Un juez declaró inconstitucional la prisión perpetua y abrió una fuerte polémica en Mendoza

El fallo de un juez penal mendocino disparó la polémica acerca de la constitucionalidad de la condena a prisión perpetua en el país. La inédita y controversial decisión del magistrado Eduardo Martearena, al rechazar de plano la pena máxima prevista en el Código Penal, ocurrió luego de que un jurado popular declarara la culpabilidad de los acusados por un crimen narco, a quienes les correspondía ser sentenciados al menos a 35 años de cárcel.

Sin embargo, una vez que el cuerpo de 12 ciudadanos le acercó al magistrado la decisión, en lugar de aplicar la dura pena establecida para estos casos, sorprendió con el planteo de inconstitucionalidad, amparándose en tratados internacionales, que hacen hincapié en la resocialización de los internos y en la recomendación de menos años de encierro, entre otros argumentos. De hecho, para este caso puntual, el magistrado prevé una pena límite, que no supera los 25 años de cárcel. "No puedo imponerte una pena para resocializarte, y a la vez impedir que se te reintegre a la sociedad. Es un contrasentido del Estado. Encerrar para modificar una conducta, pero igual no te largo. Por su puesto que estoy en contra de cualquier castigo perpetuo", expresó el juez durante su exposición.

Por tal motivo, se realizará en los próximos días una "audiencia de cesura" para resolver la condena que finalmente recibirán los tres autores del asesinato de Juan Leandro Lucero (27) por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en un caso conocido como la "valija fúnebre", aunque ya quedó claro que tanto la defensa como el juez mantendrán la postura, por lo que desde la Fiscalía recurrirán a la Suprema Corte.

El polémico fallo no sólo causó sorpresa en los despachos de los altos mandos del Poder Judicial, dividiendo las opiniones, sino que fue un balde de agua fría para el Gobierno provincial, que mantiene una postura más ligada a la "mano dura". Es más, tras conocerse el planteo de Martearena, el gobernador Alfredo Cornejo cargó duramente contra el magistrado, a quien acusó de ser parte del ala "garantista" y kirchnerista de "Justicia Legítima". Asimismo, el jefe del Ejecutivo local aseguró que se trata de una "burla" hacia los mendocinos, y más aún en medio del proceso electoral, rumbo a las PASO del domingo.

En tanto, en diálogo con LA NACION, el reconocido abogado penalista, Ramiro Villalba, miembro del Directorio del Colegio de Abogados de Mendoza, defendió que se dé la discusión y que sea revisada por el máximo órgano judicial.

"Para qué está esa pena, ¿para castigar nada más o para resocializar?", se preguntó el especialista, y agregó: "Los pactos internacionales que suscribió la Argentina se expiden en el último sentido. Pero lo cierto es que el interés del reo también hay que compatibilizarlo con el de las víctimas y sus familiares. En el caso concreto, para ellas el mal sí es perpetuo ya que hubo una muerte". Por eso, el letrado destacó la importancia del debate. "Es una discusión apasionante para los que hacemos Derecho Penal pero que no puede ser ajena a la sociedad y sus intereses. Pero la sociedad la integran los condenados también", indicó el penalista.

Asimismo, consideró que no se trata de un fallo para cuestionar la puesta en marcha en Mendoza de los juicios por jurado, que se realizan sólo con este tipo de casos donde se debe aplicar la máxima pena, si hay culpabilidad. "No se objeta que el jurado popular siga diciendo si es o no culpable. La pena es competencia exclusiva y excluyente del Juez. El juicio por jurados de ninguna manera se ve conmovido", aclaró el especialista. Por tal motivo, le sugirió al Gobierno ser "cauteloso" ante la decisión de un juez. "Para cuestionarla existen los mecanismos institucionales; de hecho la Fiscalía va a recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza la decisión del Juez. Todos podemos opinar si nos gusta o no, pero es importante en un sistema republicano hacerlo con respeto. Entiendo que el juez falló con argumentos que se pueden compartir o no y desde su convicción. La oportunidad en la que recae el fallo puede estar dada por la casualidad también, mas no necesariamente tener intencionalidad política", completó Villalba.

Lucero, un "cuidacoches" mendocino fue hallado sin vida, calcinado, en los barrios del oeste de la comuna de Godoy Cruz. Se constató que se trató de un "ajuste de cuentas": fue asesinado a golpes, puesto en una valija y luego prendido fuego. Por el hecho, quedaron imputados Mariano Gutiérrez y los hermanos José y Abel Yañez, con quienes la víctima mantenía deudas por la venta de drogas, según se desprendió de la investigación.

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