Un juez habilitó la feria judicial para tratar un reclamo de organizaciones sociales para el reconocimiento de 63 comedores

En medio de su larga disputa con el Ministerio de Capital Humano por el reparto de alimentos, y luego de haber logrado la validación de más de 60 comedores comunitarios, el Centro de Estudios Legales (CELS) y las organizaciones sociales nucleadas en la UTEP –uno de cuyos referentes es Juan Grabois– redoblaron la apuesta, y solicitaron ante la Justicia que ese reconocimiento alcance a un nuevo grupo de 63 comedores. El juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico accedió ayer a tratar ese pedido durante la feria judicial.

“Los argumentos esgrimidos para fundamentar la solicitud de habilitación de la feria judicial revisten suficiente entidad como para disponer la medida excepcional requerida”, sostuvo el magistrado en su resolución. “La demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos”, agregó el juez.

El nuevo reclamo de las organizaciones sociales busca el reconocimiento de 63 comedores comunitarios pertenecientes a la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (Faccyr). “Se encuentran registrados en el Renacom [registro de comedores] y aunque presentaron toda la documentación requerida y solicitaron la renovación del Convenio para dar continuidad a las prestaciones alimentarias que venían recibiendo a lo largo de los años [...], no tuvieron respuesta de parte del demandado”, dice el escrito que presentó el abogado de las organizaciones sociales, Nicolás Rechanik.

“En el marco del cumplimiento de la medida cautelar firme dictada en autos el pasado 12 de julio, solicitamos se intime al Ministerio de Capital Humano de la Nación a la adopción de las medidas administrativas necesarias para la inscripción [...] en el programa Alimentar Comunidad”, dice el texto, en el que se asegura que estos centros han “cumplido con todos los requerimientos del convenio marco firmado en el 2023 y han intentado de manera infructuosa acceder a las líneas de financiamiento del actual Ministerio”.

El funcionamiento de la mayoría de los comedores que se reparten a lo largo y ancho del país dependía en buena parte de las organizaciones sociales, que oficiaban de nexo con el Estado en el reparto de alimentos. Desde las primeras horas de gestión, entraron en un enfrentamiento abierto con el Gobierno, que resolvió en diciembre iniciar un proceso de transición hacia un nuevo esquema de asistencia directa en los comedores y frenó el reparto de mercadería.

“Los comedores nucleados en estas organizaciones cumplieron con sus deberes y presentaron toda la documentación solicitada para avanzar con las renovaciones de los convenios y asegurar la continuidad de las políticas involucradas en cada caso”, dicen las organizaciones en el último documento presentado ante la Justicia.

“Sin embargo –agregan–, no recibieron respuesta por parte del demandado, ni opciones alternativas para dar continuidad a las prestaciones. Esta omisión violatoria del derecho a la alimentación, motivó el inicio de esta acción judicial y el posterior dictado de la medida cautelar firme.”

Ahora, tras la habilitación de la feria, Lavié Pico deberá resolver la cuestión de fondo. El juez en lo contencioso administrativo resolvió a principios de diciembre reconocer la inscripción de 66 comedores pertenecientes a la Asociación el Amanecer de Los Cartoneros al programa alimentario del Gobierno.

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