Un fiscal se opone a sobreseer a Cristina Kirchner en el caso donde Lázaro Báez ya fue condenado por lavado de dinero
Guillermo Marijuan entiende que restan realizar medidas de prueba e investiga si es que hay relación patrimonial entre el empresario y la vicepresidenta
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LA NACION
El fiscal federal Guillermo Marijuan opinó hoy que no corresponde sobreseer a Cristina Kirchner en la causa de “la ruta del dinero K”, donde el empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión, porque aún restan realizar medidas de prueba.
“Se encuentran pendientes de producción medidas de prueba solicitadas por esta Fiscalía que se estiman conducentes y fundamentales a los fines de dirimir la responsabilidad penal de la nombrada en relación a los hechos por los cuales se encuentra imputada”, sostuvo el fiscal en un escrito.
Marijuan había imputado a Cristina Kirchner en esta causa para que se investigue si es que existe relación entre el patrimonio de Lázaro Báez y el de la vicepresidenta. El juez federal Sebastián Casanello realizó medidas de prueba en ese sentido y dispuso su falta de mérito.
La Cámara Federal viene insistiendo en que se ahonde la investigación y el fiscal nuevamente le dio vista a todos los acusadores para determinar si correspondía sobreseer el caso. Pero la fiscalía entendió que aun restaban medidas para realizar.
En cambio, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, que fueron querellantes, consideraron que ya no hay más medidas de prueba para producir en la causa. Ambos organismos hicieron sus presentaciones ante el juzgado de Casanello, en respuesta a un pedido de Cristina Kirchner para que sea sobreseída.
Lavado de dinero
El expediente que investigó las maniobras de lavado de dinero de Lázaro Báez y su entorno acreditó las responsabilidades y se dictaron condenas de hasta doce años de prisión. Pero queda en instrucción una parte de la causa en la que se busca determinar si existió participación de Cristina Kirchner en las maniobras de lavado de Báez. Hasta ahora, las pruebas recabadas por la Justicia no verificaron esa imputación, y la Cámara Federal instó el año pasado al juez Casanello a resolver la situación procesal de la vicepresidenta. Entonces se ordenaron nuevas medidas.
Las medidas en curso son declaraciones testimoniales a todos los empleados y gerentes del Banco de Santa Cruz, que trabajaron con Lázaro Báez. Ya fueron tomadas y sus respuestas fueron infructuosas por el paso del tiempo transcurrido. También hay pendiente un entrecruzamiento de llamadas en curso sobre los teléfonos cercanos a Cristina Kirchner y personas del Grupo Báez.
Asimismo hay pendiente un pedido de colaboración con Estados Unidos acerca de si una persona de la embajada de los Estados Unidos alertó a la vicepresidenta de que Báez estaba haciendo operaciones por montos elevados en euros en el mercado Blue, como lo había mencionado Leonardo Fariña.
La Justicia busca si hay una relación, negada por ambos. Casanello ordenó esas medidas el 2 de noviembre pasado, y hace dos semanas la defensa de la vicepresidenta pidió que esas medidas fueran anuladas y que le dictaran el sobreseimiento.
El escrito cuestionó el avance del caso pero también el rol de los organismos del Estado querellantes en el expediente durante el gobierno de Mauricio Macri: la UIF, la AFIP y la Oficina Anticorrupción (OA). Esta última desistió de ese rol después del cambio de gobierno.
A partir de ese planteo, el juez pidió opinión a las querellas y al fiscal, que se pronunció por seguir investigando.
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