Un gobierno de golpistas y delirantes

Sí, fue ella. Cristina Kirchner es la autora del quebrantamiento del orden constitucional, porque fue ella quien ordenó que el gobierno nacional y un grupo de irresponsables gobernadores peronistas se sublevaran contra la Corte Suprema de Justicia. Esa es ya una certeza después de escuchar su discurso de la tarde de este martes en Avellaneda. Es notable la capacidad que tiene para manipular a sus seguidores. La vicepresidenta se alarmó, para citar uno de sus tantos desvaríos, porque la Corte había desconocido una ley. Es muy común que el máximo tribunal de justicia declare inconstitucional leyes con la consiguiente aprobación del Congreso y la promulgación del Poder Ejecutivo. Lo conoció en carne propia cuando la Corte declaró inconstitucional su llamada ley de democratización de la Justicia. Otra manipulación obscena de la opinión de sus fanáticos ocurrió cuando señaló que no hubo un renunciamiento suyo a las eventuales candidaturas en las elecciones del próximo año, sino una proscripción decretada por el “partido judicial”, como ella nombra despectivamente a la Justicia. Nunca hubo una proscripción que la afectara directamente. La condena a seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos (que sí le impediría ser candidata) no es ni será una condena definitiva hasta que no pase por dos instancias más: la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema. Y podrá ser candidata mientras no exista una condenada definitiva, que tardará mucho más de un año en llegar. Por lo demás, la inhabilitación para ejercer cargos públicos es una pena inherente a la condena a seis años de cárcel por administración fraudulenta el Estado, según la condena del tribunal oral que la juzgó por hechos corruptos en el manejo de la obra pública. En otras palabras, no puede haber sentencia a prisión por administración fraudulenta del Estado sin inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

El párrafo más significativo de su discurso (cargado de prejuicios contra empresas privadas de medicina, cable de televisión e internet, entre otras) fue el que le dedicó a la Capital. La describió como un distrito donde reina la abundancia y hay servicios públicos por todos lados. El lugar de los ricos (que nunca la vota, se olvidó de aclarar), mientras ella se reserva el liderazgo de los pobres que habitan el interior del país. ¿Nunca se preguntó por qué gran parte del interior (no todo) es pobre cuando la mayoría de las provincias, sobre todo las más pobres, son gobernadas desde hace décadas por peronistas? Ella es, en efecto, quien inspiró el levantamiento contra la Corte Suprema, el más grave conflicto institucional desde la reinstauración democrática. Ella fue la que llevó a Alberto Fernández de una decisión a otra decisión en una práctica ya insoportable de contradicciones. En apenas cinco días, el Presidente cambió tres veces de opinión sobre la decisión de la Corte Suprema en la causa de la coparticipación de la Capital. No fueron solo opiniones; fueron también decisiones del Estado. Fue ella la que condujo al peronismo al peor momento de desprestigio político desde 1983, que transcurre ahora. Nadie persigue al peronismo por ser peronismo. Eso es una historia del pasado, de los años 50 del siglo pasado. El peronismo es víctima de su liderazgo y de nadie más. Es obvia la estrategia de Cristina Kirchner: quiere que el peronismo se sienta condenado como ella está condenada por corrupción. Es incomprensible, a todo esto, que Alberto Fernández se preste a semejante treta cometida a la luz del día.

Pero, ¿quién es el Presidente? ¿Es el del jueves anterior, cuando anunció que desobedecería a la Corte Suprema de Justicia, o es el del lunes, cuando decidió acatar al máximo tribunal, pero de acuerdo con su antojo? ¿O es el de ayer, que borró con el codo lo que escribió el lunes con la mano y autorizó (¿autorizó realmente?) al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para que se presentara ante la Corte y le pidiera una revocatoria in extremis de la sentencia del tribunal sobre la coparticipación de la Capital? Encima, Zannini les exigió a los jueces supremos que se vayan de este caso y que otros jueces -conjueces, en este caso- tomen su lugar en la cima del Poder Judicial para resolver el conflicto con la Capital. ¿Qué queda de un Presidente que se convirtió en un péndulo que nunca se queda quieto? Nadie ha hecho tanto para desvalorizar la institución presidencial como el propio Presidente. El sometimiento a Cristina Kirchner no lo justifica. Su perpetuo zigzag de los últimos años lo están dejando solo, conmovedoramente solo. ¿Pruebas? Los gobernadores peronistas que lo presionaron para quebrar el orden constitucional fueron, fundamentalmente, el chaqueño Jorge Capitanich y el santiagueño Gerardo Zamora, dos políticos que responden directamente a Cristina Kirchner. No es cierto que los gobernadores fueron en manada a reclamarle que desacatara a la Corte. Fueron aquellos dos; el resto nadó en la dirección de la corriente de sublevación en la que estaban todos. Estos no son inocentes, porque pudieron imaginar una política distinta a la del golpe de Estado contra la Corte, pero optaron por la disciplina a la vicepresidenta.

