Un “hito” que debe ser confirmado por la Corte: los constitucionalistas respaldaron el fallo que ordenó llamar a declarar a Mario Firmenich

La decisión de la Cámara Federal de llamar a indagatoria al exlíder de Montoneros Mario Firmenich y reabrir la causa por la voladura del comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal durante el gobierno militar, al entender que el delito es imprescriptible, fue bien recibida por los constitucionalistas consultados por LA NACION, quienes resaltaron la importancia de darle nueva vida a la investigación para precisar qué ocurrió aquel 2 de julio de 1976 cuando una bomba, colocada por José María Salgado, dejó 24 personas muertas y 60 heridas. Los intentos por reabrir el expediente habían sido clausurados en dos oportunidades por la jueza María Servini.

Para el constitucionalista Vicente Sola, quien resalta al menos tres aspectos positivos del fallo firmado por los jueces de la Sala I, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el ida y vuelta alrededor de este caso en particular se monta sobre un problema general de fondo. “Las prescripciones de los delitos graves son muy cortas. Es un problema general, por lo tanto la estrategia de todo abogado penalista es dilatar”, considera.

Por un lado, el constitucionalista pone de relieve el intento de contar con plena información sobre el caso. “Es de una importancia primordial respecto al juicio de la verdad, algo que se debatía al comienzo de los juicios contra los militares”, dice. De igual manera ocurre en este caso: “Independientemente de la jurisdicción, las personas tienen derecho a saber qué pasó en delitos muy graves que han afectado a la población civil. Es imprescindible saber. Particularmente en casos como este”, enfatiza. “Si uno pone una bomba en un comedor, no sabe realmente quién está y quién no. Por lo tanto es contra la población civil,” define.

En ese sentido, también remarca el llamado a indagatoria que hizo la Justicia a Firmenich, de permanente gravitación dentro de la organización Montoneros. “Es totalmente beneficioso que se lo cite a declarar”, sostiene. La condena, añade el constitucionalista, puede salir eventualmente de su testimonio y de la prueba que surja. “Después se verá si corresponde una sanción”, afirma.

Para el jurista, que la Justicia vuelva a dirigir sus reflectores sobre el ataque también es un paso hacia la restitución de la confianza que la ciudadanía debería tener sobre las instituciones. “Llevaría tranquilidad. ¿Confiamos en una Justicia que no puede juzgar delitos que sucedieron hace mucho tiempo? ¿Confiamos en la Justicia si no podemos saber efectivamente qué pasó?”, se pregunta Sola.

El constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra celebra también la reapertura de la causa, de nuevo en manos de la jueza Servini. “El bárbaro hecho en el comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal debe ser investigado. Es una exigencia para el desarrollo de la vida comunitaria conocer la verdad sobre la atrocidad cometida”, afirma. “El Estado Argentino, por imperativo de reglas de raíz y de jerarquía constitucional, tiene siempre la ineludible obligación y el deber irrenunciable de investigar, máxime cuando se apunta la violación del derecho de gentes”, remarca. “La última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia. El más alto tribunal deberá conocer y decidir, eventualmente, si esos crímenes deben ser reputados o no como de lesa humanidad”, agrega.

Por su parte, Daniel Sabsay coincide en la trascendencia del fallo. “Tiene una enorme dimensión, yo diría que marca un hito, porque por primera vez y cumpliendo con el estatuto del Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional, se considera que los delitos cometidos por bandas armadas son también delitos de leyes a la humanidad, como aquellos que han sido cometidos por el Estado”, afirma el constitucionalista.

“Por lo tanto, creo que es muy importante que luego esto sea confirmado por la Corte Suprema. Ojalá que sirva a esos efectos y que haya un principio de igualdad, que no solamente se considere respecto de aquellos que fueron objeto de desapariciones y demás, sino también respecto de aquellos que fueron asesinados por estas bandas armadas de asesinos”, añade Sabsay.

Alberto Solanet, miembro de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, una de las muchas organizaciones que impulsaron la acción que tras el fallo de la Cámara permitió la reapertura del expediente, celebró la resolución y manifestó a LA NACION la voluntad de llegar hasta el máximo tribunal, de ser necesario.

“El fallo de la Cámara es de una gran trascendencia, luego de casi 50 años del monstruoso atentado, que en orden de gravedad le sigue al de la Amia -dijo-. Necesariamente va a promover un debate que fue silenciado, incluso internacional”. Y sumó: “Desde ya que estamos dispuestos a llegar a la Corte. El gravísimo hecho, que hasta ahora ha sido silenciado, lo amerita”.

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