Un juez le ordenó a Sandra Pettovello que envíe el relevamiento que hizo sobre los comedores comunitarios

El juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials le ordenó al ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello que rectifique la respuesta que dio frente a un pedido de acceso a la información y entregue una copia del informe elaborado por la cartera en el que se afirma que casi la mitad de los comedores registrados no existía, según sostuvo en mayo el exjefe de Gabinete Nicolás Posse en su informe de gestión.

El fallo del juez Cassyals es en respuesta a un amparo que presentó la diputada nacional de Unión por la Patria, Natalia Zaracho -que responde políticamente al dirigente social Juan Grabois- y se enmarca en la disputa que los movimientos sociales mantienen desde diciembre con el Gobierno por la distribución de alimentos para los comedores. La inexistencia de muchos de ellos fue uno de los argumentos que esgrimió el Gobierno para justificar el freno en el reparto de mercadería al inicio de gestión.

A través de un pedido de acceso a la información pública, Zaracho solicitó en mayo una copia del informe de la auditoria que el Gobierno realizó sobre los comedores, en el cual se afirmaba que casi el 50% de ellos no existía. Fue luego de que el exfuncionario Posse se refiriera a dicha documentación en su informe de gestión de aquel mes.

El ministerio pidió una prórroga del plazo para aportar la documentación solicitada, que incluía los formularios de relevamiento en los comedores, y tras ello, ofreció una respuesta que dejó inconforme a Zaracho, que activó el amparo al que el juez Cassyals dio lugar este viernes.

“Indudablemente, la ambigüedad de la respuesta se desprende a poco de comparar el contenido de la solicitud de acceso y lo que, en efecto, la accionada resolvió informar y denegar”, sostuvo el magistrado.

“Se limitó a describir el funcionamiento del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, las dificultades del Ministerio para realizar el relevamiento de los comedores y la implementación de algunos programas. Nada dijo en punto al informe de auditoría requerido por la señora Zaracho, y al que hizo referencia el entonces Jefe de Gabinete de Ministros. De allí, la ambigüedad de la respuesta estatal que resuelve ‘informar’, pero, en los hechos, nada informa respecto de la solicitud de su presentación”, agregó.

Por ello, el juez declaró nula aquella respuesta y le ordenó al ministerio que “proceda a su sustitución mediante la emisión de un acto acorde con el ordenamiento jurídico”.

Fuentes del área de legales del ministerio justificaron la entrega “parcial” de la información solicitada sobre la base de la denuncia que activaron por mayo a raíz de la irregularidades que detectaron en los comedores. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Brindar la información podía entorpecer la investigación legal en curso”, explicaron.

En septiembre, el presidente Javier Milei dictó un decreto por el cual estableció ciertas restricciones en la ley de acceso a la información pública, sancionada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

Es el segundo dolor de cabeza que la normativa le genera al Gobierno por el tema alimentario: en mayo contestó un acceso a la información pública en el que reconocía que mantenía almacenados 5 mil toneladas de alimentos en los depósitos del ministerio de Capital Humano.

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