Un informe de la ONU criticó la falta de control de las escuchas telefónicas

En medio de las filtraciones de escuchas telefónicas y la fuerte disputa sobre su validez, el relator especial sobre el derecho a la privacidad de Naciones Unidas, Joseph Cannataci, visitó la Argentina y evaluó la situación del derecho a la privacidad en el país, que se tradujo en un informe bastante crítico sobre el control del uso de las escuchas telefónicas y la excesiva cantidad de interceptaciones telefónicas.

Cannataci visitó la Argentina entre el 6 y el 17 de mayo pasado. Una semana después se difundieron las escuchas en las que presos kirchneristas aluden a la "operación PUF", en las que involucraron al empresario Lázaro Báez . Sin embargo, en los últimos años se produjeron numerosas filtraciones de escuchas telefónicas a personas privadas de su libertad o investigadas en causas de corrupción.

"Durante mi visita, he observado una falta general de confianza en los servicios de inteligencia de Argentina. Posiblemente debido a la historia reciente de Argentina, a una fuerte cultura de opacidad y a algunos casos de vigilancia ilegal muy publicitados, muchas personas en Argentina sospechan que están personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin supervisión ni vigilancia", señaló el relator especial.

Según mencionó en el informe, se interceptan unas 6000 líneas por mes, de las cuales 69 son escuchadas en directo desde la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). En 2018 -indicó- el número total de líneas interceptadas fue de 41.000. A la DAJuDeCO se la conoce como la oficina de escuchas.

El relator de la ONU fue especialmente crítico con la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia y sugirió la creación de un organismo que esté exclusivamente dedicado a las tareas de control. "Es insuficiente en la medida en que la Comisión no utiliza al máximo su capacidad jurídica ni posee los recursos para auditar a fondo el desarrollo de casos concretos, y tampoco tiene pleno acceso al contenido de cada expediente", dijo.

También señaló que los controles en la cadena de custodia sobre el contenido de las escuchas telefónicas es débil. "Considero que el sistema de vigilancia de Argentina también tiene varias vulnerabilidades inherentes que se derivan de: a) el uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delitos y no como el último recurso para los delitos graves; b) la debilidad de los controles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las interceptaciones; y c) la falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones", indicó. En el contexto de filtraciones de material que debiera haber sido destruido o preservado, este último punto tal vez sea uno de los más controvertidos.

Si bien durante el último tramo de la gestión de Cristina Kirchner la dirección de escuchas estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal, Mauricio Macri la trasladó a la órbita de la Corte Suprema cuando asumió como presidente. A mediados de 2016, Macri eliminó, a través de un decreto (656/16), el "Régimen de administración de fondos", y todos los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pasaron a ser reservados.

El informe del relator especial de la ONU, que mantuvo encuentros con el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y otras autoridades del país, también refiere a las bases de datos penales, a privacidad e infancia, al sistema de CCTV y reconocimiento facial, a la protección de datos y a datos de salud.

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