Un exfuncionario de alto rango de la AFIP denunció que hubo “sobreprecios” en la obra pública y complicó a Cristina Kirchner y Lázaro Báez
Jaime Mecikovsky declaró durante nueve horas en el juicio de Vialidad; habló de maniobras de lavado, facturas truchas, encubrimiento del Estado y fondos en Suiza
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Jaime Mecikovsky, uno de los funcionarios de más alto rango dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Alberto Abad, juró ante la Justicia que las empresas de Lázaro Báez, a su entender, recibieron obras públicas con sobreprecios, dado que se manejaban con facturas truchas, explicó en que consistían la maniobra de “lavado de dinero” y habló del “trato preferencial” que tenían esta firma y la administradora de los hoteles de los Kirchner ante el organismo recaudador.
El contador declaró durante nueve horas ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso y favoreció la posición de la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, que entienden que hubo un direccionamiento de la obra pública para favorecer a Báez.
Mecikovsky no una sino dos veces habló de a relación entre las facturas trucha de las que se valieron las empresas de Lázaro Báez y los sobreprecios. Contó que fue convocado por la Justicia para determinar “el impacto que pudieron haber tenido con la facturación apócrifa de 500 millones pesos en relación a otros delitos” por la terciarización de fondos de la obra publica desde Austral construcciones a la empresa Gotti S.A. “Ese dinero venía del presupuesto de la obra pública para pagar a los proveedores de Gotti, es una maniobra de lavado que se complementa por haber puesto un sujeto intermedio que imposibilitó el rastreo intermedio de los activos”, declaró Mecikovsky. ”Los ingresos de Gotti que vienen de la obra pública y se van a otros destinos, llevan a pensar que hay sobreprecios”, reconoció. Ambas firmas eran controladas por Báez, según la acusación fiscal.
El exsubdirector general de Operaciones Impositivas del Interior comandó el área que controlaba a los contribuyentes del interior del país, volvió a repetir el asunto ahora con Austral Construcciones. “El debe tiene que dar igual que el haber. En el caso de Austral (...) lo que quiere decir es que como todos los ingresos provinieron de obras púbicas, es decir que son en blanco, la salida de esa plata no fue en blanco”, se inventaron gastos con facturas truchas y esos fondos terminaron en Suiza, según comprobó la Justicia.
La citación a Comodoro Py 2002 ocurre luego de que la AFIP denunciara ante la Justicia que Cristina Kirchner y sus hijos habían sido víctimas de “hostigamiento fiscal” durante la gestión de Cambiemos. Mecikovsky, uno de los señalados por Mercedes Marcó del Pont, afirmó que el organismo basó su denuncia en una auditoría adulterada, que quienes la desarrollaron se negaron a firmarla y que por eso fueron desplazados de sus cargos. La vicepresidenta es la principal acusada en el juicio de Vialidad.
El testigo contó como en el caso la empresa Constructora Patogonica, tenía el 95 % de sus operaciones Austral, con facturas supuestamente apócrifas. Los trabajos de la AFIP permitieron determinar con información de Holanda, y la constitución de sociedades de ultramar, fideicomisos inexistentes en Uruguay, empresas constituidas sin capital en Panamá y los fondos transferidos vía Hevetic Service en Suiza, habían salido fondos que había cobrado Austral de la obra pública.
Las preguntas del fiscal Sergio Néstor Mola centraron su atención en el periodo comprendido entre 2003 y 2018 al referirse si habían directivas generales para las direcciones regionales y posibles hechos de evasión. El contador aludió que durante esos años “no menos de dos veces al mes estaba de viaje en alguna jurisdicción” y que “sí” había distintas normativas generales para que “cada director general debía ser el administrador de la región, y conocer dónde están lo mayores riesgos de evasión”. Y agregó: “Se debía suministrar la información mes a mes en función de los 10 casos más relevantes y conocerlos para elevar a jurisdicción general”.
El nombre que llamó la atención fue el de Ángel Rubén Toninelli, que trabajó como subdirector general de administración financiera durante la gestión de Abad, y luego como director del DGI entre julio de 2008 y 2015. Pese a su larga trayectoria de 44 años, Mecikovsky señaló que no le “constaba” una relación entre Toninelli y Néstor Kirchner. Anteriormente la Cámara Federal sobreseyó a los exfuncionarios de la AFIP Ricardo Echegaray y Toninelli por el supuesto encubrimiento al empresario Lázaro Báez.
Los cruces más fuerte se dieron entre la defensa de Báez, a cargo de Juan Villanueva, y el fiscal Diego Luciani. El primero solicitó que se retire el contador Mecikovsky de la sala para pedir el cierre de la sesión porque advertía que las declaraciones del testigo estarían incurriendo en delito de “falso testimonio” y por lo tanto “autoincriminándose”, empeorando “la condición del testigo imputado en aquellos expedientes”. Luciani negó la petición aludiendo que el testigo tiene “42 años de experiencia” que pueden resultar muy “útil para todos”. Señaló que no se interrumpa más con “apelaciones absolutamente inapropiadas”.
La disputa entre la fiscalía y Villanueva siguió toda la declaración al punto que el presidente del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu le advirtió que al abogado que le iba a hacer un severo llamado de atención, remedio que, dijo, hacía años que no aplicaba en un juicio oral.
Mecicovsky dijo que hubo “maniobras de encubrimiento” para evitar las fiscalizaciones de las empresas de Báez y de Valle Mitre, la gerenciadora de hoteles de los Kirchner. Hubo maniobras de encubrimiento en Bahía Blanca, Microcentro y en el trato de estas empresas en la regional Río Gallegos. Si cualquier dirección quería fiscalizar a esas empresas tenía que pasar por Rio Gallegos y el estado de avance de esas fiscalizaciones era nulo”, declaró.
Denunció incluso facturación dudosa entre Valle Mitre, la administradora de hoteles de los Kirchner y Austral. Dijo que se contrataron servicios de asesoramiento hotelero y 500 habitaciones, sin que eventualmente esos servicios se prestaran. Se coló así en el juicio de Vialidad, otro de los cuestionamiento que enfrenta esta vez Cristina krichenr en la causa HOtesur, donde ya fue sobreseída.
El juicio continuará el 7 y 8 de marzo con la declaración testimonial de dos exfuncionarios de Vialidad Nacional en cuya tareas de investigación se basó el ex administrador del organismo en el Gobierno de Cambiemo, Javier Iguacel para realizar la denuncia, quee dio origen a esta causa y a este juicio.
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