Un fiscal de Casación apoya a Cristina para que la Corte revise la reapertura del caso del Pacto con Irán
Familiares de la víctimas del atentado a la AMIA se oponen; Javier de Luca ya venía sosteniendo que no había delito y que el memorándum era una decisión política no judiciable; la falta del voto de Figueroa, argumento clave
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El fiscal ante la Cámara de Casación Javier de Luca se pronunció en favor de conceder el recurso extraordinario de Cristina Kirchner y otros acusados para que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión de reabrir la causa por la firma del Pacto con Irán y juzgar a la vicepresidenta. En cambio, la querella, integrada por familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, se opuso a que se conceda ese recurso.
Ahora serán los jueces de la Cámara de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Javier Carbajo los que decidan si hacen o no lugar al recurso. Si lo rechazan, de todos modos Cristina Kirchner puede acudir con su reclamo a la Corte mediante un recurso de queja.
El fiscal De Luca viene sosteniendo desde hace años, desde sus primeras intervenciones en esta causa, que no había delito en la firma del pacto con Irán, pues se trataba de un acuerdo internacional firmado entre dos Estados y que fue refrendado por el Congreso.
Además, De Luca sostiene que se trata de una cuestión política, no judiciable. Este argumento lo reiteró ahora y agregó que, a pesar de que el recurso no va contra una sentencia definitiva, corresponde concederlo por los asuntos de gravedad institucional que involucra.
Otros acusados, como Carlos Zannini, Andrés Larroque, Angelina Abbona u Oscar Parrilli, plantearon similares argumentos, que tuvieron el apoyo del fiscal.
Cristina Kirchner dijo que debía aceptarse su recurso extraordinario porque se la privó del voto de la tercera jueza, Ana María Figueroa. Fueron los jueces Barroetaveña y Petrone los que votaron por revocar su absolución y mandarla a juicio oral por la firma del Pacto con Irán. Figueroa no votó porque había cumplido 75 años sin acuerdo del Senado y la Corte la dejó cesante. Pero luego el Senado le dio acuerdo, el Presidente la nombró, pero ella nunca retornó a su despacho.
Ahora De Luca recoge ese argumento de Cristina Kirchner, que también esgrimen Parrilli, Larroque o Zannini. Dijo el fiscal que las sentencias de los tribunales revisores deben ser firmadas por tres jueces más experimentados y sabios que los del tribunal inferior. Y citando un precedente de la Corte, dijo que el máximo tribunal debe analizar este asunto.
Si bien la ley permite que dos jueces firmen un fallo si su voto es coincidente, De Luca dijo que desde diciembre de 2022 el tribunal con tres jueces pudo haber dictado un fallo y que, sin Figueroa, debieron haber llamado a un tercer juez, para deliberar y decidir. Por eso entendió que Cristina Kirchner “ha planteado una grave cuestión federal que requiere su tratamiento por la Corte Suprema”.
La voz de los familiares de las víctimas
En contra de admitir el recurso extraordinario se pronunció el abogado Tomas Farini Duggan, que representa a familiares de víctimas de las AMIA. Dijo que “las defensas tildan de arbitraria toda valoración y decisión contraria a sus intereses” y que “no explican adecuadamente (esto es, de manera clara y suficientemente fundada), por qué razón la resolución resultaría arbitraria”.
Entendió que los motivos son solo aparentes porque la “inexistencia de cuestión federal” o “los agravios” presentados “no son más que opiniones contrarias a los argumentos empleados en el fallo” y por la “inexistencia de una sentencia definitiva”.
La Cámara de Casación indicó que la vicepresidenta debe ser juzgada por su presunta participación para beneficiar a los sospechosos iraníes prófugos que volaron el edificio de la AMIA en 1994, en un ataque terrorista que dejó 85 muertos. El jueves sorteará a los jueces que deben hacer ese proceso.
Además de Cristina Kirchner, serán juzgados Eduardo Antonio Zuaín, Carlos Alberto Zannini, Oscar Isidro Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.
Esta causa se inició por la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto de un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero cuatro días después de efectuar esa presentación.
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