Después de la rectificación del lunes, los gobernadores se están preguntando para qué los llamó el jueves anterior y por qué los hizo hacer el papelón que hicieron. Quedó mal con todos: con los gobernadores, con Rodríguez Larreta, con la Corte Suprema y con la propia Cristina Kirchner. Así es su destino de temblores y oscilaciones.

La revocatoria in extremis es un recurso desesperado que no tiene muchos antecedentes en la Corte Suprema porque refiere a casos en los que se cometieron groseros errores materiales para resolver una sentencia. Por ejemplo: que el tribunal haya dado por no presentada una prueba que realmente se presentó. No es el caso de la sentencia de la Corte sobre la coparticipación de la Capital en la que trabajó durante dos años y hasta hubo audiencias de conciliación (en las que estuvo el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, mientras el de Economía, Sergio Massa, prefirió enviar representantes). Tampoco tiene asidero el núcleo central del argumento de Zannini, según el cual la Corte ya anticipó con su cautelar la opinión sobre la cuestión de fondo. Las cautelares están hechas para mantener el statu quo hasta tanto los jueces tomen una decisión final sobre el fondo el conflicto. No significan, de ninguna manera, un anticipo de la opinión del tribunal. Zannini, como el Presidente, deberían estudiar más sobre derecho antes de seguir haciendo barrabasadas jurídicas. Si bien Zannini responde directamente a la vicepresidenta, depende formalmente del Presidente; este es, por lo tanto, responsable de la absurda presentación que hizo ayer el procurador del Tesoro. Ese cargo corresponde al de jefe de los abogados del Estado; son los que deben litigar para defender los intereses del país. Si ese es el nivel intelectual del jefe de los abogados del país, la Argentina debe prepararse para perder todos los juicios que enfrenta en tribunales internacionales.

El caso de la recusación de los actuales jueces de la Corte Suprema es peor aún. La intención es, desde ya, conformar una Corte con jueces amigos en lo posible para revertir una sentencia que es inapelable. En los hechos, el Gobierno está buscando una instancia indirecta de apelación a un fallo de la Corte Suprema, cuando la decisiones de esta no tienen apelación posible. Es irracional y ridículo pedirles a los máximos jueces del país que se aparten de una causa porque tomaron una decisión que al Gobierno no le gustó. Las recusaciones se hacen antes de los fallos o no se hacen nunca. Zannini hace un caso especial con el juez Carlos Rosenkrantz, a quien le pidió que se apartara de esta causa porque en el año 2009 fue abogado de la provincia de Santa Fe en un pleito por la coparticipación. De la misma manera podría reclamar entonces el apartamiento de los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti porque en 2015 firmaron el fallo que le dio la razón a la provincia de Santa Fe. Desde que asumió, se conoce quiénes fueron los clientes del estudio jurídico de Rosenkrantz. ¿Por qué no lo recusaron antes si lo creen inapropiado para opinar sobre el caso de la Capital? ¿Por qué lo hacen ahora, cuando ya la Corte se expidió? Tarde y mal, siempre.

