Un fiscal pide levantar el secreto fiscal para saber si se cometieron delitos con los planes sociales

Avanza la investigación sobre los planes sociales. El fiscal federal Eduardo Taiano requirió a la Justicia que disponga el levantamiento del secreto fiscal para que el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, entregue el informe “reservado, original y completo” que expuso posibles irregularidades y delitos en cientos de miles de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Taiano requirió además que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, entregue todas las actuaciones administrativas que hayan tramitado o tramiten bajo su órbita a partir de ese informe que le remitió la AFIP, como también aporte precisiones sobre las normas, los procedimientos y controles que regulan el Potenciar Trabajo.

El juez federal Julián Ercolini, quien subroga el Juzgado que quedó vacante desde la muerte de su colega Claudio Bonadio, deberá evaluar si da curso al pedido del fiscal Taiano, que también reclamó que el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, detalle “qué medidas” adoptó la entidad para evitar que los beneficiarios de planes sociales compren dólares.

El fiscal Taiano solicitó esas medidas dentro de la investigación que comenzó con una denuncia del diputado nacional del PRO, Waldo Wolf, luego de que saliera a la luz que la AFIP le informó al Ministerio de Desarrollo Social sobre presuntas incompatibilidades detectadas entre cientos de miles de beneficiarios del Potenciar Trabajo.

A esa primera denuncia del diputado Wolf se sumó, poco después, la presentación del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien requirió la apertura de una causa penal tras completar una investigación preliminar con las atribuciones legales del Ministerio Público Fiscal.

Con el ministerio en la mira

Marijuan decidió, no obstante, avanzar con otras medidas preliminares dentro de su Fiscalía, ante la posibilidad de que el Ministerio de Desarrollo Social decida avanzar durante las próximas semanas con el pago de planes sociales que podrían registrar incompatibilidades, con la consiguiente erogación de fondos públicos.

Por ese motivo, dispuso citar de manera urgente al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y a las directoras de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo y del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys).

El viernes, Tolosa Paz buscó aplacar el incendio. Anunció que bajarían 2243 planes porque sus titulares usaron el dinero para comprar dólares o registraron altos consumos en dólares con tarjeta de crédito, pero defendió el programa: “Al 99,7 por ciento de los que están hoy en el Potenciar Trabajo les corresponde este ingreso. Solo en el 0,3 ciento de los casos hemos encontrado incompatibilidades y vamos a ser inflexibles”.

Según el informe de la AFIP, más de 250.000 beneficiarios arrastrarían incompatibilidades que deberían excluirlos del Potenciar Trabajo, con el consiguiente ahorro para el fisco de $7000 millones cada mes. Allí radica uno de los focos que divide al kirchnerismo duro con el Movimiento Evita.

Pero desde la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, que lidera Emilio Pérsico, rechazan el informe de la AFIP. “Mezcla peras con manzanas”, indicaron a LA NACION. Lo mismo que algunos medios de comunicación”, dijeron, lo que precisaron con ejemplos. “Dicen que más de 250.000 compañeros tributan bienes personales. Si fuera así, una de cada cuatro personas que paga Bienes Personales en la Argentina tendría un plan social. No tiene sentido”, indicaron junto a Pérsico. “Lo que sí puede ser es que haya 250.000 compañeros que tengan un bien, como una motito, lo cual no impide cobrar el plan, del mismo modo que la AFIP alude al dueño de una ‘embarcación’ que en realidad es una canoa de 6 metros de largo que usa para pescar”.

El contrapunto alrededor del plan Potenciar Trabajo ocurre, en cualquier caso, a contrarreloj. El próximo pago debería concretarse el lunes 5, según indicaron a LA NACION desde el Ministerio, cuando casi 1,4 millón de beneficiarios deberían cobrar $27.225 cada uno, más un plus de $5000 para quienes colaboran en comedores y merenderos. Es decir, un total que supera los $37.700 millones.

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