Un flamante Gobierno “dólar linked”

Sergio Massa es un político. Corresponde, por lo tanto, preguntarse cuál es su objetivo en materia de poder. ¿Quiere ser el estabilizador de la economía con un ajuste que, una vez ejecutado, impulse una recuperación de mediano plazo? ¿O supone que no hace falta pagar costos y que, desde su renacido protagonismo, queda convertido en candidato a presidente? Ya empieza a haber señales de qué camino toma Massa. Su asunción fue un jolgorio militante. Anunció un inventario de resoluciones inconexas. Y dos días después se dirigió a Cañada de Gómez, donde los insultos que recibió eclipsaron su mensaje principal: ya está en campaña.

Su gestión en Economía coincide con esta coreografía. Todavía no ha encarado correcciones decisivas para las grandes distorsiones que le toca administrar. A falta de medidas relevantes, el país asiste a un conjunto de maniobras destinadas a que las inconsistencias no colapsen. La más reciente fue la postergación de vencimientos en pesos a través de un canje de bonos tan exitoso para Massa, como ventajoso para quienes participaron en él. Los bancos y demás instituciones financieras apreciaron que les ofrezcan un bono dual, que remunerará el dinero prestado según cuál sea la variable más rentable: la devaluación del tipo de cambio oficial o la tasa de inflación. Un instrumento original, diseñado a pedido del mercado financiero, para un flamante Gobierno “dólar linked”. El mito del desendeudamiento acaba de ser sepultado en un funeral de luz y sonido. Gustos que se puede dar Massa, que cuenta con el silencio cauteloso de la atemorizada vicepresidenta. Martín Guzmán hubiera ardido en la hoguera del Instituto Patria por herejías similares.

El problema central que debería encarar Massa sigue sin un tratamiento convincente. Es el gigantesco déficit fiscal financiado con emisión monetaria. El ministro propuso una receta menos audaz que la de su antecesora Silvina Batakis. Limitó el recorte de gastos a los subsidios que reciben los generadores de electricidad. Es una decisión imprescindible. Pero limitada. El universo de consumidores está integrado por tres categorías: el 45% son hogares; el 35%, comercios; el 30% restante, industrias. Sólo los dos primeros grupos están subvencionados. Pero el Gobierno limita la eliminación de la ayuda para las casas de familia.

Otra peculiaridad del plan es que los costos registran un aumento dramático. Alcanza con mirar las transacciones de ayer en el mercado londinense de futuros del gas. El que debería entregarse en septiembre aumentó 5,5%, por lo cual cotizó a US$61,2 el millón de BTU. Para tener una perspectiva de estas fluctuaciones: el precio promedio que se pagó el año pasado por ese combustible fue de US$8,3 por millón de BTU; el promedio de este año ha sido US$30,3 por la misma cantidad.

El incremento de los costos de generación hace que, en la ecuación general, la cuenta energética tenga un impacto fiscal mayor al actual. La penalización al consumo mayor a 400 kw/h por mes, para decirlo con una imagen pertinente, no mueve el amperímetro. Los que superan ese consumo y tienen derecho al subsidio no son más que 3% del universo total. La verdad que ningún dirigente se anima a pronunciar es que para que la energía no siga ocasionando un desequilibrio macroeconómico constante, hace falta subir mucho la tarifa a mucha gente por mucho tiempo.

Massa anoche tenía previsto realizar algunos anuncios para hoy, enfocados en Vaca Muerta y otras cuencas, y destinados a incrementar las exportaciones de petróleo y gas en 2024 y 2025. Hace falta, claro, realizar el gasoducto. Ayer Alberto Fernández celebró la firma de los contratos. Durante la ceremonia volvió a sus eternas fabulaciones. Sostuvo que en la gestión de Mauricio Macri la producción de gas había caído 8% y que en la actual se llegó a un récord histórico. Como de costumbre, lo desmintieron. El experto Nicolás Gadano recordó que entre 2015 y 2019 hubo un aumento del 15% en la extracción, mientras que en 2020 y 2021 se registró una caída de 8,2%. Hace pocos días, Fernández afirmó que “Perón fue el primero en prestar atención a la educación técnica”. La ejemplar escuela industrial Otto Krause fue fundada en 1897, durante la presidencia de José Evaristo Uriburu. Lleva el nombre de su primer rector. La sensación de que Fernández habita un universo imaginario se está volviendo irrefutable.