En primer lugar, pasaron trece años desde que Rosenkrantz fue abogado de la provincia de Santa Fe. En segundo lugar, y si bien el conflicto entre el gobierno federal y Santa Fe fue por la coparticipación federal, el planteo de fondo fue absolutamente distinto del que enfrenta ahora al gobierno nacional con la Capital. Lo que sucedió en 2020 fue simplemente el hurto de recursos de la Capital por parte de Alberto Fernández para dárselos a Axel Kicillof. No eran recursos coparticipables, sino dinero del presupuesto nacional que el gobierno central le había destinado a la Capital cuando le traspasó la policía. De hecho, esos recursos no fueron distribuidos a todas las provincias según los porcentajes de coparticipación. Fueron destinados casi enteramente a la provincia de Buenos Aires. Con esos recursos, el Gobierno (y sobre todo Cristina Kirchner) proyectaba financiar la campaña electoral del año próximo en el distrito electoral más importante del país. De ahí la bronca infinita del kirchnerismo con la decisión de la Corte, que lo único que hizo fue redistribuir los recursos estatales según un criterio más ecuánime hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La Corte Suprema no romperá su agenda para avocarse a esta presentación ni a la de la Capital, que antes le había informado que el gobierno nacional no estaba cumpliendo con la sentencia del tribunal. No está en juego la libertad de personas ni una elección inminente y discutida. Esos son los temas que podrían justificar que la Corte habilitara la feria de enero para volver a reunirse. Ni Zannini ni la Capital pidieron además que se habilite la feria para que la Corte resuelva sobre sus presentaciones. El documento que presentó el gobierno de la Capital es un informe sobre la situación, en el que no pide nada, por ahora. Los jueces supremos preservarán siempre su papel de árbitro en los temas que la política no puede resolver, que son cada vez más.

Un sector del Gobierno, el que responde a Cristina Kirchner, intenta algo más que la habilitación de la feria de enero. Busca la ruptura del sistema. Ayer una senadora que milita en el fanatismo cristinista, Juliana Di Tullio, le ordenó en un tuit a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, que les tome juramento cuanto antes a los senadores que representarán al cuerpo en el Consejo de la Magistratura. A los senadores, desde ya, que quiere Cristina Kirchner. ¿Cómo? ¿Una senadora le da órdenes a un juez, que es además el presidente de la Corte Suprema? Esas escenas se ven solo en la Venezuela del chavismo.

Sergio Massa volvió a quedar en el peor de los mundos. La rectificación del lunes, que se volvió a rectificó ayer, fue producto de muchas cosas. Una de ellas fue la pregunta que varios países importantes (los Estados Unidos y varios europeos) les hicieron a sus embajadas en Buenos Aires. ¿Qué significa esa desobediencia a la Corte Suprema? La respuesta de los diplomáticos puede sintetizarse en una frase corta: “Menos seguridad jurídica”. Tanto funcionarios de Washington como del Fondo Monetario se preocuparon por la situación de Massa, en quien ven a la única figura del gobierno con poder permanente y aceptable. Más allá de la opinión que la mayoría de los argentinos tiene del ministro de Economía, lo cierto es que en el exterior se lo compara con los vaivenes permanentes del Presidente y con la ideología de Cristina Kirchner, más cercana al chavismo que a los principios del mundo occidental. Massa calló desde que el Presidente decidió desacatar a la Corte Suprema y ese silencio podía anticipar una decisión definitiva de parte del ministro. La economía, además, se le destartala aún más. El precio del dólar superó la apreciación que tuvo durante la breve gestión de Silvina Batakis desde que el Gobierno se sublevó ante el máximo tribunal. Influyen también las cuestiones personales. La Corte notificó de su decisión solo a dos ministerios: el de Economía y el de Interior. Sus funcionarios serán los principales protagonistas de los procesos penales que se abrirán por desobedecer a la Justicia.

Regresemos al principio. Cristina es la autora de la monumental crisis institucional y el Presidente se volvió a enmendar ayer, después de la enmienda del lunes, cuando pidió la revocatoria in extremis de la decisión de la Corte y, sobre todo, cuando recusó a todos los jueces de ese empinado tribunal. ¿En qué quedó la decisión del lunes de aceptar la decisión de la Corte, aunque la cumpliría con un pagadiós a nombre del gobierno de la Capital? Ya la forma de pagarle la coparticipación a la Capital era un incumplimiento en toda la regla a lo estipulado por la Corte Suprema, que precisó que el nuevo porcentaje de coparticipación debía liquidarse a la Capital todos los días y en dinero contante y sonante, según lo estipula la ley. Ya nada queda del Presidente que fue cuando inauguró su mandato. Ayer, Alberto Fernández volvió a sus nostalgias de rockero setentista y recordó una frase de una canción de Litto Nebbia, que, según dijo, le gusta como lección de ética: “Yo quiero descansar en paz antes de morir”. Solo con elegir una dirección única y coherente, una vez al menos, cumpliría con el deseo de Nebbia.

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