Un fiscal pidió que Daniel Scioli enfrente un juicio oral por supuestos actos de corrupción

En las horas previas a la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el intento de golpe de Estado en Brasil, el embajador argentino ante ese país, Daniel Scioli, cosechó un inesperado traspié judicial. Ocurrió en La Plata, casi 3000 kilómetros al sur de Brasilia, cuando el fiscal Álvaro Garganta pidió que enfrente un juicio oral por presuntos actos de corrupción que habría cometido cuando era gobernador y que se investigan desde 2016.

El pedido de elevación a juicio alcanzó también a su entonces jefe de Gabinete, Alberto Pérez, a los exministros de Salud y Desarrollo Social bonaerenses, Alejandro Collia y Eduardo Aparicio, y a los extitulares de IOMA y Aguas Bonaerenses (ABSA), Antonio La Scaleia y Guillermo Scarcella, además de cuatro decenas de exfuncionarios y empleados públicos y contratistas del Estado, varios de ellos socios o íntimos de los acusados.

La petición de Garganta, sin embargo, sorprendió en los tribunales de La Plata, donde varias defensas no fueron notificadas aún de su dictamen de 453 fojas, mientras otras evalúan denunciarlo por presunto prevaricato. Es decir, haber redactado un dictamen que sería arbitrario, a sabiendas de que lo es.

De prosperar la petición de Garganta -quien desde hace años está a cargo de la investigación-, Scioli debería sentarse en el banquillo frente a un tribunal oral. Lo acusó de instigar presuntas negociaciones incompatibles con la función pública de varios de sus colaboradores, como también de traficar supuestas influencias en perjuicio de las arcas bonaerenses e incumplir con sus propios deberes como funcionario.

Consultados por LA NACION, junto a Scioli le adjudicaron una motivación política a Garganta, tanto por su presunta cercanía con Elisa Carrió, quien radicó la denuncia inicial, como por el momento en que el fiscal volvió a la carga. “No es casual que lo haya hecho cuando vuelve a sonar el nombre de Daniel para competir por la Presidencia de la Nación o la gobernación de Buenos Aires”, indicó uno de sus colaboradores.

El planteo de Garganta afronta algunos escollos, que él mismo anticipó en su dictamen. Dijo que no pudo establecer “ni cómo, ni dónde el exgobernador” habría influido sobre sus colaboradores para que delinquieran. “Si bien puede establecerse cuándo (entre los años 2011 a 2015), no puede esta instrucción probar si la determinación se produjo por medio de una charla personal, a través de un chat de WhatsApp y/o Telegram, en el interior de una oficina y/o tomando un café en un bar”, admitió, por lo que se apoyó en “prueba indiciaria”.

La petición del fiscal quedará en manos del juez de garantías Agustín Crispo cuando reabran los tribunales, en febrero. El magistrado ya anuló el primer pedido de elevación a juicio que presentó Garganta en julio pasado, en durísimos términos. Sostuvo que su dictamen carecía de “pilares fundamentales”, que no tenía “concatenación o itinerario lógico y/o elementos” y que “los hechos imputados resulta[ban] claros, ni circunstanciados”.

“Si [Garganta] ha dicho quién, no se dijo el cómo; si se dijo el cómo, habría solo someras referencias de quién, y si se dijo quién y cómo, hay ausencia de una derivación lógica y razonada apoyada en elementos probatorios que habiliten su estudio”, concluyó Crispo al anular el primer pedido de elevación. En otras palabras, que Garganta había planteado acusaciones imprecisas, basadas en afirmaciones sin sustento.

En esa misma resolución, el juez llegó a redactar una sugerencia inusual en este tipo de instancias. Le indicó al fiscal que en sus siguientes dictámenes escribiera de un modo “que permita la comprensión de los hechos materia de investigación e imputación”. Solo de ese modo, le anticipó, evitaría “nuevos planteos nulificantes”.

Tras esa resolución, Garganta apeló. Planteó que Crispo le había adjudicado “supuestas irregularidades que, en rigor de verdad constituyen pruritos formales basados en opiniones subjetivas”, que no afectaban la esencia misma de su acusación contra Scioli y los demás acusados, por lo que correspondía avanzar hacia el juicio oral.

La Cámara de Apelaciones, sin embargo, confirmó la nulidad de su primer pedido de elevación a juicio oral. El 26 de agosto, con el voto clave de Raúl Dalto, le recordó a Garganta que regía el “cumplimiento inexorable de la ley” y que no se trataba de un simple “rigorismo formal”, sino que debía llevar adelante una investigación como fiscal que respetara el Estado de Derecho y el derecho de cada imputado a saber con precisión de qué debía defenderse.

“Me resulta inentendible que, si se debe velar por el orden social, por el orden público, por el correcto funcionamiento de las instituciones básicas de la Nación -remarcó Dalto- se pretenda, como aduce [el fiscal Garganta], que algunas omisiones deban inferirse, o que las mismas tengan que ser entendidas dentro de un contexto global.”

Replanteo y nuevo dictamen

Tras ese fallo, Garganta debió replantearse los pasos a seguir, con dos factores insoslayables. Por un lado, afronta un juicio político por su cuestionado proceder en la investigación de un cuádruple crimen ocurrido en La Plata. Por el otro, él mismo había planteado en la pesquisa sobre Scioli que había dado por cerrada la investigación, por lo que no podía requerir nuevas pruebas. Así, debió rearmar su acusación con lo que había en el expediente, pero de un modo que el juez Crispo sí lo convalide. Cuatro meses después, presentó su segundo dictamen.

A las 13.45 del miércoles 28 de diciembre, pasados 15 minutos desde el cierre de las puertas de los tribunales, Garganta reiteró su pedido para que Scioli afronte un juicio oral, al igual que Pérez, Scarcella, Collia, La Scaleia y Passo.

La Fiscalía también acusó a exfuncionarios de Salud bonaerense -Gerardo Pérez, Ana Priolo, Matías Alcalde-, de IOMA -Cecilia Passo, Humberto Pumo, Daniel Burgos, Emilia Osorio, Soledad Cascallares, Celeste Celle, Patricia Nisembaum, Luis Angel Pérez, Jorge Giordano, Gustavo Fernando Seva, y Romero Pelayo, entre otros-, además de funcionarios y empleados del Ministerio de Infraestructura y la Contaduría General de la Provincia.

La acusación abarca también al empresario Ricardo Miller, a quienes sindican como “el Lázaro Báez de Scioli” –ganó todas las licitaciones a las que se presentó entre 2012 y 2015, remarcó Garganta, cuando nunca había hecho una obra pública hasta que Scioli gobernó la provincia-, a Pablo Damián Elías –socio comercial de Scarcella-, Daniel Osvaldo Robert, Juan Carlos Mancinelli, Marcelo Beneyte y Pablo Fontanari, entre otros.

A ellos se sumaron otros acusados, como el entonces subsecretario administrativo Walter Carbone, al que la Justicia le detectó cajas fuertes escondidas detrás de una obra de arte y de una escultura con forma dragón en el jardín de su casa del country Abril. Fue, según reconstryó Garganta, el receptor de decenas de facturas cuyo pago, en efectivo, autorizó Alberto Pérez.

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