Un fracaso político de Cristina Kirchner

Caía la tarde de ayer y también se caían los votos necesarios para aplicarles a los jueces un impuesto que les sacaría, de la noche a la mañana, el 35 por ciento de sus ingresos. El fracaso político del oficialismo, obsesionado con castigar a los jueces (y con cambiarlos), sucedía en una Cámara de Diputados que discutía un presupuesto que es solo un conjunto de anhelos, un catálogo de supuestos propósitos que el Gobierno nunca alcanzará. ¿Una inflación del 60 por ciento para 2023 cuando la de este año será, por lo menos, del 100 por ciento? Los milagros no existen en la economía. ¿Un ajuste de los gastos sociales, en educación y en salud cuando se mantienen los privilegios de Aerolíneas Argentinas o del sindicato de Camioneros? Es un presupuesto de la Argentina corporativa, que significa ajustes para la sociedad, no para las cuentas públicas ni para los sectores privilegiados del país. En medio de tanto espejismo económico, el oficialismo no cesaba de impulsar el impuestos a los jueces, una decisión que nunca estuvo en el texto original del presupuesto. Fue incorporado por diputados que responden directamente a Cristina Kirchner, como Marcelo Casaretto, Carlos Heller y Rodolfo Tailhade.

Necesitaban mantener ese artículo con vida, aunque fuere con respirador artificial, porque la vicepresidenta invitó para este miércoles a la Asociación de Magistrados, la organización que nuclea a jueces y fiscales. Cristina Kirchner se proponía convertir un fracaso en un favor a los jueces. El error fue de esa Asociación de jueces porque se dirigió a ella para pedirle una audiencia a la comisión de Presupuesto del Senado, que tiene un presidente, el riojano Ricardo Guerra. ¿Por qué se dirigieron a Cristina y no a Guerra? No es cierto, según aclararon dirigentes de la Asociación, que esta le pidió una reunión a la vicepresidenta; le solicitó a ella, como titular del Senado, una entrevista con los senadores que integran la Comisión de Presupuesto. Ese fue el error. Cristina Kirchner no perdió la oportunidad y se apresuró a concederle una reunión con ella misma. Frente a los jueces, no delega nada.

Esa reunión prevista para este miércoles incendió de críticas a la Asociación de Magistrados. Los jueces penales federales, sobre todo, manifestaron su absoluto rechazo a una reunión con una persona que está siendo investigada y juzgada por varios tribunales de Comodoro Py. El conflicto de intereses es evidente. La Asociación representa a todos los magistrados, incluidos los jueces penales que juzgan a la vicepresidenta. Resulta que Cristina Kirchner no integra ninguna comisión del Senado ni tampoco vota, porque no es senadora. “No es formalmente nadie”, explotó un juez muy crítico con la decisión de la conducción de esa Asociación, cuyo presidente es el juez del fuero Civil Marcelo Gallo Tagle, que milita en la lista Bordó de la Asociación, la más alejada del kirchnerismo. Varios jueces le exigieron a Gallo Tagle que directamente levante la reunión con Cristina Kirchner, porque sospechan que la reunión podría ser filmada y luego difundida por las redes sociales o por el canal de televisión oficial. Nadie duda, en cambio, que Cristina aprovechará la ocasión para retar a los jueces y, de paso, darles una cátedra de Derecho. Si la vicepresidenta los esperara, en cambio, con la noticia de que ordenó retirar ese artículo del presupuesto, ella podrá reclamarles la deuda de un favor hecho. Ahora bien, si una funcionaria encartada por la Justicia es la que decide cuánto cobrarán los jueces, ¿de qué independencia de la Justicia hablamos cuando hablamos de independencia? El error de la Asociación es evidente. ¿Falta de experiencia política? ¿Ingenuidad? ¿Desesperación ante la presión de los jueces que podrían quedarse sin el 35 por ciento de sus salarios? Ir a los pies de Cristina Kirchner no tiene justificación justo dos días después de que la Corte Suprema de Justicia le diera a esa misma Asociación un respaldo unánime y público ante su reclamo por la incorporación presupuestaria de última hora. La Corte difundió una fotografía con la comisión directiva de la Asociación de Magistrados, que pidieron la reunión para plantear el conflicto inscripto en el presupuesto. La Corte eligió ese acto (y esa foto) antes que una resolución que solo habría tenido como protagonistas a los cuatro jueces del máximo tribunal del país.