Con independencia de los subsidios energéticos, Massa no encaró otros frentes del gasto público. Batakis había reclamado una reforma de la Ley de Administración Financiera para tomar el control total de las dependencias del Estado nacional. El alcance de ese monitoreo llegaría, por ejemplo, a las empresas públicas. También a los misteriosísimos fideicomisos, que son entidades con una increíble opacidad, tanto por la gestión de sus fondos como por la contratación de personal. Batakis no pudo. Massa, al parecer, no quiere. Tiene sentido. Debería aplicar un torniquete en AySA, la compañía que dirige su esposa, Malena Galmarini. Los números de esa empresa son enigmáticos. El año pasado, por ejemplo, tuvo un desequilibrio operativo de US$123 millones, e inversiones por US$600 millones. El Tesoro la tendría que haber asistido en US$723 millones. Pero le transfirió US$1389 millones.

El manejo de la caja de AySA es un gran enigma del mercado financiero. Daniel Marx, hoy cercano a Massa, desmintió las versiones, insistentes, que le adjudican a su consultora, Quantum, haber intermediado en la colocación de fondos de esa sociedad. Sólo admite haber sido asesor en cuestiones de deuda. Trivialidades. Lo relevante es que el nuevo ministro de Economía se está privando de racionalizar zonas del Estado que están en la penumbra. Y que, si se atiende al anecdotario de los financistas, permiten formidables negocios especulativos.

El nivel del déficit y su financiamiento monetario están en la raíz de la presión sobre el dólar, y la consecuente caída de reservas del Banco Central. Ayer la entidad logró recuperar algo de lo que había perdido. Pero los tipos de cambios libres siguieron deslizándose hacia arriba. El Gobierno se resiste a devaluar. Esa negativa tiene, entre muchas otras, dos consecuencias. Obliga a restringir la disponibilidad de dólares para las actividades productivas. Es decir, induce a la recesión. Además, tiene un sesgo muy regresivo. Como acaba de explicar Marina Dal Poggetto, el Central entrega dólares baratos a empresas que generan bienes que luego se venden a precios que se van acelerando. Los que producen se benefician con una gran transferencia de recursos de los que consumen. Es natural que Massa, al cabo de tres horas de conversación apenas fue designado en el Ministerio, no haya querido que Dal Poggetto lo secunde. Esta rigurosa economista describe un fenómeno que hace caer la mandíbula de muchos ejecutivos de casas matrices de compañías multinacionales, que encuentran en la Argentina a la filial con mayor rentabilidad del planeta.

Esta política cambiaria sería aun más llamativa si, como viene intentando, Massa comienza a adquirir dólares caros en el mercado internacional a través de un repo. Los pocos bancos que aceptarían la operación piden garantías costosísimas. Aceptarían bonos en dólares ley Nueva York que contabilizarían al 20% de su valor nominal. Es decir, por cada US$1000 millones de crédito, Massa ofrecería garantías por US$5000 millones. A una tasa que todavía se desconoce. Y con cláusulas que cubrirían a los prestamistas de eventuales caídas en la cotización de esos papeles. Néstor, el titán del desendeudamiento, no sonreiría desde el cielo.

Los expertos se preguntan por qué, frente a un descenso dramático de las reservas, Massa se resiste a devaluar. Unos contestan lo más obvio: porque con una inflación que promete ser, como mínimo, del 90% anual, un salto brusco del tipo de cambio genera pánico en el que debe decidirlo. Otros agregan un argumento menos complaciente: todavía hay muchos amigos del Gobierno, y del ministro, que esperan comprar dólares baratos.

Las relaciones empresariales de Massa tienen ahora un atractivo del que carecían cuando presidía la Cámara de Diputados. Las redes se están saturando con datos patrimoniales de su íntimo amigo Daniel Guerra, un ahorrativo fabricante de envases de plástico que adquirió un departamento en la zona de Bal Harbour, en Miami, el lugar en el mundo del nuevo ministro. Guerra también compró, según el diario La Libertad, de San Andrés de Giles, el haras La Vanguardia, por el que pagó 8 millones de dólares. Los movimientos patrimoniales de las figuras muy allegadas a los funcionarios siempre estimulan las habladurías. Massa las alimentó: desde que el fin de semana del 17 de julio descendió en la estancia en helicóptero, con su esposa, para pasar unos días de descanso, La Vanguardia es llamada “lo de Massa”. Ironías de la historia: Giles era la patria de Cámpora, el santo patrono de los amigos del ministro.

