Un fiscal pidió anular una parte de la reforma jubilatoria
Un fiscal pidió que sea declarado inconstitucional el aspecto retroactivo de la reforma previsional que impulsó el Gobierno. Lo hizo al expedirse en cinco expedientes con pedidos de amparos de jubilados que pretenden recuperar la vieja fórmula de movilidad.
El fiscal de la Seguridad Social Gabriel de Vedia manifestó ayer, en cada uno de los amparos, que resulta contrario a la Constitución nacional el "empalme" propuesto por la gestión de Mauricio Macri tras la sanción de la ley 27.462, que cambió el modo de calcular las jubilaciones.
La reforma previsional dispuso que la primera actualización en base a la nueva fórmula se haga efectiva a partir del 1° de marzo de 2018, según la variación del Índice de Precios del Indec para el tercer trimestre de 2017. "Esta nueva ley derogaría en forma retroactiva la ley de movilidad que para ese entonces [2017] estaba vigente, por lo que también se produce una desaparición del derecho adquirido", señaló De Vedia en sus escritos.
Frente a ese problema de empalme, el Gobierno había firmado el decreto 1058/2017, que otorgó un subsidio extraordinario a las jubilaciones inferiores a $10.000. Para el fiscal, sin embargo, "el nombrado empalme no surte el efecto de evitar la desvalorización de los beneficios en razón del brusco cambio de fórmula".
De Vedia, sin embargo, rechazó la pretensión de los jubilados para que la ley 27.462, en su totalidad, sea declarada inconstitucional. "Si el cálculo correspondiente al mes de junio de 2018 arrojó un incremento inferior al que surgiría de la normativa anterior, la diferencia por sí sola no permitiría tornarla en violatoria del principio de progresividad", señaló. Agregó que "no existe demostración concreta que descarte que la aplicación del nuevo mecanismo no pueda arrojar un resultado más beneficioso que la anterior fórmula".
Los cinco amparos sobre los que se pronunció habían recaído en el Juzgado de la Seguridad Social 4°, a cargo de Ana María Rojas, que ahora deberá pronunciarse. En otro caso similar, donde la Cámara Federal confirmó la inconstitucionalidad del aspecto retroactivo de la ley, el Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte, para que revise la sentencia.
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