Un grave atentado contra la independencia de la Justicia
El logro más importante del último decenio en materia de Justicia es la consolidación del principio de identidad de garantías para los jueces permanentes o provisorios, incluso si estos últimos son subrogantes.
Hay que considerar que es esencial a la independencia de la Justicia que los jueces no puedan ser removidos ni reemplazados, sino por las razones establecidas por la ley y de conformidad con la Constitución nacional.
Ésta fue la conquista primordial de una larga lucha por la independencia de la Justicia que debía hacer frente a la práctica abusiva de las subrogancias, cuya finalidad manifiesta era, en la mayoría de los casos, un debilitamiento de la función judicial frente a quienes ejercen el poder.
Es inherente a la independencia del juez que no pueda ser removido
Esta suerte de epidemia institucional se propagó a lo largo y a lo ancho de muchas regiones. Entre ellas se encuentra la nuestra, donde el recurso excesivo de la subrogancia se generalizó y fue acompañada de medidas arbitrarias e ilegales de destitución de los magistrados, cuando éstos adoptaban decisiones contrarias a los intereses de los funcionarios estatales y, sobre todo, cuando llevaban adelante investigaciones sobre actos de corrupción.
Fruto del sostenido empeño de la comunidad internacional a través de sus tribunales y otros mecanismos de defensa -como es el caso de la relatoría sobre la independencia de jueces y abogados que realiza una tarea de supervisión de alcance universal-, se han podido establecer límites precisos mediante la cristalización de una jurisprudencia y precedentes que censuran y condenan semejantes conductas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en múltiples fallos, ha reiterado el principio de la igualdad de garantías de los jueces permanentes y provisorios por entender que es inherente al desempeño independiente de los magistrados la garantía de no ser juzgados por sus sentencias, en particular, removidos o sustituidos de sus funciones como represalia a la orientación de sus veredictos y decisiones.
El memorándum con Irán se cobra hoy una nueva victima en el país
La reputación del gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, fue la más castigada por la destitución ilegal de jueces provisorios, tal como lo acreditan los fallos Chocrón Chocrón vs. Venezuela y Reverón Trujillo vs. Venezuela.
El memorándum firmado con Irán, cuya interpretación, validez y vigencia tuvieron un fatídico comienzo con la muerte del fiscal Alberto Nisman, hoy se cobra una nueva víctima con el desplazamiento inconstitucional del juez Luis María Cabral, en los días previos al pronunciamiento sobre aquél.
Tengo la convicción de que este comportamiento compromete la responsabilidad del Estado argentino, no sólo porque se vincula a ese manto de oscuridad que envuelve el caso AMIA, sino también por afectar de manera notoria e incontestable los principios básicos de la independencia de la Justicia, consagrados por la normativa y la jurisprudencia internacionales.
El autor es presidente de la Auditoría General de la Nación y ex relator de las Naciones Unidas por la Independencia de Jueces y Abogados
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