Un juez denunciado, un abogado condenado y el juego de la mancha venenosa detrás del avión con los iraníes

El avión venezolano, con cinco iraníes en su tripulación y una denuncia de Estados Unidos por actividades terroristas, había aterrizado en Córdoba sin inconvenientes, saltado a Buenos Aires sin problemas, presentado cinco planes de vuelo distintos, aprobados sin objeciones, y todo eso durante dos días de alegre actividad, del 6 al 8 de junio, que transcurrieron sin que se encendiera ninguna alerta de los servicios de seguridad o de inteligencia de la Argentina. Nadie dijo nada. Ni la Policía Federal. Ni la Agencia Federal de Inteligencia. Ni Migraciones. Nadie.

Alcanzó que quisiera apoyar sus ruedas en Montevideo, proveniente de Buenos Aires, para que en Uruguay aparecieran las alertas. El ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, explicó después que tomó la decisión de impedirle aterrizar porque el Ministerio del Interior de su país tenía informes de agencias extranjeras que advertían sobre los riesgos del avión. No le dejaron ni tocar tierra. El vuelo con los venezolanos e iraníes a bordo regresó entonces el 8 de junio a Buenos Aires.

Recién entonces, al advertir que Uruguay se había negado a que aterrizara en Montevideo por motivos de seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), tomó la medida preventiva de retener los pasaportes a la tripulación.

La desconfianza de los sistemas de seguridad extranjeros hacia la Argentina, donde la saliente jefa de los espías, Cristina Caamaño, llegó a filtrar la identidad de decenas de espías y el espionaje se usa ilegalmente para guerras políticas, quebró los principales acuerdos de cooperación con las agencias extranjeras. Desde la crisis que desató la firma del pacto con Irán, el intercambió se redujo drásticamente.

El juez Federico Villena, quien recibió los pedidos de la oposición para que se investigue al avión venezolano y su tripulación porque tiene el aeropuerto de Ezeiza bajo su jurisdicción, es un conocedor insuperable de los rincones malolientes del espionaje ilegal. El magistrado fue acusado de darle cobertura legal a tareas de seguimiento de políticos locales y, mientras enfrentaba esas denuncias, intentó retener la causa por espionaje ilegal que lo tenía como protagonista. Era investigador y acusado al mismo tiempo.

En su recorrido profesional, Villena pasó de colaborar con sectores del macrismo a sintonizar con Leopoldo Moreau y dirigentes del kirchnerismo. Tal fue el salto hacia el kirchnerismo, que Cristina Kirchner se grabó camino a su juzgado para transmitir en vivo su visita a Villena: “Yendo a Lomas”, tituló el posteo, dos años atrás. Se ignora si la vicepresidenta ya sabía que el mismo juez que la citaba había ordenado las escuchas y el seguimiento en el Instituto Patria, su centro de estudios. El propio oficialismo tiene posturas enfrentadas sobre el magistrado.

Durante el macrismo, los vínculos con La Cámpora que había cosechado Villena terminaron de romperse. Ahora necesita reconstruirlos porque en el Consejo de la Magistratura enfrenta también una denuncia por ordenar que se le devuelvan a Karina Eva Moyano, la hija de Hugo Moyano, unos US$436.670 y $600.000 que se encontraban congelados y sujetos a investigación por presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico. Todavía no llegó al Consejo de la Magistratura otra denuncia que enfrenta por el presunto blanqueo de U$S400.000. Esa aún espera en la Justicia federal. Pero llegará. Y los votos camporistas son determinantes para mantenerse como juez.

Esa situación fue recordada por quienes advirtieron como, en su resolución del domingo, el juez se esforzó por exculpar a la Dirección de Migraciones de cualquier responsabilidad en las idas y vueltas del avión con los iraníes. Se trata llamativamente de una dependencia gubernamental que se encuentra bajo la órbita del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, el camporista que tiene a su hermano Gerónimo Ustarroz en el Consejo de la Magistratura. Toda muestra de amor hacia el Ministerio del Interior puede resultar inestimable para el futuro de Villena.

Ninguna agencia de seguridad ni de inteligencia llevó al juzgado alertas sobre el avión. Todo lo contrario, como reconstruyó el juez en su resolución, los organismos gubernamentales se esforzaron por mostrar que no estaba en sus manos la responsabilidad de retener a la tripulación. Miraron hacia el costado, como si se tratara de la mancha venenosa.

Irán no es un país más para la Argentina. La Justicia lo señaló como responsable de los dos mayores ataques terroristas sufridos por el país. Pero las alertas no sonaron.

Así como fluctuó en sus sintonías políticas, Villena también cambió de opinión frente al escándalo del avión: el domingo había dejado ir a los iraníes con la explicación de que no había motivo para impedirle la circulación. Hoy les retuvo los pasaportes. Esta causa también puede resultarle inestimable.

A la tripulación del avión venezolano la representa en la causa Rafael Resnick Brenner, un abogado con vasos comunicantes con el Instituto Patria que fue mano derecha de Ricardo Echegaray en la AFIP. Resnick Brenner fue condenado a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras considerarlo partícipe necesario de negociaciones incompatibles con su cargo público en la AFIP. A Villena, Resnick Brenner le pidió la “inmediata restitución” del Boeing 747 y que le devuelva los pasaportes a los iraníes. Por ahora no lo consiguió.

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