Un fiscal pide informes sobre el financiamiento de Cambiemos

El fiscal Ramiro González impulsó la investigación judicial para esclarecer si en 2015 hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de Mauricio Macri y le pidió al juez Ariel Lijo que ordene una serie de medidas.

En el dictamen, González pidió que se revisen las maniobras reveladas a partir de la investigación del periodista Juan Amorín en el sitio El Destape.

Según el dictamen "tales maniobras consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias 'en negro' durante la referida campaña electoral, como así también el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo de esa ciudad, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis - con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015".

La investigación preliminar la había llevado adelante el fiscal electoral Jorge Di Lello , quien requirió a la jueza electoral María Servini de Cubría que se investigara el financiamiento de la campaña de Cambiemos. Entonces Servini mandó a sorteo la causa y recayó en el juzgado de Lijo. Amorín declaró como testigo y su testimonio es uno de los elementos considerados por Di Lello, y ahora por González.

La publicación periodística que consideró el fiscal Di Lello en la investigación preliminar consta de mails del equipo de campaña de Cambiemos, en los que se hacía referencia a dinero negro y a la utilización de dinero estatal.

Las publicaciones, que se titularon "Peña Leaks", exponían operatorias irregulares, especialmente en el pago a proveedores para el armado de una serie de actos de campaña en Córdoba, en Humahuaca y en Costa Salguero.

Según el dictamen, "Amorín explicó que habían podido detectar referencias a pagos en efectivo a proveedores de la campaña presidencial relativa al año 2015 relacionados con distintos actos de Mauricio Macri en diferentes puntos del país, los cuales -al compararlos con el informe de campaña presentado en la Justicia Electoral- se conoció que la mayoría de los gastos a los que se hacía referencia no estaban rendidos o lo estaban por un importe menor. Además, refirió que tuvo acceso a mails y planillas de Excel relativos a diferentes proveedores en los que se podían observar llamativas citas tales como "IVA si corresponde", "pagos cash", etc."

El fiscal pidió al juez Lijo que le ordene a la Justicia Nacional Electoral los balances en los que consten los estados contables relativos a los gastos de campaña electoral del año 2015 correspondientes a Cambiemos, y que se le solicite a la Inspección General de Justicia (IGJ) la composición accionaria de tres empresas que fueron proveedoras durante la campaña. Se trata de las firmas CHK Servicios Audiovisuales SRL, CAP Publicidad SRL y Televaz. Estas empresas fueron proveedoras de sonido para los actos, y de kits de merchandising como lapiceras, globos, sombrillas y banderas.

El fiscal Ramiro González también pidió solicitar a varias áreas del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informar si De Andreis, Luis Navarro, Josefina Liceda Rosasco, Ana Soro, Juan Martín De Estrada, Pia Arrigoni, María Alejandra Alberdi, Ezequiel Lucas Colombo, Leonardo Bellante, Marcos Di Santo, Daniel Tognella e Ileana Mangini "pertenecen o han pertenecido a tales administraciones desde 2015 a la actualidad, y en su caso, informen los puestos que ha ocupado y/o cargos que ha ejercido durante el mencionado período de tiempo".

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