La política oficial de administración de dólares sigue siendo asombrosa. Por ejemplo, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, con la asistencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, le acaba de adjudicar al laboratorio Sinergium Biotech un contrato por la provisión de vacunas contra el virus del papiloma humano por US$33 millones. El líder de Sinergium es Hugo Sigman, con quien Manzur tiene una relación estrechísima. La preferencia por este tipo de laboratorios se sostiene en un discurso de defensa de la producción nacional. Por eso llama la atención que la licitación se haya fijado en dólares. En realidad, es comprensible. Porque Sigman le venderá al Estado una vacuna que él importa desde los Estados Unidos gracias a un ventajosísimo contrato de exclusividad con el gigante estadounidense Merck, Sharp and Dhome. Sinergium se encarga de envasar el producto en su planta de Garín. Manzur y Vizzotti habían fijado un precio máximo de US$20,96 por unidad, pero Sigman, único oferente, cotizó US$20,20 por unidad. Manzur festeja, por supuesto, el ahorro que le hizo realizar al Estado. Cuánto que aprender.

La falta de control sobre el gasto es el factor más poderoso de la disparada inflacionaria. Massa se ufanó ayer de otorgar un aumento del 15,53% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones. El economista Fernando Marull le hizo notar que, en rigor, la que dispuso el aumento fue la ley de actualización jubilatoria. Dicho sea de paso, entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de este año, los haberes de “nuestros abuelos”, como los denominan los funcionarios, tuvieron una pérdida del 3% respecto de la inflación, de acuerdo con un estudio de Idesa.

La inflación obliga a los sindicatos a una incómoda batalla. Están esperando que el Gobierno se haga cargo de un gasto de 60.000 millones de pesos por año en sus obras sociales, que es lo que destinan a prestaciones no médicas por discapacidad. Alberto Fernández estatizaría ese costo, sin exigir a cambio a la CGT que reduzca la cuota que las obras sociales cobran a los afiliados. La expectativa por este salvataje hace que los gremialistas, empezando por Carlos Acuña, el amigo de Massa en ese mundo, tengan muy pocas ganas de protestar por el deterioro del salario. Ellos anunciaron, hace un mes, una movilización contra el oficialismo para el 17 de agosto. Lo hicieron con la antelación que se necesita para desistir de la protesta. Pero la escalada de los precios les impide disimular. Las autoridades de la CGT tienen, además, un inconveniente: los Moyano, Hugo y Pablo, quieren alimentar la movilización. Antes de entusiasmarse tantearon al entorno de Cristina Kirchner y conversaron con su hijo Máximo.

La vicepresidenta está concentrada en sus problemas judiciales. En el contexto de esa inquietud, tres ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, fueron advertidos por un infidente de la AFIP de que han sido puestos bajo la lupa del organismo. El informante les explicó que, con Carlos Castagneto como nuevo director, la señora de Kirchner ha comenzado a perseguirlos. Los colaboradores de la vicepresidenta desmienten la versión en estos términos: “Puede ser que algún pícaro quiera volverlos paranoicos. Nadie persigue a nadie. Además, Castagneto está desde hace días”. En el descargo, aprovechan a pasar una factura: “Durante la administración anterior se verificaron más de 50.000 intrusiones en los archivos de Cristina y de Máximo. Hasta hay una causa penal porque le iniciaron una investigación sin notificarla”. De todos modos, en el Poder Judicial hay una poderosa señal de alarma.

Los Moyano, que fueron a pedir una autorización al centro del poder, obtuvieron la misma respuesta: “Estamos concentrados en nuestros temas bonaerenses. Tenemos poco que ver con el problema”. La vicepresidenta considera que los costos del ajuste deben ser absorbidos por Massa. Ella no piensa que esté en Economía como candidato. Cree que es el ministro encargado de estabilizar. Es la primera diferencia entre ellos. La más grande.

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