Un menemista empedernido

Rodolfo Carlos Barra, el hombre de barba candado y elegante pipa Dunhill colgando de los labios, acaba de resucitar de la muerte política. Esta figura emblemática del menemismo, frustrado espadachín de la pelea por la segunda reelección, recaló en la Auditoría General de la Nación. Y el Gobierno tendrá que acostumbrarse ahora a convivir con su presencia.

No será una tarea fácil.

Aunque en los últimos años a Barra le fue mejor con sus funciones privadas que con sus cargos públicos, su imagen de menemista siempre listo será el sobrepeso que tendrá que arrastrar.

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Barra tiene 51 años, es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en derecho administrativo.

Su currículum oficioso ("Nadie habla de él", se queja) abunda en conferencias dictadas en el país y en el exterior, en la participación en seminarios diversos y en la mención de trabajos publicados en revistas especializadas. Profundamente religioso y vinculado con el Opus Dei, casado con Lidia Barbieri y padre de tres hijos, llegó al gobierno el 10 de julio de 1989, de la mano de Roberto Dromi, para ayudar a pilotar las privatizaciones desde el Ministerio de Obras Públicas.

Fue el comienzo de una maratón como funcionario, que tuvo sus más y sus menos. De Obras Públicas pasó a Interior, de la cartera política a la Corte Suprema y de allí, en 1994, al sillón de ministro de Justicia.

En junio de 1996 una publicación periodística reveló parte de su pasado, y el ministro se tuvo que ir en medio de un escándalo. Lo que se publicó era que, en su juventud, Barra había integrado la organización filonazi Tacuara y no parecía lo más prudente que un hombre con esos antecedentes fuera ministro de Justicia en un país donde habían ocurrido dos gravísimos atentados contra la comunidad judía. Entonces Barra se disculpó tibiamente ("Si fui nazi, me arrepiento") y regresó a su estudio de abogado.

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Hasta ese momento, de la gestión pública de Barra habían quedado ciertos hitos inolvidables.

Como ministro había intentado aplicar la ley mordaza contra el periodismo, que proponía aumentar las penas por calumnias e injurias; la ley anticorrupción, que prohibía publicar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, y una ley que permitía a la policía requisar y secuestrar elementos sin autorización judicial.

Como miembro de la Corte le había tocado observar, expectante, casos como el narcogate y otros que involucraban a Gregorio Perez Companc (para quien había trabajado antes de ser funcionario), a Alberto Pierri, a Juan Carlos Rousselot y a José Alfredo Martínez de Hoz.

Su papel más relevante, con todo, lo había cumplido a partir de 1993, cuando puso su sabiduría académica al servicio de la reforma constitucional que le permitiría a Carlos Menem ser reelegido presidente. Pero cuando se supo lo de su militancia en Tacuara, ni aquellos servicios prestados lo pudieron salvar.

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En el caso de Barra parece haberse cumplido con creces el refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. Desde que abandonó el Ministerio de Justicia, el ex funcionario fue abogado de la Secretaría Nacional de Comunicaciones, colaborador del senador Jorge Yoma, consultor de Siemens (que ganó la licitación para confeccionar los DNI) y asesor jurídico del entonces jefe de Gabinete Jorge Rodríguez.

Sin embargo, para este ultramenemista que había tenido que dejar el gobierno por la puerta de atrás, el gran premio fue haber conseguido el asesoramiento a la empresa Aeropuertos 2000, de Eduardo Eurnekian.

Sobre todo, porque la empresa ganó la licitación de las estaciones aéreas y porque, en 1998, Rodolfo Barra se hizo cargo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), que debía controlarla.

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Hace poco más de un mes, un resumen contable del PAMI, al que tuvo acceso La Nación , comprobó que el estudio jurídico Demaría, Fernández Cronenbold & Barra había sido contratado para orientar a la obra social de la institución en cuestiones referidas a créditos internacionales y a la selección de prestadoras.

En carta a este diario, el doctor Fernández Cronenbold explicó que el ex ministro no desarrollaba tareas profesionales en el bufete, pero la aclaración no alcanzó para transformar a Barra en un hombre potable para la Alianza.

La gota que rebasó el vaso llegaría días después, cuando con un mes de anticipación sobre lo que corresponde, el Partido Justicialista designó a Rodolfo Barra para suceder a Enrique Paixao en la Auditoría.

La designación tenía sus bemoles. Primero, porque la firmaban Carlos Ruckauf y Alberto Pierri, quienes en la fecha en que Barra debía asumir ya no serían los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente.

Y segundo, porque a primer golpe de vista el nombramiento designaba a un hombre que al haber asumido en el Orsna había violado la ley de ética pública, que en su ar- tículo 14 expresa: "Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción en las privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos tendrán vedada su actuación en los entes y comisiones reguladoras de esas empresas o servicios".

Ahora, la guerra ha comenzado.

La semana última, el día que Antonio Cafiero le tomó juramento como auditor general de la Nación, Barra habló brevemente con los periodistas que estaban en la Cámara alta, y les dijo: "Yo voy a auditar los actos de gobierno posteriores al 10 de diciembre. Los anteriores ya los auditó el doctor Paixao".

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