Un gobierno que no dice la verdad

El gobierno del presidente Alberto Fernández tiene un conflicto con la verdad. Cada tanto, o a cada rato, se descubre que afirmaciones de él o de sus funcionarios no son ciertas. También hubo, en algunos casos, manifiestas manipulaciones de los datos para que estos coincidan con una supuesta realidad, que nunca es la realidad. El resultado fácilmente perceptible es que la palabra presidencial ha perdido valor. Peor: ha perdido credibilidad. Es una noticia extremadamente mala para cualquier presidente (y para cualquier país).

Ayer hubo dos noticias que son ejemplos cabales de esa insistencia presidencial en cambiar el eje de los hechos con palabras inexactas. Una fue la nota enviada a la Justicia por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en la que señala que Alberto Fernández prorrogó dos veces la permanencia de las 70.000 municiones enviadas a Bolivia. El envío de ese armamento a Bolivia, decidido inicialmente por el gobierno de Mauricio Macri, motivó una denuncia del gobierno kirchnerista contra el expresidente por haber contribuido supuestamente a un “golpe de Estado” contra el entonces gobierno boliviano de Evo Morales.

La otra noticia fue la firma de un contrato con el laboratorio Pfizer para la compra de 20 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus, después de 13 meses de negociaciones frustradas. Fuentes oficiales reconocen que Pfizer pasó a ser una opción razonable cuando todas las otras opciones (Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac) fracasaron. Muy atrás quedaron los tiempos en que Pfizer ponía “condiciones inaceptables”, según la explicación del exministro de Salud Ginés González García sobre la ruptura con el laboratorio norteamericano.

La denuncia contra Macri por su complicidad con el golpe contra Evo Morales encierra varias contradicciones. La primera de ellas es que Morales no cayó como víctima de un golpe de Estado. Un sector importante de la sociedad se sublevó cuando era evidente que se estaba cometiendo fraude en una elección que perpetuaría a Morales en el poder. Después de días de violencia y represión (fueron violentos los sublevados y fue violenta la represión) los jefes militares le “aconsejaron” a Morales que renunciara. Es una presión militar inaceptable para cualquier mirada argentina, pero resulta que esa participación de los uniformados está contemplada en la Constitución de Bolivia. Morales renunció y sus opositores lo persiguieron a él, a su gobierno y a su familia.

La embajada argentina en Bolivia refugió a dos hijos de Evo Morales en esos días en los que la seguridad era una ausencia. El excanciller argentino Jorge Faurie señaló que su gobierno mantenía permanente conversaciones con el ya gobierno electo de Alberto Fernández para coordinar las acciones en Bolivia. Un hijo de Morales eligió viajar a México; el otro vino a la Argentina. Macri gobernaba la Argentina en sus últimos días en el poder. También exfuncionarios de Evo Morales fueron refugiados en la sede de la representación diplomática argentina. ¿Macri auspiciaba un presunto golpe en Bolivia contra Morales mientras daba refugio en la embajada argentina a familiares y exfuncionarios de Morales? Solo el prejuicio, el rencor o la competencia electoral pueden sostener semejantes incoherencias.

La denuncia nació viciada en el origen mismo. El actual canciller boliviano, Rogelio Mayta, mostró una carta del exjefe de la aviación boliviana Jorge Terceros Lara en la que le agradecía al gobierno argentino el envío de 70.000 municiones para reprimir a los seguidores de Evo Morales. La carta está fechada el 13 de noviembre de 2019. Morales renunció dos días antes, el 11 de noviembre. Es decir que en un solo día el gobierno argentino había enviado las municiones que necesitaban los “golpistas” y el nuevo gobierno boliviano le agradecía el gesto.

El armamento de la Gendarmería fue enviado a Bolivia, según explicó siempre el gobierno de Macri, para proteger a la embajada argentina, en la que se encontraban refugiados familiares y exfuncionarios de Morales y estaba siendo asediada por seguidores del nuevo gobierno, presidido por la parlamentaria Jeanine Áñez. El general de aviación Terceros Lara calificó luego de “falsificada” su firma en esa carta. El militar renunció a las 9 de la mañana del 13 de noviembre, el mismo día que supuestamente firmó la carta.

El entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, aseguró que nunca había recibido esa supuesta carta (supuesta o presunta son palabras que deben repetirse en este caso). Álvarez García no es un político de Macri, sino del gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, de cuyo gobierno es actualmente ministro de Trabajo. El sitio Bolivia Verifica, que es un centro de chequeo de información que depende de la Fundación para el Periodismo, calificó de “falsa” la carta de Terceros Lara.

Menos de un mes después del envío de esas municiones, el 10 de diciembre de 2019, Macri abandonaba el poder. La denuncia del canciller Mayta espoleó en la Argentina para que el kirchnerismo se apelotonara en los tribunales denunciando a Macri y a varios funcionarios suyos como cómplices del supuesto golpe de Estado contra Evo Morales. Los ministros de Seguridad y de Justicia, Sabina Frederic y Martín Soria, y hasta la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, se presentaron como querellantes en la denuncia contra el gobierno macrista.

