nacional por los hechos ocurridos”, disparó Massoni.
El funcionario provincial aseguró que “hay muchísimas denuncias de guarda-faunas heridos o golpeados”, además de mencionar la rotura de un puente y vehículos de tales agentes. “Vamos a establecer control fuera del parque las 24 horas. No vamos a controlar quién ingresa, pero sí quién sale del parque hacia el territorio chubutense”, explicó.
Agregó que “este parque es patrimonio de la humanidad, nos rasgamos las vestiduras para esa declaración, pero luego no hay acción para cuidarlo porque la política del Ministerio de Seguridad de Nación no se condice con la nuestra política provincial. Nosotros no podemos ir contra las usurpaciones dentro del parque, ni tampoco contra los hechos violentos y vandálicos que han realizado”.
CONTROLES
También cuestionó que Gendarmería nacional tiene la orden de no intervenir, por lo que responsabilizó directamente al Ministerio de Seguridad. “Ni siquiera hacen rondines”, precisó. Y agregó: “No tengo competencia adentro del Parque, pero sí afuera. En el ingreso y salida. El ministerio de Seguridad de la Nación los puede dejar hacer sus troperías, pero nosotros no lo vamos a permitir. Es asqueroso que tengan esa impunidad. Los chubutenses que tienen las tierras lo están sufriendo”.
“Es un delito en flagrancia y se debe llevar a quienes lo están cometiendo ante un juez, pero no se hace porque el Ministerio de Seguridad de Nación y la misma ministra Frederic justificaba en un momento las usurpaciones en Buenos Aires”, añadió Massoni.
Massoni también anticipó que el miércoles habrá un operativo para identificar a quienes ocuparon tierras en el llamado Loteo 26, en Las Golondrinas, donde “antes del incendio vivían 150 personas y ahora hay más de 1.000. Los mismos pobladores del lugar nos dicen que están podridos de sufrir robos… vamos a ir a identificar quiénes son y de dónde vienen, si tienen pedidos de captura o no”.
También apuntó sus críticas contra intendentes de Lago Puelo y el Hoyo, por “beneficiar a quienes usurpan tierras dándoles conexiones de agua. Esto es legitimar las usurpaciones de tierra”. Para el ministro, la mayoría de los ocupantes son de Río Negro y la provincia de Buenos Aires, además de que “hay algunos de Comodoro Rivadavia y también de la misma zona”. También apuntó contra legisladores nacionales, entre los que identificó a Santiago Igón, por propiciar “este tipo de acciones políticas. Un problema habitacional no se soluciona con usurpaciones”, manifestó.
“No hay que confundirse: no se trata de pueblos originarios, sino de delincuentes. Los delincuentes pueden ser de pueblos originarios, pueden ser galeses o chubutenses, no tiene que ver con el lugar de procedencia”, enfatizó.
POLÉMICA
Los hechos tras el fuego que arrasó parte de la Cordillera chubutense también tuvieron como escenario los graves incidentes que involucraron al presidente Alberto Fernández, increpado por un grupo de activistas en su última visita a Chubut. En las últimas horas se sumó la denuncia penal, promovida por un ex funcionario municipal, contra el intendente de Lago Puelo, en relación al manejo de fondos por la emergencia desatada durante el siniestro.
La denuncia involucra a Augusto Sánchez por compras millonarias sin autorización durante los incendios y por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos destinados para los incendios forestales que se originaron el 9 de marzo y que dejaron miles hectáreas consumidas y familias sin vivienda.
El exsecretario de Coordinación de la Municipalidad de Lago Puelo, Ramiro Ibarra, denunció al actual intendente por “incumplimiento de deberes de funcionario público” a partir de una serie de irregularidades en compras con fondos destinados a los incendios forestales. La denuncia sostiene en su texto que tanto Sánchez como el viceintendente, Alejandro Marques, y otros funcionarios del gabinete, incurrieron en el gasto de una suma millonaria sin la debida autorización del Concejo Deliberante y sin proceder a una licitación pública.
El ex funcionario municipal pidió que la Justicia investigue para que la comunidad “sepa la verdad de que se hizo con esos fondos”. Y además cuestionó una serie de irregularidades cometidas por el Ejecutivo Municipal, como el incumplimiento de plazos en entrega de módulos habitacionales, defectos en la construcción, carencia de información y manejo poco transparente del presupuesto. “Evidentemente hay un modus operandi que está claro, que es manejar discrecionalmente los fondos”, concluyó.
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