Un fiscal asegura que se usarán en la Justicia los testimonios periodísticos de Videla

"Se asesinó a 7000 u 8000 personas para no provocar protestas dentro y fuera del país". Afirmaciones como esa, que Jorge Rafael Videla pronunció en varias entrevistas periodísticas en los últimos meses, serán llevadas a la Justicia como material probatorio de delitos de lesa humanidad en las causas que se investigaba al ex dictador, fallecido ayer en el penal de Marcos Paz.

Aunque es obvio que Videla ya no podrá ser acusado, sus dichos a la prensa podrían sumar pruebas contra otros imputados, según señaló hoy el fiscal de la causa Plan Cóndor, Pablo Ouviña, que investiga una operación criminal orquestada por las dictaduras de América latina en la década del 70 para asesinar y hacer desaparecer opositores políticos.

Hasta ayer, Videla era el principal acusado en dicho proceso, que se desarrolla actualmente en el Tribunal Oral Federal N° 1. Ante los magistrados, el símbolo de la última dictadura militar había declarado el miércoles pasado para denunciar que se trataba de un "preso político" y desconocer al tribunal civil que lo juzgaba. "No tiene sentido hacer una defensa en el marco de una Justicia vaciada de derecho", había dicho, con su salud visiblemente desmejorada.

El fiscal Ouviña reconoció que con la muerte del represor el juicio "no será lo mismo" pero adelantó que se tomarán en cuenta las entrevistas, aunque abundó: "No es lo mismo que una declaración indagatoria".

"Las manifestaciones públicas se van a utilizar en el juicio. Todo se puede utilizar, después los jueces van a asignarle valor", explicó. "Ya no tenemos capacidad para seguir juzgándolo", señaló Ouviña, al tiempo que lamentó que hasta en sus últimas horas se haya negado a declarar.

"Lo que se ha muerto con Videla es un poquito de esperanza. Por todas las cosas que no dijo y que pudo haber dicho. Mi esperanza era que en algún momento lo hiciese", indicó el fiscal en diálogo con Radio América. Ouviñas sostuvo que lo que dificulta el acceso a información fundamental en la causa es el "pacto de silencio" que existe entre los involucrados "desde el momento mismo en que se inició la represión".

En el mismo sentido se había pronunciado hoy León Arslanian, quien integró el tribunal que enjuició a la Junta Militar en 1985. "Se llevó a la tumba secretos sobre cada una de las operaciones y el destino de las personas desaparecidas", dijo el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

En el penal federal de Marcos Paz, Videla cumplía la condena que se le impuso en 1985 en el juicio a las juntas. En diciembre de 2010, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba lo condenó a prisión perpetua por el fusilamiento de 31 presos políticos detenidos en la Unidad Penitenciaria N° 1. En julio pasado, el Tribunal Oral Federal N° 6 lo condenó por idear y ejecutar un plan sistemático y generalizado para robar y ocultar bebes nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar. El tribunal le dictó una pena a 50 años de prisión y unificó las sentencias anteriores en una pena única de reclusión perpetua.

En abril del año pasado, cuando se publicó el libro Disposición final, del periodista Ceferino Reato, Videla reconoció lo que nunca había admitido en los juicios por su responsabilidad al frente del gobierno de facto. La mayoría de las veces, en los juicios se negó a declarar. En los diálogos con el periodista el ex dictador contó cómo se resolvió que los cadáveres fueran eliminados.

"Para no provocar protestas dentro y fuera del país, sobre la marcha se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera", dijo. Y añadió: "Cada desaparición puede ser entendida, ciertamente, como el enmascaramiento de una muerte".

"No había otra solución. Estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta", relató el ex jefe militar.

Videla tenía otros seis juicios orales que enfrentar en el futuro próximo, entre ellos una megacausa de más de 550 víctimas en el área del I Cuerpo del Ejército, en la que era el único imputado. Por otra parte, estaba procesado en una veintena de causas en Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Mendoza, Rosario, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán y La Rioja.

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