Además, el kirchnerismo le tiene especial aversión al exdirector de la Gendarmería Gerardo Otero desde la muerte de Santiago Maldonado. La autopsia de Maldonado, que estableció que murió ahogado y no tenía heridas de ningún tipo, no menguó el rencor del kirchnerismo contra el exjefe de la Gendarmería. La otra cara de la verdad es que Otero fue un jefe implacable de sus tropas en la lucha contra el narcotráfico. Meterlo ahora en las pobres peleas de la política es una decisión claramente injusta.

La carta de la Anmac revela varias cosas. La primera de ellas es que Alberto Fernández prorrogó la permanencia de esas municiones en Bolivia en dos ocasiones y por el plazo de tres meses cada una. Ya era 2020. Macri estaba en su casa desde hacía tiempo.

Los armamentos de la Gendarmería argentina estuvieron en Bolivia más tiempo durante el gobierno de Alberto Fernández (alrededor de seis meses) que bajo la administración de Macri (un mes).

La otra sorpresa es que Alberto Fernández usó los mismos argumentos que Macri para extender la permanencia de esas municiones en el país vecino: “Brindar seguridad y protección al embajador y al personal de la embajada argentina en Bolivia”. Ni siquiera cambió las palabras que había usado el gobierno de Macri.

En Bolivia, seguía gobernando la supuesta golpista Jeanine Áñez. ¿Por qué el envío de municiones para proteger la embajada por parte de Macri fue un delito y no lo son las prórrogas que autorizó el gobierno de Alberto Fernández? El actual presidente de Bolivia, Luis Arce, le puso al asunto la coloratura que tiene: “Es lamentable que un gobierno de derecha haya participado de un golpe de Estado”, dijo.

Apareció el elemento evidente que nadie nombraba: la ideología. Los gobiernos de Arce y de Alberto Fernández son muy cercanos y tienen posiciones habitualmente comunes en asuntos de política exterior. ¿Hay mejor ejemplo de lawfare que el caso judicial del envío de armamentos a Bolivia? ¿O el lawfare es solo malo cuando la Justicia persigue a los dirigentes progresistas, pero es necesario y justo cuando lo hace con los de la derecha o de la centroderecha?

En junio de 2020, hace 13 meses, el gobierno de Alberto Fernández inició negociaciones con el laboratorio Pfizer para comprar vacunas. El primer acuerdo consistió en que en la Argentina se realizaría el ensayo más grande del mundo en la investigación de la vacuna Pfizer. Participaron 5762 argentinos en el Hospital Militar bajo el control de un equipo médico cuyo jefe es el infectólogo Fernando Polack. En las primeras conversaciones se convino, según se supo después, que Pfizer enviaría al país desde diciembre del año pasado 13,2 millones de dosis. En diciembre pasado hubieran llegado más de 3 millones de dosis. Sin embargo, luego se conoció el compromiso con el gobierno ruso por la vacuna Sputnik V, con los chinos por las Sinopharm y Sinovac, y con el laboratorio anglo-sueco AstraZeneca, el único que entonces tenía un socio local. Entonces aparecieron las “condiciones inaceptables” de Pfizer denunciadas por González García o los “hechos violentos” de ese laboratorio explicados más tarde por el propio Presidente.

Pero la opción de esas vacunas se fue desvaneciendo cuando los envíos se retrasaron. Hasta hoy. Hay siete millones de argentinos que esperan, atemorizados, la segunda dosis de la Sputnik V que nunca llega. Los amigos y la ideología se terminaron cuando la realidad golpeó las puertas del despacho presidencial: la Argentina tiene ahora solo al 13 por ciento de su sociedad vacunada con las dos dosis. La inmunización total de las personas es indispensable para enfrentar la variante Delta, que está azotando a países que tienen a más del 50 por ciento de su sociedad (algunos hasta el 70 por ciento) vacunada con las dos dosis. España les cerró las puertas a los argentinos, no porque no los quiera, sino por razones más prácticas que emocionales. España, que tiene a la mitad de su sociedad vacunada con las dos dosis, está sufriendo los estragos de la variante Delta; de hecho, tiene más casos de contagiados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días que la Argentina. Pero el gobierno de Pedro Sánchez sabe que aquí todavía no explotó la variante Delta y que solo un 13 por ciento de la sociedad argentina está vacunada con las dos dosis. Solo se adelanta ante probables recaídas de la situación local.

El Gobierno debería ser más sincero. No hubo un acuerdo con Pfizer después de largas negociaciones. Lo único nuevo es la desesperación del presidente argentino ante un futuro incierto, impredecible y voluble. No es necesario esconder la verdad con palabras que no son ciertas.

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