Un fiscal pidió que se investigue por dádivas a Insaurralde y a una empresa contratista que le facilitaba una camioneta
Mientras la firma gestionaba una obra municipal, ponía un vehículo a disposición del entonces intendente; una exfuncionaria de la UIF aportó documentos y sugirió pedir informes internacionales
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El fiscal federal Sergio Mola, que impulsa la causa por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde, pidió que se investigue al exintendente de Lomas de Zamora por coimas junto con una empresa contratista de la comuna que le facilitaba a Insaurralde una camioneta Hyundai 258 H1, que luego fue comprada por el municipio.
Se trata de ahondar en la relación de Insaurralde con la empresa EMA S.A. El 21 de diciembre de 2011, la firma autorizó al exintendente a conducir un vehículo Hyundai, modelo 258 H1, patente KTB665. Pero tres meses más tarde, el 29 de marzo de 2012, ese vehículo fue comprado por la Municipalidad de Lomas de Zamora, la que también le extendió, en esa misma fecha, una autorización para circular a favor de Insaurralde. La autorización aún está vigente, pese a que Insaurralde dejó la Intendencia en diciembre de 2023 y, en rigor, se había tomado licencia del cargo desde 2021, cuando asumió como jefe de Gabinete de Axel Kicillof, por impulso de Cristina y Máximo Kirchner.
Las empresas EMA SA y Servilum, dijo el fiscal, según surge de bases de datos comerciales abiertas, formaron el día 20 de abril de 2011 una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para presentarse en una licitación pública para pavimentar el Camino de la Ribera en Lomas de Zamora. Se trató de la licitación Pública N°21/11.
“De este modo, la concesión de una autorización para conducir un vehículo a favor del entonces intendente del Municipio de Lomas de Zamora por parte de una empresa que, contemporáneamente, aspiraba a ser adjudicataria de una contratación pública por parte de ese Municipio, es pasible de configurar un supuesto de entrega y recepción de una dádiva a un funcionario público, subsumible en los delitos de cohecho activo y pasivo”, escribió el fiscal Mola en el documento al que accedió LA NACION, en el que pide investigar el caso.
Asimismo, dijo que la posterior transferencia de ese mismo vehículo al dominio del Municipio de Lomas de Zamora, que a su vez, también extendió autorización para conducirlo a favor del entonces intendente podría configurar los mismos delitos.
Allegados a Insaurralde dijeron a LA NACION que no hay ninguna irregularidad y que es habitual que en los pliegos de licitación se incorpore un vehículo para inspeccionar la obra, que luego queda para el municipio. Señalaron que la camioneta Hyundai está afectada a tareas de la municipalidad y que actualmente se la utiliza para actividades de la comuna.
La decisión del fiscal Mola, que pidió extraer testimonios para que un fiscal bonaerense investigue el asunto, ya que no se trataría de un asunto federal, se conoció el mismo día en que declaró como testigo en el expediente María Eugenia Talerico, que fue la número dos de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante el macrismo.
La exfuncionaria aportó información sobre obras en la jurisdicción y sugirió pedir informes internacionales y otras medidas de prueba orientadas a investigar el delito de lavado de dinero. Insaurralde y su exesposa Jesica Cirio están siendo investigados por este delito desde el año pasado, cuando trascendieron las fotos del exfuncionario con la modelo Sofía Clerici navegando en el yate Bandido por el Mediterráneo.
Talerico dijo que se podría pedir informes mediante la red Egmont, que reúne a todas las UIF del mundo, a los países donde se estableció que viajó el intendente, con su esposa y con su amiga, mediante datos de Migraciones.
Asimismo, Talerico aportó un sobre de papel que dijo que recibió en su casa, que contiene 14 páginas de documentación y tres cuadros sobre obras realizadas en la municipalidad de Lomas de Zamora que serían irregulares, dijo.
Y recomendó, además, que la UIF elabore un informe de inteligencia financiera analizando los Reportes de Operaciones Sospechosas sobre las personas y las empresas investigadas en la causa. Sugirió recurrir a la Red de Recupero de Activos, que actúa con la intervención del Ministerio Público Fiscal, para solicitar otras informaciones.
En la investigación un informe de la procuraduría especializada en lavado de dinero (Procelac) estableció que a Insaurralde no le cierran las cuentas, ya que con su sueldo de funcionario, su único ingreso declarado, no pudo cubrir los numerosos viajes que realizó al exterior (a Estados Unidos y Europa) en los últimos años.
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