Los jueces que no pagan el impuesto a los salarios no son más que unos 400. Todos los que fueron nombrados después de 2017 pagan ese impuesto. Los jueces provinciales, que también están incluidos en ese artículo del presupuesto, pagan el impuesto, aunque podrían aumentarles la alícuota. Un juez que se entrevistó con diputados de la Comisión de Presupuesto, controlada por el cristinista Heller, les aclaró que, si ese fuere el caso, estarían violando claramente la Constitución, que ordena la intangibilidad de los ingresos de los jueces. En dos o tres años más, todos los magistrados pagarán ese impuesto, porque los que son jueces anteriores a 2017 se jubilarán, renunciarán o ascenderán. Solo se necesita la decisión política de dejar tranquila a la Justicia. Pero las necesidades judiciales de Cristina Kirchner no pueden esperar tanto tiempo, demasiado poco para el común de los mortales.

Hasta el lunes, cuando Cristina Kirchner invitó a la Asociación de Magistrados, el oficialismo creía contar con los 129 votos necesarios para aprobar esa incorporación presupuestaria contra los jueces. De pronto, en pocas horas, comenzaron a caer los votos a favor de esa iniciativa. Los diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti, a Roberto Lavagna y a Florencio Randazzo anticiparon su rechazo. A ellos se le sumó el bloque de diputados de Evolución Radical, que lidera el senador Martín Lousteau y que había prometido a medias su apoyo. También anticipó su rechazo la izquierda, no en solidaridad con los jueces, sino con los empleados judiciales (que serían igualmente afectados por la medida), según aclaró ese bloque. Javier Milei y José Luís Espert anunciaban, mientras tanto, el rechazo a todo el presupuesto, incluido ese artículo, desde ya. Ninguno podía responder la pregunta más esencial de todas: ¿por qué es necesario incorporarle una norma permanente, como es el impuesto a las ganancias a un sector de los jueces, a una ley que es transitoria por definición, como la del presupuesto que dura solo un año? Un zafarrancho legal y jurídico, que sería rápidamente considerado inconstitucional por cualquier instancia de la Justicia. Esta certeza hace más inexplicable aún la decisión de la Asociación de Magistrados de hablar de los salarios de los jueces con Cristina Kirchner, juzgada por muchos jueces.

Durante el gobierno de Carlos Menem, la Corte Suprema de entonces sumó a los empleados judiciales al sistema de actualizaciones salariales y de pago de impuestos. Fue una conquista salarial para los empleados judiciales. La izquierda reclamó ayer que se desenganchara a los empleados de los jueces para que estos paguen el impuesto a las ganancias y los empleados no lo hagan. La izquierda se equivoca siempre cuando quiere hacer justicia. La desvinculación salarial de jueces y empleados se convertiría en un precedente que afectaría en el futuro a los empleados más que a los jueces. De todos modos, el bloque de Nicolás del Caño y Myriam Bregman optó por el rechazo a la incorporación de ese artículo en el presupuesto.

El conflicto con los jueces, el esperpento jurídico que significó esa decisión en tiempos agónicos y la pérdida de votos del oficialismo amortiguó la fisura a cielo abierto de Juntos por el Cambio, que no logró una posición común sobre el presupuesto. El radicalismo prefirió militar en una posición moderada, no dejar al país sin presupuesto (como sucedió durante 2022) y votar en contra de los artículos más desopilantes. Si el presupuesto es rechazado, el Gobierno tiene facultades para ampliar y modificar el que está vigente. No querían darle al gobierno ese margen en el próximo año electoral. El Pro, la Coalición Cívica y Ricardo López Murphy decidieron abstenerse o votar en contra y ni siquiera darle el quorum necesario a la reunión. El centro de esa discusión no fue solo el presupuesto, sin también Massa. Ni los seguidores de Pro ni los de Elisa Carrió quisieron mostrarse cercanos al ministro de Economía, del que desconfían hasta el infinito. Hubo, además, otra diferencia. Los radicales tienen gobernadores e intendentes que necesitan los fondos presupuestarios. Pro tiene la Capital Federal, pero Horacio Rodríguez Larreta no puede esperar del gobierno federal más que nuevos saqueos a sus arcas.

El presupuesto es una entelequia, que está lo más lejos que se puede estar de la seriedad económica. Los sectores de privilegios seguirán gozando de sus privilegios, mientras gran parte de la sociedad hará el ajuste que el Gobierno no quiere hacer. En ese contexto, hablar del supuesto privilegio de los jueces es una hipocresía que esconde la intención de terminar con los jueces.

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